OPINIÓN

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En esa oportunidad, junto al articulado de la Ley de Presupuesto se incluyeron proyecciones para el quinquenio que entonces se iniciaba y que viene al caso recordar y cotejar con la realidad.

Primero, se sobreestimó el crecimiento de la economía, que entonces se proyectó en 14,4% en los cinco años y que ahora, con la proyección del MEF de 0,7% para 2019, se ubicaría en la mitad: 7,2%.

Segundo, en parte por el menor crecimiento y en parte por no haberse previsto en toda su magnitud los efectos de la “Ley de Flexibilización” de 2008, el déficit fiscal fue sistemáticamente mayor al proyectado. Y esto, a pesar de haberse subido impuestos, lo que en la campaña electoral de 2014 se había prometido que no se haría. Para 2019, en la Ley de Presupuesto se había establecido un déficit fiscal de 2,5% del PIB y ahora el MEF lo estima en 4,6% del PIB. Pero en los 12 meses a mayo, debidamente ajustado por factores extraordinarios, ya está en 5,1% y Fitch (que en todo caso ha sido generoso con Uruguay) lo estima en 5,4% del PIB para fin de año.

Tercero, consistentemente con los notorios desvíos fiscales (que acumularán unos seis puntos del producto en el quinquenio) también se ha venido ampliando la brecha entre la trayectoria proyectada para la deuda pública como porcentaje del PIB y su evolución observada. De hecho, para este año se esperaba llegar a una deuda del sector público, neta y sin encajes, de 37,8% del PIB, mientras que se llegará a una del orden de 45,6% del PIB según mi estimación (43,9% según el MEF), a pesar de la “ayuda” dada por la ley sobre los cincuentones, por 2,5 puntos del PIB.

El sesgo hacia el optimismo ha caracterizado, entonces, al MEF en los últimos años. Y del análisis de los supuestos y las proyecciones para 2019 y 2020 queda la impresión de que vuelven a pecar por optimistas. Veamos.

Ahora se asume un crecimiento de la economía de 0,7% en 2019 y de 2,6% en 2020. En este último caso, el propio MEF señala que para ello “juega un rol determinante” la instalación de la nueva planta de UPM. Aún cuando ello ocurriera, el impacto inicial sería menor, ya que en el primer año se realizarían obras de infraestructura pública. Cabe advertir que las exoneraciones fiscales concedidas al proyecto, darán lugar a un impacto fiscal menor al que habitualmente aporta cada punto de crecimiento económico.

Además, el optimismo es notorio en materia fiscal: como vimos, para 2019 se estima un déficit de 4,6% del PIB cuando ya se está más arriba de esa cifra y, entre la recesión que no deja subir los ingresos (y la “política” que no permite ajustar los precios de los combustibles) y la dinámica del gasto, sólo puede empeorar. Vimos que Fitch espera un déficit de 5,4% del PIB, estimación que parece razonable.

Pero lo más llamativo se refiere a 2020, cuando sin ajuste fiscal se espera mejorar el resultado en nada menos que 0,8 puntos, llevándolo a 3,8% del PIB. Claro está que, si la base de 2019 termina siendo casi un punto mayor, lo mismo ocurrirá con 2020, pero aún así, la referida mejoría no tiene fundamento lógico. Los números publicados por el MEF muestran mejorías de décimas en los cinco renglones de ingresos y una ligera reducción en los egresos, que por lo visto dejarían de comportarse endógenamente a pesar de que las pasividades subirán considerablemente al incorporar un aumento real importante en el promedio de los salarios públicos en este año.

Quizá no sea curioso que desde el MEF se coincida con lo que viene desde la campaña electoral en cuanto a que el gran lío fiscal que tenemos se arregla sólo, mágicamente y sin ajuste fiscal. Unos por quitar decibeles a la magnitud de la herencia que legarán y otros por no asustar sobre lo que, quieran o no, tendrán que hacer.

Precisamente, una de las mejorías fiscales consideradas por el MEF consiste en que las empresas públicas mejoren su resultado primario y corriente. Se espera que se pase de 0,7% del PIB en 2018 a 1,0% en 2020 (magnitud que apenas se alcanzó efímeramente en los últimos 10 años). Un ajuste tal, que no se alcanza con recortes en el agua mineral y el café, sino que implicaría aumentos de tarifas, que desde la campaña electoral se prometen bajar…

El otro aspecto destacable de la programación financiera consiste en la estabilidad del tipo de cambio como precio relativo al IPC en lo que resta de 2019 y 2020. O sea que toda la corrección en el tipo de cambio relativo al IPC ya se habría realizado hasta el primer semestre de este año. Es claro que se trata de un supuesto de trabajo y es uno razonable dado el contexto de la programación: sin un verdadero ajuste que ponga en orden a las cuentas públicas de modo tal que ya no tengan el sesgo al atraso cambiario que tienen (dado por el continuo endeudamiento para financiar gasto corriente), no cabe esperar que mejore la competitividad precio de la economía. Y esto vuelve aún más difícil la recuperación económica, en particular desde los sectores exportadores.

Podrá ayudar a mantener un tiempo más un consumo inflado gracias al dólar barato, pero eso, sabemos, es pan para hoy y hambre para mañana.