Me comentaron que un integrante del equipo económico, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, habría dicho que el gobierno quiere llevar adelante una nueva reforma tributaria. Me parece algo tan necesario como sensato.

Como también me resulta sumamente interesante y procedente otra declaración de personas cercanas a la coalición que gobierna que proponen analizar mejoras en los resultados del gasto público. Si van en el sentido de reducir la presión fiscal y de hacer no solo más eficiente sino también eficaz al gasto público, las declaraciones de representantes del oficialismo son bienvenidas.

Sin embargo, al menos en el caso de una nueva reforma tributaria el objetivo no es liberar recursos para mejorar el ingreso disponible de la gente para gastar privadamente y en lo que se le antoje, sino para cubrir parcialmente el déficit de la gestión fiscal y aumentar el ya altísimo gasto público.

Nadie que analice el sistema tributario puede dudar, sentir o inferir, que es muy malo, injusto y solo comparable a los peores del mundo. Doble, triple y hasta múltiple tributación sobre bases imponibles iguales y a tasas sumamente altas —pues no todos tributan— son reflejo no solo de una muy inadecuada estructura tributaria sino asimismo, del deseo de gravar considerablemente más a quienes luego deben volver a pagar los servicios estatales a los que contribuyeron, pero que no se les brindan en la dimensión deseada. A partir de cierto nivel de ingreso una persona debe pagar el impuesto a la renta personal. Pero el ingreso se le vuelve a gravar al momento de realizar gastos con el IVA y el saldo que se pueda ahorrar y que conforma con el respaldo patrimonial con el que desea enfrentar los momentos en que su ingreso merma, debe tributar el gravamen sobre el patrimonio. Los componentes de la base imponible de este impuesto se usan parcialmente para el pago de otros gravámenes como el de primaria y otros por el estilo. Y además se vuelven a usar para tributar impuestos ya no nacionales sino municipales como la contribución inmobiliaria y la patente de rodados.

Coincido, el sistema tributario uruguayo necesita ser reformado. Pero darle una nueva forma no debe significar aumentar tasas de los actuales gravámenes ni introducir otros que utilicen aunque se disfracen, las mismas bases imponibles. La reforma debe sincerar cuasi tributos en tarifas públicas, reducir hasta eliminar la duplicación de bases imponibles, eliminar las exoneraciones tributarias que solo son justificables para sus beneficiarios y llevarse adelante con una condición sumamente necesaria: hacerla gradualmente y concomitantemente con la racionalización y ajuste del gasto público. Todo ello acompañado además, de una mayor simplificación de las liquidaciones impositivas para reducir el costo social involucrado: pérdidas de la sociedad por costo del tiempo que insumen, por costos explícitos que suponen y por intermediación en las transferencias de los tributos a la administración.

La racionalización y ajuste del gasto público que se debe llevar adelante con la reforma tributaria es condición necesaria, pues permitiría liberar montos de dinero que hoy se usan para gastos innecesarios, inconvenientes, ineficaces, ineficientes y duplicados, de modo de lograr así, una menor presión impositiva.

La reforma del gasto público para lograr su abatimiento concierne tanto al gasto de la administración central y del gobierno general como al de las empresas estatales, incluyendo hasta eventuales cierres de algunas sociedades anexas. Sociedades y empresas injustificadas desde el punto de vista productivo por su escasa competitividad, sus continuas pérdidas subsidiadas por ingresos de la matriz y por el sacrificio de los consumidores. Los ejemplos son abundantes. No se entiende justificable el crecimiento del número de funcionarios públicos en los últimos once años, durante una etapa de revolución de la informática que ahorra empleo de mano de obra. Tampoco es justificable la inamovilidad de los funcionarios públicos cualquiera sea su productividad y la contribución al servicio. No se entiende justificable mantener empresas estatales con déficit operativos permanentes.

También es condición necesaria para llevar adelante la reforma tributaria que contribuya a la expansión económica y al mayor bienestar de la población, que se realice al margen de la política, de los políticos y de sus allegados y por gente del exterior sin compromisos que puedan frenar sus propuestas o atenuarlas llegado el momento. Para demostrar que se puede llevar adelante una reforma más racional y menos injusta y un sensible abatimiento del gasto público que lo haga posible y sobre todo altamente probable es necesario que los actuales actores —legisladores y políticos— no sean quienes intenten resolver el problema. De ese modo las reformas estarían guiadas por criterios estrictamente técnicos y se evitarían excesos "electoralistas".

JORGE CAUMONT