OPINIÓN

Pocas cosas tan deshonestas como la discusión sobre tarifas públicos que vienen dando nuestros políticos. La semana pasada fue muy entretenido repasar lo dicho por unos y otros cuando ocurrieron los ajustes tarifarios de 2017 o 2018.

Uruguay es una economía inflacionaria. Los precios, incluidos muchos costos de las empresas públicas, varían significativamente todos los años. Es inviable no ajustar en absoluto las tarifas regularmente. Entiendo que pueda ser difícil de explicar políticamente, pero ajustar tarifas en un contexto inflacionario, no fue un tarifazo antes y no es un tarifazo ahora.

No ajustar nada significaría una baja en términos reales. Mientras no haya ganancias de eficiencia que permitan reducir las tarifas sin generar pérdidas, no ajustar implica que la sociedad toda financie el consumo de luz y agua de todos por igual. ¿Alguien cree que en Carrasco o Punta Carretas deben consumir luz subsidiada? Parece evidente que no. Si lo que queremos es ayudar a las personas que están pasando mal en esta dura coyuntura, podemos hacer mucho más con menos recursos reforzando los canales que ya tenemos para asistir a la población vulnerable, mucho mejor que dando subsidios generalizados.

Este ajuste puntual tiene poco de novedoso. Mal que les pese a propios y extraños, se parece demasiado a lo que pasó en cada ajuste de tarifas en los últimos años. Quizás la exclusión del gasoil del ajuste sea la gran novedad “para bien”, y el ajuste por encima de la variación del IPC de los servicios de internet sea la novedad “para mal” de esta edición 2021.

Claro que siempre hay interpretaciones posibles. En este caso, la postergación del ajuste pasado de enero para abril por motivos políticos complica el análisis y, sobre todo, las comparaciones (que no son del todo útiles) con la inflación. El ajuste está claramente por debajo del IPC de 2020, sin embargo está algo por arriba (en promedio) del IPC de los 9 meses desde el excepcional ajuste de abril 2020. Creo que lo justo, si queremos analizar los ajustes realizados por el nuevo gobierno en términos reales, es sumar los dos ajustes realizados y compararlos con la evolución de precios desde enero 2019. En ese caso se ve claramente que el IPC de esos 24 meses es significativamente mayor que los ajustes aplicados (con la excepción de los servicios de internet). Esto está alineado con lo que venía pasando. Discutir en esta clave aporta realmente poco.

Pero esta no tiene porque ser una discusión mezquina y oportunista. Hay cosas sustanciales para decir y avanzar en materia de servicios públicos. Algunas de las cosas de las que las personas se quejan intuitivamente son ciertas. Es cierto que pagamos servicios públicos muy caros en algunos casos como la energía, también es cierto que muchas veces las tarifas han sido utilizadas como variable de ajuste recaudatoria.

La forma de bajar tarifas es tener empresas más eficientes. No me imagino una tarea social más importante en el Uruguay para estas empresas que bajar el precio de la luz e Internet. Los precios de estos servicios deberían ser lo mínimos posibles de acuerdo a sus costos.

Afortunadamente, creo que en este tema hay un consenso razonable a nivel técnico. Es imprescindible avanzar en la institucionalidad y gobernanza de las empresas públicas para ir dejando las mismas discusiones de cada diciembre.

En diciembre de 2019 y julio de 2020 un grupo de profesionales, a partir del impulso del ex director de Ceres Guillermo Tolosa, firmamos un documento que planteaba la necesidad de avanzar en la profesionalización, transparencia y regulación de las empresas públicas.

Allí se plantea un camino concreto y razonable de mejora de nuestras empresas. Entre otras cosas, se propone separar los roles del Poder Ejecutivo y de la empresa, el fortalecimiento de las unidades reguladoras, la profesionalización de los directorios, transparentar los subsidios y los criterios de fijación de precios, aislar las finanzas de las empresas públicas de las necesidades fiscales, fortalecer el gobierno corporativo de las Empresas Públicas y modernizar sus cartas orgánicas.

A pesar de los avances en algunos de estos aspectos, a partir de los cambios normativos introducidos en la Ley de Urgente Consideración, es mucho lo que falta.

No tengo dudas que defender las empresas públicas hoy en día pasa por hacerlas más eficientes y lograr bajar las tarifas. Y que el mayor ataque a las mismas es seguirlas tratando como botín y plataforma de candidaturas, lo vivido en los últimos años con Ancap es claro al respecto.

(*) Director Ejecutivo del centro de Estudios para el Desarrollo (CED).