El país tiene un gran potencial de desarrollo, aunque advierten que las empresas soportan cargas administrativas bastante pesadas.

Desde el año 2003, la economía uruguaya creció de forma constante y también lo hizo la inversión en diferentes sectores de la economía. Numerosas y variadas han sido las medidas adoptadas por los gobiernos para potenciar el desarrollo de nuestro país, consolidándolo como un lugar preferible en la región para la realización de negocios y radicación de inversiones de forma segura y rentable.

Según la publicación Paying Taxes 2016 (1) - estudio realizado por el Banco Mundial y PwC -, nuestro país ocupa el puesto 130 a nivel mundial (quinto lugar en Sudamérica después de Chile, Perú, Surinam y Paraguay) en el ranking que mide la facilidad en el pago de tributos de las empresas. La construcción de ese indicador se realiza a través del análisis de: (i) el tiempo necesario para cumplir las obligaciones fiscales; (ii) la cantidad de pagos requeridos; y (iii) la tasa global de imposición.

Si analizamos el estudio de forma histórica a nivel local, como ocurre en el resto del mundo, en Uruguay también se observa una tendencia decreciente en todos los indicadores, redundando en una mejora en la facilidad para hacer negocios en nuestro país.

Cabe destacar que los cambios introducidos al sistema tributario desde la conocida reforma del 2007, han sido un impulso para la mejora de tales indicadores. Si miramos la realidad en perspectiva y fuera del fragor del día a día, podemos afirmar que gradualmente se tendió a simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales. Hay hoy disponible una mayor cantidad de procedimientos automatizados, tales como la registración, solicitud de información, y el propio pago de los tributos. La asistencia por parte del Fisco se ha visto incrementada tanto online como de forma presencial para los contribuyentes y, por tanto, no es de extrañar que su número haya aumentado un 16% desde la implementación de los cambios antes mencionados.

La continua introducción de tecnología y la concomitante eliminación de procedimientos manuales han provocado también un impacto positivo. El último y más emblemático hito en tal sentido, ha sido la introducción del régimen de Facturación Electrónica, en el cual los diferentes contribuyentes han sido progresivamente incorporados desde el lanzamiento de esta iniciativa allá por el año 2011.

La cantidad, calidad y oportunidad de la información recibida por la DGI se ha visto incrementada como consecuencia de este régimen, permitiendo así un mayor y mejor control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El uso de la Facturación Electrónica se inserta en el contexto del desarrollo del Gobierno Electrónico (e-government) en nuestro país, proceso en el cual Uruguay está inserto y que se ha visto incrementado sustantivamente en esta última década.

También la Ley de Inclusión Financiera, con vigencia gradual desde el año 2014, juega un rol relevante en la formalización de la economía. Hoy vemos una nueva regulación en materia de dinero electrónico y obligaciones para empresas e individuos en la ejecución de transacciones a través del sistema bancario.

Más allá de estos cambios de formas y procedimientos, en esta última década el sector agropecuario ha tenido más deberes y menos vacaciones. Así es que se eliminaron gradualmente algunas exoneraciones (tales como el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto de Primaria), las que sí se mantuvieron para los pequeños productores individuales. Asimismo, se destaca la introducción de una sobretasa del impuesto aplicable al patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias - cuya recaudación será destinada a la mejora de la infraestructura vial, lo que se espera redunde finalmente en mayores beneficios para el sector -.

Al margen de coyunturas y realidades sectoriales, como consecuencia de la transición a estructuras fiscales más modernas y eficientes, puede esperarse una mayor reducción de la informalidad de la economía, considerando las señales positivas que se han visto hasta ahora. A modo de ejemplo, la evolución en materia de recaudación de IVA (que sigue siendo la principal fuente de ingresos fiscales en Uruguay) muestra una relevante reducción de la tasa de evasión, pasando de 30% en 2006 a 10% en 2014.

Hecho este resumen, nos queda la responsabilidad de plantear que aún hay espacio para mejoras. El país tiene un gran potencial de desarrollo. Pero no podemos perder de vista que los deberes que se le piden a las medianas y grandes empresas, a veces pueden resultar una carga administrativa bastante pesada. Se corre el riesgo de distraer al empresario de su tarea central: generar valor. Como todo, lo más difícil es lograr un adecuado equilibrio. Pero no por compleja abandonemos la tarea. No renunciemos a dos máximas básicas de la reforma de la década pasada: más simplificación; más racionalización.

(1) https://www.pwc.com/payingtaxes

espacio pwcEliana Sartori
Asesoramiento Tributario y Legal, PwC Uruguay
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Rafael Monzó
Asesoramiento Tributario y Legal, PwC Uruguay
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