OPINIón

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Desde esta tribuna me he referido en más de una oportunidad al tándem IRPF-IASS. Lo hice cada vez que se planteó su reducción, como propuesta electoral. Lo vuelvo a hacer ahora, cuando ya no se trata de una propuesta electoral sino de su próximo cumplimiento por parte del gobierno, que la planteó antes de las últimas elecciones como parte de su programa. Como ha trascendido, el año que viene se habrá de ajustar algunos parámetros de ambos impuestos de modo de “aflojar el bolsillo a la gente”, según ha dicho el presidente Lacalle Pou. Dicho sea de paso, la condición resolutoria de la decisión es el crecimiento superior al 3,8% del PIB en el año en curso, que todos asumimos como un hecho.

Lo primero que debo decir al respecto es que se trata de una medida que tiene legitimidad en su origen, y esto no es una cuestión menor. Está bien que los gobiernos cumplan con las propuestas que plantearon a los electores y que llevaron a éstos a ponerlos en lugar donde están. Sin embargo, eso no hace que una mala propuesta se vuelva buena, y de esto va a tratar el resto de mi columna de hoy.

Veamos algunos datos. En los 12 meses finalizados en junio, el producido de ambos impuestos alcanzó a US$ 2.233 millones (que lo expreso en dólares y no en pesos, malgré el BCU, para que se entienda). Eso significa el 17,9% de la recaudación total bruta de la DGI, fracción sólo superada por el IVA, que aportó el 47,6% de la recaudación en el mismo lapso. Por otra parte, en 2008, a poco de su entrada en vigencia, representaba el 11% de la recaudación total, por lo que a lo largo de estos casi 14 años, su peso relativo subió y ello ocurrió principalmente por sucesivos ajustes de sus parámetros (como es el caso de sus tasas progresionales), que lo hicieron rendir más.

Otro asunto relevante vinculado con esta medida es estrictamente fiscal. Es notorio que todavía hay un déficit en las finanzas públicas y perspectivas económicas inciertas, que no permiten disponer alegremente de reducciones tributarias. Además, la ministra de Finanzas, que ha venido realizando una buena tarea, lo sabe e imagino que no lo permitiría. Por lo que cabe presumir que esas reducciones tributarias serán compensadas de algún modo. Si tuviera que apostar, diría que ello se podría dar por la reducción de algunas exoneraciones o beneficios tributarios vigentes en sectores que gozan de una discutible tributación diferencial.

Ahora vayamos al grano. Siempre he sostenido que, en materia fiscal, hay que buscar, para cada instrumento, aquel objetivo que mejor atienda. En el caso de los impuestos, ese objetivo no puede ser otro que el de recaudar lo más posible y con las menores distorsiones que sea posible. Es decir, impuestos neutrales en la asignación de recursos, generales, sin excepciones, y sencillos de recaudar y controlar, como es el caso paradigmático de un IVA general y sin tasas diferenciales.

¿Y la equidad? Para atender el propósito de equidad nada mejor que el gasto público, que debe ser focalizado en las poblaciones objetivo de modo de asignar los recursos obtenidos mediante impuestos, a los fines deseados y del modo más equitativo. Lo que no se hace, por dar un ejemplo notorio, con la política de tener el supergás subsidiado para todo público, ricos y pobres.

Más allá de lo anterior, entiendo que la incorporación de la tributación a la renta personal del modo que se hizo en nuestro país en 2007, es aceptable y dota al sistema tributario de una cuota de equidad razonable. Que podría ser mejorada, por el lado de contemplar mayores deducciones por los hijos menores de edad, y su recaudación podría ser algo mayor o menor, pero no sustancialmente diferente a la actual.

Por otro lado, debo destacar que, si el IRPF y el IASS son dos impuestos con nombres distintos y diferencias mínimas en sus parámetros, ello se debe a que una interpretación económica equivocada de la Justicia dio lugar a ese desdoblamiento para subsanar las objeciones que ella le opuso al IRPF original que, correctamente, también gravaba a las pasividades. Todas las rentas (anglicismo sinónimo de ingresos) personales deben estar gravadas por el IRPF y no existe fundamento técnico para excluir alguna, en particular a las pasividades.

También debe destacarse que estos impuestos sólo gravan al tercio de compatriotas de mayores ingresos, dadas las magnitudes de los mínimos imponibles en cada caso. Por lo que, si se habla de “clases”, en todo caso afecta a las clases media alta y alta. Es allí donde el presidente quiere poner algo más de dinero en los bolsillos.

Y, reiterando la legitimidad política de la medida, debo insistir en su inconveniencia. No es allí donde están las mayores carencias, no están allí los bolsillos que necesitan más dinero. Y ello es así, en particular, en el ámbito de aplicación del IASS, donde está la parte de la población con menores índices de pobreza. Todo lo contrario, a lo que sucede en el otro extremo de la escala etaria, en los niños de menor edad.

Si efectivamente habrá en el futuro cercano un espacio fiscal (insisto, presumiblemente producido por disminuciones en exoneraciones impositivas) él debería destinarse a asignar más recursos a esos niños y sus familias. De modo de buscar una mayor y no una menor equidad. Es claro que esa es mi opinión, y por lo tanto está en el mundo de lo subjetivo.

Es legítimo y válido el planteo del gobierno, pero refleja preferencias que sí son discutibles.