OPINIÓN

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La historia que ha surgido de las audiencias de impugnación habla de extorsión y soborno. Donald Trump retuvo ayuda crucial —ayuda que Ucrania necesitaba para defenderse de la agresión rusa— y se negó a entregarla, salvo que Ucrania dijera públicamente que estaba investigando a uno de sus rivales políticos. Hasta los republicanos lo entienden, solo que consideran que está bien.

Y recuerden, el escándalo de Ucrania se hizo público solo porque un informante hizo que se pusiera en marcha una investigación. Sé que no soy el único en preguntarse cuántos otros escándalos similares no han salido a la luz.

No es necesario que esos escándalos se relacionen con gobiernos extranjeros. No he visto que se señale que Trump, tras bambalinas, está usando el mismo tipo de estrategia de extorsión y soborno que usó con Ucrania con las corporaciones estadounidenses. A muchas empresas se les está amenazando con políticas que dañarían su desempeño; en especial, pero no únicamente, con los aranceles sobre los productos importados que son fundamentales para sus operaciones. Sin embargo, también se les está ofreciendo la posibilidad de estar exentos de estas políticas.

Y el quid pro quo implícito para dichas exenciones es que las corporaciones apoyen a Donald Trump, o al menos se abstengan de criticar sus acciones.

Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió la semana pasada, cuando Trump hizo un recorrido por la planta de manufactura de Apple junto con Tim Cook, el director ejecutivo de Apple. Trump aprovechó la ocasión para pronunciar un discurso político y atacó los procedimientos de impugnación, además de afirmar falsamente que Nancy Pelosi había “cerrado el Congreso”. También afirmó que la planta, que ha estado operando desde 2013, acababa de abrir.

Y Cook, lejos de corregir esas falsedades, manifestó su apoyo, declarando que Estados Unidos tiene “la economía más fuerte del mundo”.

El incentivo de Cook para seguirle la corriente era evidente. Apple fabrica muchos de sus productos en China, así que está buscando exenciones de los aranceles que Trump le impuso a esa nación. Y existen todos los motivos para creer que la asignación de dichas exenciones está motivada por fines políticos y no de interés nacional.

Por ejemplo, en 2018 una empresa propiedad de Oleg Deripaska —un oligarca cercano a Vladimir Putin, quien se supone que debe estar sujeto a sanciones estadounidenses por actividades que incluyen la interferencia en unas elecciones extranjeras— recibió una exención de los aranceles al aluminio. La exención no se retiró sino hasta que los demócratas en el Congreso se dieron cuenta de su existencia, y el Departamento de Comercio afirmó que se había otorgado como resultado de un “error administrativo”… Ajá.

Por cierto, si se están preguntando por qué el gobierno de Trump tiene el poder de ejercer el favoritismo, se debe a que las leyes que regulan el comercio en Estados Unidos le otorgan al presidente una gran discrecionalidad en el establecimiento de aranceles. El objetivo de esa discrecionalidad era disminuir el poder de los intereses especiales en el Congreso, con base en la suposición de que el presidente serviría mejor a los intereses nacionales. Pero luego llegó Trump.

Y la política arancelaria no es la única área en la cual el gobierno parece estar usando su poder para castigar a las empresas si no muestran una lealtad política adecuada.

Hace poco, el Pentágono le otorgó el inmenso contrato Joint Enterprise Defense Infrastructure (sí, JEDI, por su sigla en inglés, y en español Empresa Conjunta de Infraestructura de Defensa) a Microsoft, lo cual sorprendió a los observadores que esperaban que dicho contrato fuera para Amazon. Amazon está impugnando la decisión, con el argumento de que se trató de un castigo por los reportajes críticos de The Washington Post, que ahora es propiedad de Jeff Bezos, un argumento que es totalmente creíble, dadas las reiteradas declaraciones del mismo Trump de que iba a causarle “problemas“ a Bezos.

Claro está que los funcionarios de Trump afirman que el proceso de la toma de decisiones fue impecable y se basó en el juicio de expertos libres de toda influencia política. Pero, ya en serio, ¿hay algo limpio en este gobierno? ¿En serio se supone que debemos aceptar con fe ciega que la gente que está dispuesta a politizar los pronósticos del clima no metió las manos a la hora de otorgar un contrato enorme y lucrativo a una empresa a la que Trump considera su enemiga?

Cuando otros y un servidor señalan las maneras en las que Trump está recurriendo al capitalismo clientelista para asegurar ventaja política, solemos obtener dos tipos de respuestas. O nos dicen que no deberíamos sentir afinidad por las empresas ricas o que los demócratas progresistas también critican a algunas corporaciones, como Facebook, y han propuesto que se use mano dura contra algunos tipos de comportamiento corporativo. Así que, ¿cuál es la diferencia?

Pues bien, estas críticas (de manera deliberada, se puede sospechar) se olvidan de lo central. Los progresistas proponen reglas para el comportamiento corporativo que apliquen por igual a todas las empresas, no que se impongan de manera selectiva a las corporaciones dependiendo de su orientación política.

Y el problema con el reparto selectivo del castigo que hace Trump no es el daño que inflige a las corporaciones, sino los incentivos que este régimen crea para el servilismo político. Los electores y la democracia de Estados Unidos, no Apple ni Amazon —que, casualmente, son ejemplos infames de evasión fiscal—, son las víctimas que nos importan.

Pongámoslo así: al usar su poder político para castigar a las empresas que no lo apoyan mientras recompensa a las que sí lo hacen, Trump está llevándonos por el mismo camino que ya siguieron países como Hungría, que sigue siendo una democracia de nombre, pero que en la práctica se ha vuelto un Estado autoritario de un solo partido. Y ya llevamos recorrido mucho más de ese camino de lo que creemos.