Ventajas y riesgos de la coalición

OPINIÓN

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Si hablamos del que finalmente se descartó, se trataba del camino más complicado, sin dudas: no tendría mayoría parlamentaria y debería negociar caso por caso con partidos sin mayores afinidades en materia de programa o agenda; su presidente no sería líder partidario ni sectorial, ni siquiera tendría una bancada propia; más allá de la falta de carácter y aplomo que demostró a lo largo de la campaña; la bancada parlamentaria estaría inclinada hacia la izquierda (o “ultra” como se suele calificar cuando se habla del otro extremo), con una agenda inadecuada, antigua. En el mejor de los casos, serían otros cinco años perdidos, como los del gobierno que termina. Y, por último, algo nada menor, le sería casi imposible denunciar la herencia recibida de sus mayores.

Por el contrario, el gobierno electo podrá y deberá denunciar esa herencia, ya que tendrá que pagarla. En un contexto externo que se puede volver crítico en cualquier momento desde el lado argentino. Para lo cual, será clave contar con mayorías holgadas que llegado el caso le permitan adoptar medidas de emergencia. La agenda de la novel “coalición multicolor” resume un amplio denominador común a cinco partidos, tres de ellos con numerosas bancadas parlamentarias. Entre ellos, se destaca por su peso electoral el Partido Nacional y dentro suyo, el absolutamente mayoritario sector del presidente electo, él sí con una numerosa bancada propia. Por lo tanto, se trata de un liderazgo contundente por parte de Lacalle Pou, que, al contrario de su ex contrincante, ha venido mostrando habilidad negociadora, carácter y temperamento para el mandato que buscaba y obtuvo.

A pesar de todas esas ventajas del gobierno electo, creo que es necesario advertir sobre los riesgos que puede llegar a enfrentar y que en parte se pueden empezar a mitigar desde el actual período de transición.

Primero, una coalición como la que gobernará es una suerte de “cártel”, en el sentido de que sus miembros tienen incentivos para jugar de manera individual y no colectiva. Máxime si los tiempos que se transiten son de dificultades, medidas impopulares, demoras en obtener resultados. En tales circunstancias, existe cierto incentivo a despegarse de la coalición cuanto antes, ya que ello tiende a ser visto como positivo en términos de la siguiente elección (la de 2024, en este caso). Para mitigar este riesgo, sería clave integrar un gabinete con fuerte peso político electoral.

Segundo, una coalición como esta también requiere de permanentes negociaciones que posiblemente tiendan a diluir la agenda del gobierno, yendo a promedios “votables” por todos sus integrantes, que no sean las soluciones claras que se necesitan. Lacalle Pou deberá pagar al menos seis veces el “voto 50”: a los tres sectores blancos no propios, a los dos colorados y al de Manini Ríos. Y si, por razones más cualitativas que cuantitativas también requiriera el apoyo de los dos partidos menores, serían ocho los pagos a realizar.

Tercero, además de diluir la agenda, el apoyo de los socios puede llegar a costar caro, sobre todo si tenemos presente cómo se cobran los apoyos en política: con presupuesto, con cargos, con medidas para lobbies. En particular, temo por los “premios consuelo” que suelen otorgarse a quienes perdieron la elección para la cual compitieron: diputado, senador, intendente. Y mi temor es sumo en el caso de las empresas estatales, en donde los partidos fundacionales solían ubicar a ciudadanos de aquel perfil. Una buena medida acerca de si se aprendieron las lecciones del pasado será comprobar si esta vez realizan mejores designaciones que antes. El compromiso del gobierno electo con las reformas que se han anunciado será verosímil o no según las designaciones que realice en las áreas a reformar.

Cuarto, debe aprovecharse el impulso inicial para hacer todo lo necesario, porque más adelante pueden no estar los votos. Incluyo especialmente en este capítulo al necesario ajuste fiscal pendiente, que el gobierno electo (también era el caso del Frente) está subestimando. Es una buena noticia que se vaya a impulsar rápidamente una ley de urgente consideración con numerosos temas relevantes del programa.

Quinto, ante un contexto que no habrá de ayudar y con una herencia que requiere de correcciones (fiscales y de precios relativos) importantes e inmediatas, el haber jurado que no se subirían impuestos y que se bajarían tarifas públicas, pone en un brete al nuevo gobierno. Ese escenario se ve agravado por el riesgo de “contagio” de situaciones que se han dado en el continente (espontáneas o provocadas). En este contexto, una de dos: o rompen el juramento, o se va a un ajuste impuesto por la realidad, a la Macri en 2018, cuando ya no sea trivial seguir tirando de la piola del endeudamiento.

En este tema, como suele ocurrir, quien tendrá la última palabra será el presidente electo: o decide agarrar al toro por las guampas, como se hizo en 1990, o confía en que el tiempo será un gentilhombre que resolverá por sí mismo los problemas. Como sucedió en Argentina desde 2016, como sucedió aquí desde 1999 y como también viene ocurriendo en nuestro país desde hace ya algunos años.