Mi última columna terminaba aseverando que el aumento del IRPF tal como está diseñado devastaba la capacidad de ahorro de los jóvenes que quieren progresar en la vida y que el destino más probable para muchos era la emigración.

Todo economista sabe que, en la medida de lo posible, deben evitarse los impuestos a los factores de producción —Trabajo, Tierra, Capital—, también sabe que, como ello es imposible en los estados modernos, las mismas deben ser lo más bajas posible. Todo el ajuste fiscal va en sentido contrario con el agravante que parte de tasas ya muy altas y la suba es grande.

En economía el análisis siempre mide el impacto del cambio, "la innovación". En este sentido, piénsese en cualquier persona con algún hijo a cargo, que gana más de $ 50.100 al mes. Ésta, por cada $ 100 de ingreso adicional le pasará a abonar al estado $ 45.125(*) y, si gana más de $ 100.200, le pagará $ 46,125. A su vez, como la empresa abona 12.625% de aportes, ello implica que por cada $ 100 de sueldos nominal, le quedarán en su bolsillo unos $ 54 a 55 y el Estado se llevará $ 58 a 59. O sea, la tasa marginal sobre el salario es superior al 100%. Más de la mitad de lo que la persona genera se lo lleva el estado. Además, este habitante pagará IVA, IMESI, recargos de aduana y, en ciertos casos, impuestos sobre la propiedad (vehículos, inmuebles). Pensar que alguien cuyo sueldo líquido no supera los $ 37.000 por cada $ 100 adicionales que genera, terminará entregando al Estado antes de cobrarlos $ 52, no sólo no es razonable sino sencillamente un despropósito.

No he escuchado un solo comentario acerca de las modificaciones en la imposición al capital. El cambio de las reglas de juego para algunos casos es tan violento que tendrá importantes impactos de medio y largo plazo. Medidas como las propuestas no son mensurables con tanto o cuanto de aumento de recaudación, sino que sus consecuencias son tan profundas que despegan o entierran a una economía por varios años, e incluso décadas.

La alteración más importante es la virtual (librada a un decreto de límites arbitrarios) eliminación del ajuste por inflación en la determinación del IRAE, lo que deja la tasa efectiva del mismo atada y positivamente correlacionada con la inflación. Es exactamente lo mismo que hizo Argentina a comienzos del 2002 y nuestro país evitó por considerarlo una estafa, prácticamente una "leva de capital", que destruía la base del sistema productivo y tendría efectos muy perniciosos de largo plazo. No hace falta explicar lo que sucedió en Argentina. Un enorme cambio en las reglas de juego, reglas que en Uruguay tienen al menos 40 años. No se puede cobrar impuestos sobre una "ganancia" que no es tal, desde el momento que el "margen" incluye el aumento de precios de las materias primas, insumos o mercadería, al reponerlas manteniendo el volumen físico. Como el retorno sobre el capital siempre se mide neto de impuestos, la respuesta de las empresas seguramente sea una suba de precios que compense el aumento implícito en la carga impositiva y la exigencia de una tasa de retorno superior, dado el riesgo que una variable externa, fuera de su control, le introduce al retorno. El volumen de inversión bajará.

Otra medida, probablemente inconstitucional, dado que se grava retroactivo al 2007, es decretar como distribuidos dividendos "no invertidos". Desde el punto de vista económico, si no está distribuido, está invertido. Si a lo que apunta la medida es a situaciones donde aquellos, en los hechos, han sido retirados y figuran en cuentas de retiro de socios o accionistas, fiscalmente es una situación resuelta desde hace más de 30 años, porque a dichos retiros se le cargan intereses fictos sobre los cuáles deben abonar IRAE, a la vez que abonan impuesto al patrimonio (1,5% anual). Entonces no se ve la real mejora en la recaudación sobre el capital. Sí lo que se produce es otra "leva de capital" por una sola vez. Entonces, se castiga —y de manera retroactiva— a las buenas empresas que realmente fortificaron su capital generando trabajo y progreso. Capital no son sólo "fierros", también lo es el aumento de disponibilidades, créditos concedidos, reducción de saldos de proveedores y cancelación de vales bancarios. De todas las medidas propuestas estas dos son, por lejos, las de peor calidad y consecuencias negativas más relevantes.

Por último, el aumento del 3 al 7% del IRPF sobre los intereses de valores sujetos al pago del mismo en el mercado local, es un cambio sustancial de las condiciones en que la gente invirtió su dinero. Un aumento del 133% en un impuesto que no aporta casi nada a la recaudación global (no más de US$ 3 millones al año), sólo agrega sensación de "hago lo que quiero". Cuando alguien invierte lo hace comparando contra otras opciones, arbitrando rendimientos netos de impuestos, en función del riesgo relativo que perciba. Los inversores, de haberlo sabido hubieran subido la tasa a la cual colocaban sus ahorros. La modificación, desde el momento que opere, alterará las condiciones de colocación penalizando fuertemente al ahorrista que no puede "defenderse" como en otros casos porque su flujo de ingresos ya está determinado. Los efectos hacia adelante son fáciles de imaginar, todos tomarán las previsiones del caso, aumentando el costo de fondeo de las empresas y, por ende, en contrapartida disminuirá el volumen de inversión.

Hay tiros de una sola vez que rebotan y nos hieren

(*) 24 de IRPF y 21,125 al BPS, Fonasa

ISAAC ALFIE