NEGOCIOS

El mercado para nuestros datos digitales podría parecer un trato disparejo. Todos creamos puntos valiosos de información cada vez que tocamos una pantalla o presionamos una tecla: clics, búsquedas, me gusta, publicaciones, compras y más. Los entregamos por voluntad propia a cambio de servicios gratuitos. Sin embargo, la ganancia económica más grande va para gigantes tecnológicos como Google y Facebook. Su riqueza se basa en cosechar y comercializar la información que proveen las multitudes online.

«Imagina si General Motors no pagara por su acero, su caucho o su vidrio: sus insumos», comentó Robert Shapiro, un economista que hace poco realizó un análisis sobre el valor de los datos. «Así pasa con las grandes empresas de Internet. Es un gran negocio».

No obstante, un conjunto de personas cada vez más grande busca maneras de alterar esto. Es un grupo dispar de académicos, economistas, tecnólogos y legisladores, cuyas posturas políticas van desde ser liberales moderadas hasta conservadoras en favor del libre mercado.

El mes pasado, Mark Warner, senador demócrata de Virginia, propuso, junto con otro senador, un proyecto de ley que exigiría que las grandes empresas de Internet informen de manera regular a sus usuarios sobre los datos personales que recaban y que divulguen su valor.

El 24 de julio, Facebook accedió a establecer nuevas capas de supervisión y a pagar una multa récord por las violaciones a la privacidad. También reconoció que está siendo investigada por la Comisión Federal de Comercio por cuestiones antimonopólicas. Además, el 23 de julio, el Departamento de Justicia mencionó que iba a comenzar a examinar el mercado de los gigantes del Internet para determinar si han buscado suprimir a la competencia.

No todo el mundo está de acuerdo con que sea un mal negocio para los consumidores que los servicios gratuitos se paguen con publicidad y datos.

Solo en EE.UU. se calculó que el beneficio al consumidor por tener servicios gratuitos de Internet superó los US$ 100.000 millones, de acuerdo con un artículo de 2012 cuyo coautor fue Erik Brynjolfsson, un economista de la Escuela de Administración Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Hasta ahora, la preocupación por la privacidad ha sido el objetivo principal del escrutinio. Pero la atención de los legisladores comienza a posarse en la concentración de la riqueza de datos en manos de pocas empresas.

Un objetivo de la legislación que presentaron el mes pasado Warner y el senador republicano de Misuri, Josh Hawley, es «que los consumidores tengan idea del valor de los datos que están dando», explicó Warner.

Calcular el valor de los datos personales es complicado; varía mucho dependiendo de los supuestos. El estudio reciente de la consultoría de Shapiro tomó en cuenta varios factores, entre ellos el declive en la eficiencia de la publicidad online cuando la gente opta por no participar en la recolección de datos.

El estudio calculó que el beneficio corporativo que produjo la recolección de datos personales de estadounidenses online —en especial para grandes empresas tecnológicas— fue de US$ 76.000 millones en 2018 y esa cantidad aumentará de forma drástica en el futuro.

Si el gobierno recaudara una cuota del 50% a las empresas que usan datos personales de estadounidenses, según Shapiro, podría generar una contribución significativa para reconstruir la infraestructura nacional o apoyar programas de seguridad social. Si se les pagara a los individuos, habría sido equivalente a un cheque de US$ 122 por persona el año pasado. El estudio corrió a cargo de Future Majority, un centro de investigación que trabaja para el Partido Demócrata.

La gente encargada de formular políticas está haciendo lo posible para encontrar la manera de que las acciones del gobierno y las fuerzas del mercado se empleen para controlar el poder de los gigantes tecnológicos que se alimentan de datos.

Esas medidas podrían abrir la puerta a una próspera comunidad de creadores de mercados de datos. Ya algunas startups están recolectando, asegurando y vendiendo datos personales de manera voluntaria, como Meeco y UBDI. Suelen emplear tecnología blockchain por seguridad y para controlar el acceso a la información. Aunque suenan muy prometedoras, hasta ahora son novatas, sin muchos usuarios ni datos.