¿Debe Apple violar la privacidad del usuario para ayudar a la investigación de un tiroteo en EE.UU.?

¿Qué significa ser una corporación que cumple con sus deberes cívicos? Esta es una de las preguntas clave ahora que Apple y el gobierno federal están luchando para ver si la empresa de tecnología debe ayudar al FBI a desbloquear un iPhone y tener acceso a los datos cifrados que, según los funcionarios, son necesarios en su investigación del tiroteo de San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas.

En un principio, Apple ayudó a la FBI pero ahora está rechazando un citatorio en el que se le requiere crear un software para abrir el teléfono, sosteniendo que su posición está dirigida a proteger la privacidad de sus clientes.

Aparte de la espesura de cuestiones legales planteadas por este caso, ¿Apple tiene la obligación moral de ayudar al gobierno a averiguar más sobre el ataque? ¿O tiene la obligación moral de proteger la privacidad de sus clientes? ¿Y qué hay de sus accionistas?

Timothy D. Cook, director general de Apple, ha alegado que cumplir con la orden judicial amenazaría «las libertades civiles de todos» y haría a los clientes más vulnerables a los delitos digitales. Y Cook no es el único. «Simpatizamos con Apple en este caso», declaró Mark Zuckerberg, director general de Facebook.

Apple ha sido blanco de duras críticas de funcionarios judiciales. «Antes había lo que se llama responsabilidad corporativa», dijo William J. Bratton, comisionado de policía de la Ciudad de Nueva York, refiriéndose a Apple. «Ahora es irresponsabilidad corporativa».

El debate es la ronda más reciente de una serie de cuestionamientos sobre el patriotismo de las empresas. Se ha criticado a las que renuncian a su ciudadanía estadounidense para irse a un país con impuestos más bajos. Otras, como Apple, enfrentaron críticas por resguardar sus ingresos en el extranjero.

Detrás de la preocupación de Cook hay otra amenaza, quizá más inmediata: la posibilidad de que, si Apple llegara a cumplir con la orden judicial, otros gobiernos sigan ese caso y le requirieran acceso para sus propios fines de investigación. Si Apple se rehusara a cumplir la solicitud de, digamos, el gobierno chino, se arriesgaría a quedar impedido de hacer negocios en China, su segundo mercado más grande después de EE.UU.

James Comey, director del FBI, dice que esta demanda presenta una cuestión legal estrecha y que lo que busca el gobierno está acotado a este caso. «El litigio de San Bernardino no trata de sentar precedente o enviar ningún tipo de mensaje», aseguró Comey. «No queremos romper el cifrado de nadie más ni dejar suelta una llave maestra en el país».

Pero otros funcionarios judiciales dan a entender que el conflicto con Apple se extiende más allá de San Bernardino. «Damas y caballeros, esto se ha convertido en el Salvaje Oeste de la tecnología», dijo Cyrus R. Vance Jr., fiscal de distrito de Manhattan. Mencionó al menos 175 teléfonos a los que su oficina no ha podido tener acceso y alegó que debería de tenerlo. «Apple y Google son sus propios alguaciles. No hay ninguna regla».

Para evitar una controversia más amplia para el largo plazo, tiene que haber una oportunidad de llegar a un consenso. En una declaración emitida el sábado 21, Comey lo dio a entender, mencionando la necesidad de resolver «la tensión entre dos valores que todos apreciamos: la privacidad y la seguridad». «Esa tensión no será resuelta por empresas que tienen la misión de vender cosas», aseguró. «Tampoco debe de ser resuelta por la FBI, que tiene la misión de investigar. Debe de ser resuelta por el pueblo de EE.UU., que debe decidir cómo quiere gobernarse en un mundo que nunca antes habíamos visto». (En base a The New York Times)

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