Desde hace tiempo se menciona que existe interés del gobierno chino en concretar con Uruguay o con el Mercosur, un tratado de libre comercio.

Un acuerdo que como el descartado con Estados Unidos, sería de gran beneficio para los consumidores y productores uruguayos, ya que aumentaría el bienestar de los primeros y mejoraría la situación económica de los segundos, reduciría las transferencias de ingresos que conscientemente o no realizan a los productores de la región y al erario chino y, si fuese poco, evitaría serias pérdidas de eficiencia a la economía nacional.

China es, desde hace ya algunos años, uno de nuestros principales clientes comerciales. Ese aumento de participación tanto en nuestras ventas al exterior como en las importaciones que realiza nuestro país se ha producido sin que se hayan perdido ni volúmenes ni valores de exportación y menos aún, de importación. Hubo creación de comercio con la nación asiática y no únicamente eventuales desviaciones desde otras naciones. Con un arancel relativamente importante, del orden de 20% del valor de las compras a China que no se paga cuando la compra se realiza a uno de los miembros del Mercosur, las compras externas uruguayas han crecido y las exportaciones también. Si con la desventaja natural del flete y con ese gravamen sobre sus ventas a Uruguay, China es nuestro mayor proveedor externo y se perfila como el principal destino de las exportaciones uruguayas —extremadamente gravadas con altos aranceles, las que a pesar de ello logran entrar en el mercado chino—, es indudable que apostar a un tratado de libre comercio sería algo positivo e impostergable por su conveniencia. Valga recalcar lo de impostergable, porque probada la conveniencia, no se puede caer luego en obstáculos que por desidia u otros motivos incomprensibles, se tranque por años su materialización. Vuelve ahora a resonar esta propuesta que ya en 2009 se había trasmitido al máximo nivel de gobierno uruguayo.

El tratado de libre comercio significa que al cabo de cierto lapso el arancel y otras medidas de efectos equivalentes que gravan a las partes que entran en el acuerdo, vayan progresivamente desapareciendo. Al menor costo de importación que el abatimiento arancelario significa, se adicionarían menores costos que los actuales en las diversas etapas de comercialización de los productos que se importen, y se culminaría con costos y precios más bajos que los que hoy se pagan. El resultado es que su bienestar aumenta: compraría lo mismo pagando menos. Un tratado de libre comercio con China también mejoraría el resultado económico de productores nacionales y del empleo, ya que los altos aranceles que deben pagar los importadores chinos por sus compras de productos uruguayos se irían retirando gradualmente y y con ello los obstáculos para aumentar la producción y la venta de productos uruguayos, que pasarían a ser relativamente más competitivos ante los que ya tienen la ventaja que ellos recibirían. Los productores venderían más y su bienestar y el de quienes emplean también aumentaría, como el de los propietarios de los factores de producción que se emplean para esas ventas.

Las consecuencias de la formalización de un TLC con China en particular, se reflejarían además, en menores transferencias de ingresos de consumidores uruguayos de numerosos productos de la región a los exportadores de los países del Mercosur. El 20% —como mínimo— de margen de preferencia a esos productores regionales sobre los del resto del mundo y en particular sobre los de China, les protege nominalmente, y mucho más efectivamente, a su valor agregado, por lo que su abatimiento haría que sus precios bajen para evitar que sus competidores chinos les sustituyan.

Esa transferencia que se realiza naturalmente y sin cuestionársela por los consumidores uruguayos, cuando desaparezca por el acuerdo de libre comercio, será considerada razón insuperable para mantener la apertura comercial con China y se demandará para el comercio con otros países. Como también ocurriría con las transferencias que los exportadores uruguayos realizan al erario público chino al pagar altos aranceles sobre sus exportaciones.

Una tercera consecuencia de un eventual tratado de libre comercio con China es el aumento que traería en la eficiencia del funcionamiento de la economía. La eficiencia económica se mide por la combinación que se realiza de factores de producción y de insumos valorada a los precios de esos insumos. La declinación de los precios de numerosos insumos y bienes de producción contribuiría a una mayor eficiencia económica y a una mayor capacidad de competencia de la producción nacional.

Cualquier tratado de libre comercio y en este caso con China, mejora —por las razones señaladas—, el bienestar de los uruguayos, les libera de transferencias injustificadas de ingresos a exportadores de la región y al fisco exterior, y mejora la eficiencia de la economía. La decisión no debe tardar ya que es apostar y ganar.

JORGE CAUMONT