OPINIÓN

Los que pagan, y los que no

Si bien siempre fuimos el epítome del país de clase media, particularmente en comparación a la región, cada vez más uruguayos nos separamos entre educación pública y privada, entre sanatorios y hospitales. Entre los que pagan, y los que no.

El retiro de los blancos muestra que es difícil acordar políticas de Estado. Foto: AFP
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Miremos el caso de secundaria: entre 1995 y 2015 el número de liceos privados aumentó de 139 a 242, un 74%. También aumentó el número de liceos púbicos en esos 20 años, pero en menor medida, 31%. En un país donde la educación pública es gratuita (ya quisieran muchas naciones tener ese privilegio), casi un quinto de los jóvenes que asisten al liceo van a instituciones privadas. El número de alumnos matriculados en liceos privados en 2015 fue de 43.592, comparado con 36.309 en 2005, y la proporción de alumnos en esos centros pasó de 14% a 17%.

Tener un sistema educativo universal implica un gran esfuerzo tributario, pero también es casi parte de la marca país de Uruguay. Sin embargo, quien tiene los medios para evitarlo lo hace. El aumento del nivel de ingresos en los últimos años puede ser parte de ello; ser parte de cierto grupo, la búsqueda de una opción religiosa o con algún enfoque en particular también, pero el deterioro de la calidad educativa a nivel de secundaria es una causa que salta a la vista.

En el caso de la salud ocurre una lógica similar.

El problema con esta situación es que terminamos en un equilibrio donde quien puede escapa de la mala calidad y se va al privado, y quienes menos tienen (en general tienen también menor poder político) no tienen otro remedio que hacer uso de los bienes públicos de mala calidad. En cuanto a la educación privada el tema se vuelve más complejo, porque la evidencia muestra que algunos institutos tampoco son de buena calidad. O sea, hay quienes pagan y obtienen una mala educación.

Pero más allá de esto (otro tema a debatir), la deserción de lo público es preocupante porque a medida que los sectores más pudientes hacen menor uso de los servicios públicos, menor es el apoyo y el interés por la calidad de dichos servicios. La evidencia muestra que países con clases medias consolidadas se asocian a una mayor defensa por bienes públicos de calidad. William Easterly estudió la relación entre la distribución de ingresos y la inversión pública y concluye que países con clases medias consolidadas (en términos de ingresos y menores divisiones étnicas) se asocian con más educación, mejor salud, mejor nivel de infraestructura, y estabilidad política, entre otros. Alberto Alessina y Roberto Perotti también encuentran correlaciones positivas entre una clase media fuerte, estabilidad política y apoyo a la inversión pública.

Que no se mal entienda: esta columna no es una crítica a las instituciones privadas. Sería hipócrita de mi parte dado que yo asistí a centros privados en primaria, secundaria y universidad; al igual que mutualistas. De hecho esto es precisamente parte del punto: cuando la calidad de los servicios públicos baja de cierto nivel, es entendible que quienes pueden pagar por otra alternativa, fuera de lo público, lo harán. Pero a medida que las personas de mayor ingreso utilizan menos los servicios públicos (por los que pagan), menor es su incentivo a seguir apoyando el gasto por más y mejores servicios.

No sólo sienten que pagan doble por ellos, sino que además no tienen incentivos a reclamar por su mejora.

En general desconocen cómo funcionan, y además tampoco conocen a muchas personas que los utilicen. O peor aún, separarse aumenta el valor de su inversión. Si esto se traduce en menor gasto en servicios públicos, entonces la calidad de dichos servicios baja todavía más, y así se genera un círculo vicioso.

En cambio, si el bien público es de alta calidad (por encima de cierto nivel), entonces el círculo podría ser virtuoso. Mejor es la calidad, menor el incentivo a sustituirlo, mayor el apoyo a la institución, mayor la defensa a que se mantenga o aumente la inversión en ella.

Dicho eso, esta lógica no siempre funciona, dado que la universalidad tiene costos. Hay quienes podrían argumentar que está bien que las personas de mayores ingresos, que pueden pagar por su educación, lo hagan. Pero lo importante es que quienes más tienen puedan acceder de forma gratuita a los servicios públicos, justamente, para que tengan el incentivo a utilizar esos servicios, y de paso mantengan el interés porque el servicio sea bueno.

En el caso de la universidad dicho argumento es más débil, porque en nuestro país quienes acceden a ella son, en su mayoría, las personas de mayores ingresos.

La universalidad, con su costo, vale la pena en muchos casos, pero se hace difícil de sostener a medida que quienes más tienen menos utilizan dichos servicios. Siempre habrá algunos que utilicen servicios privados —no es pecado— pero si los servicios públicos fueran de alta calidad, entonces el incentivo para sustituirlos sería mucho menor. Además sería más fácil continuar invirtiendo en ellos. Uruguay necesita entrar en un círculo virtuoso en cuanto a los servicios públicos, comenzando por mejorar su calidad.

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