OPINIÓN

La condición obligatoria de esta política debe ser objeto de evaluación.

Todo el que lee estas columnas conoce que estoy frontalmente en contra de este régimen desde el principio de su implementación, no por razones comerciales sino de fondo, vinculadas a una inaceptable intromisión del Estado en los negocios particulares, obligando a hacer lo que a algún funcionario le parece lo mejor, agraviando la libertad empresarial.

Es un típico caso de confusión de roles entre lo público y lo privado, convirtiendo un simple tema de negocios que hoy puede ser y mañana no, en un objetivo de política.

Advertí además que no era nada claro que el mundo fuera en esa dirección, o que hubiera un beneficio indudable en la adopción generalizada del sistema. Y que si alguien creía en ese negocio, debía pagar por él, invertir, correr su riesgo, etc. Han pasado casi trece años y hay que evaluar. Porque aún nadie le ha sacado provecho y cuesta mucha plata, además del agravio a la libertad que es lo más importante. Y porque ningún país exportador lo ha implementado: ni EE.UU. ni Canadá; ni Brasil ni India, Nueva Zelanda, Australia o Paraguay

Muy gracioso resulta seguir a algunos líderes de la industria frigorífica defendiendo el sistema, justo ellos que no solo no han pagado un peso más por la carne trazada, sino porque son los que saben mejor que nadie que el sistema no les ha abierto ninguna puerta hasta el momento. A la vez, parece como algo casi infantil que se afirme de modo apocalíptico que el mundo va hacia la trazabilidad obligatoria necesariamente. Más allá de que cada vez se sabe menos de hacia dónde va el mundo en casi que cualquier tema, afirmar que el mundo va hacia allí es lo que se decía en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, etc. Y sigue sin existir un solo país fuera de Uruguay con un sistema de trazabilidad universal —para todos los animales desde que nacen— y obligatorio, que es lo peor. Sigue siendo solo Europa que exige trazabilidad y solo para los últimos seis meses del ganado cuya carne se embarca. Y ya que nos ponemos apocalípticos, afirmo que no conoce nada la mente norteamericana quien crea que allí algún día próximo se va a aceptar entregar al Estado la intimidad total y obscena que supone declarar con ese grado de detalle a las autoridades, la intimidad del capital y del negocio. Es más fácil que Trump apruebe la prohibición de venta de armas de fuego, antes que EE.UU. admita el nivel de intromisión en lo privado que supone un régimen de trazabilidad universal, obligatorio y declarado al Estado. Es ridículo.

Hace un par de años y con base en la Asociación de Consignatarios de Ganado, sin considerar molestias y pérdidas de tiempo en trámites absurdos, estimé tres fuentes de costos anuales: el costo de trámites por camión, el precio de las caravanas, y el costo del SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera), que como se sabe se licita y se contrata con una empresa que lo administra, fuera del Ministerio. Esa asociación estimó en U$S 150 el costo por camión entre timbre, sellado, veterinario y viáticos. Tomando datos de la faena anual, así como de los movimientos estimados en negocios para el campo, se llega a una cifra no inferior a los U$S 20 millones por año (alrededor de 130 mil viajes de camión). En cuanto a las caravanas, asumiendo un valor de 1,5 cada una, el costo del sistema, según el número de terneros nacidos, oscila entre U$S 3,5 y 4,5 millones, excepto en el 2006 que se debió caravanear todo el rodeo, con un costo en este caso de 7,5 millones. En cuanto al costo del SNIG, a estar por el valor de la última licitación, estimo un costo anual de U$S 7,37 millones. De esta forma, sin contar costos anteriores al 2006, que los hubo, asumiendo estos supuestos, el costo de estos doce años no baja de U$S 370 millones. En otras palabras, el costo del sistema equivale a 45 mil novillos por año.

No se ha cumplido, 12 años después, ningún pronóstico de beneficios. Ningún país exportador ha implementado el sistema en su condición de obligatorio y universal y todos tienen algún tipo de régimen voluntario y de no más de 6 meses para el ganado que va a Europa, que es claro que lo utiliza como traba no arancelaria al comercio. Tampoco es verdad que Japón o China vayan a valorar más que lo que nuestros competidores hacen hace años en esos mercados. Finalmente copio el resultado de un exhaustivo trabajo de Juan Peyrou, que investigó el precio promedio de exportación de Argentina, Brasil y Uruguay en 17 años en los que para los tres creció fuertemente el precio de exportación de la carne. Puede advertirse que Uruguay y Argentina son los que crecieron más. Pero si se divide el período en dos tramos, 2001 a 2006, y 2006 (cuando empezó la trazabilidad) al 2016, se verifica que Uruguay tuvo un mayor aumento de precio que sus vecinos hasta 2006; y que luego de ese año tuvo el peor desempeño. A estar por estas cifras, la causalidad de la trazabilidad al incremento de precio de exportación es nula.

En definitiva, la condición obligatoria de la trazabilidad debe ser objeto de evaluación.

El MGAP podría liderar quizás un proceso de análisis, antes que la sensación de escasa utilidad se convierta en el mejor argumento para ir deteriorando la calidad del sistema, para introducir prácticas espurias, terminando por desacreditar absolutamente no solo al sistema sino al país, a sus autoridades, a su credibilidad, a su seriedad institucional.