OPINIÓN

Los datos fiscales de 2017 tuvieron una pequeña corrección y ahora, según el MEF, muestran un déficit de 3,6% del PIB, cercano a los US$ 2.000 millones (esto último, por cuarto año consecutivo).

Si bien esas cifras todavía registrarán ajustes menores, lo mismo que la estimación del PIB, podemos darlas por definitivas. En el año pasado, entonces, hubo una leve mejoría fiscal, ya que en 2016 el déficit había sumado 3,9% del PIB. La mejoría se debió al aumento de impuestos vigente desde el inicio del año, estimado en su momento en 0,9% del producto y que ahora sabemos que sólo por la vía del IRPF y el IASS allegó 0,6% del PIB a la DGI.

Naturalmente, si la mejora fue de alrededor de un tercio del aumento impositivo, el mayor gasto se llevó los otros dos tercios del ajuste fiscal. Además de llevarse todo el aumento endógeno de la recaudación, por el aumento del PIB (del orden de 3%) al que está ligada prácticamente uno a uno.

Y es allí en definitiva donde está el problema fiscal: el gasto sube imparable y conduce a que reiterados mini ajustes fiscales apenas den para mantener casi estable el déficit fiscal.

¿Por qué sube el gasto? Hay gastos que el ministro Astori llama "endógenos", y que dadas las normas que los rigen suben "solos"; y otros gastos que suben en la medida en que nuevas decisiones presupuestales los hagan subir. Veamos un ejemplo de unos y otros, con lo sucedido en enero con las remuneraciones en el Gobierno Central. El aumento estimado por el INE fue de 8,03% mientras que el aumento general, por indexación al IPC, fue de 6,55%. La diferencia, de 1,39% en el promedio de las remuneraciones, es resultado de aumentos específicos para algunos funcionarios públicos, no para todos ellos. En términos del lenguaje del ministro, el 6,55% sería endógeno y el 1,39% no, sino voluntario por parte del Gobierno.

Ahora bien, la regla de indexación que vuelve endógenos a los salarios es también una decisión voluntaria del Gobierno, que podría no haberla establecido y que puede dejarla sin efecto. Tampoco es endógena la cantidad de funcionarios públicos. O sea, como se ve, la endogeneidad tiene más que ver con el carácter de los gobernantes y su voluntad y capacidad de tomar decisiones, que con el destino.

Lo mismo podemos decir de las pasividades y de otros rubros que son endógenos sólo en apariencia. En el caso de las pasividades, errores de cálculos detrás de la ley de flexibilización de 2008 han dado lugar a un enorme crecimiento del gasto, imprevisto entonces por el gobierno. El ministro de Economía denunció esta situación y su reacción ha sido darse por vencido ante la endogeneidad y subir impuestos en vez de enmendar aquellos errores modificando la ley de 2008. Es evidente que sí es endógena la regla de ajuste de las pasividades, desde que en 1989 está en la Constitución. Pero en modo alguno lo es la cantidad de pasivos, la que puede ser modificada mediante parámetros. El error de 2008 y el más reciente, de los "cincuentones", obligan a anticipar los tiempos de una nueva reforma de los parámetros del sistema previsional.

Otro tema relevante dentro de las finanzas públicas es la magnitud de los aportes de las empresas estatales al Gobierno Central. El año pasado, esos aportes alcanzaron al máximo de los últimos años, 0,8% del PIB, destacándose los correspondientes a UTE. Al cabo de los primeros tres años del actual período de gobierno, los excedentes financieros de esas empresas subieron por dos razones: la reducción de sus inversiones y el crecimiento de los ingresos por encima de sus gastos corrientes. En el caso de Ancap, a pesar de su capitalización, el excedente financiero actual es insignificante.

Por otro lado, la información disponible permite confirmar que en el año pasado hubo una mejoría en el déficit "estructural", o sea excluyendo los resultados asociados a factores extraordinarios. Resta conocer la estimación oficial del sub costo energético, pero dependiendo de la magnitud de esa cifra, la mejoría referida se habrá ubicado entre medio y un punto porcentual del PIB. Mientras tanto, estimo en 0,75% del PIB el componente inflacionario de los intereses nominales en moneda nacional.

Dado ese panorama fiscal, las perspectivas son complicadas, por varias razones.

Uno, hay un objetivo planteado desde el inicio de este período de gobierno de llegar a un déficit de 2,5% del PIB en el año próximo.

Dos, este año habrá una nueva instancia presupuestal, la Rendición de Cuentas de 2017, donde habrá presiones desde la bancada del FA y desde los sindicatos para nuevos aumentos presupuestales.

Tres, si bien ahora muchas inversiones se realizan por fuera del presupuesto (CVU, PPP), otras siguen el curso tradicional y la inversión pública se encuentra próxima a su mínimo histórico, levemente por encima de 2% del PIB. En los últimos dos años electorales, se ubicó por encima de 3,5% del PIB.

Cuatro, y vinculado con lo anterior, en el promedio de los gobiernos desde 1985, entre el tercer y el quinto años, hubo un deterioro fiscal de 1,4 puntos porcentuales del PIB ("carnavales electorales").

El panorama es malo, pero por suerte hay quienes se consuelan comparándonos con nuestros dos vecinos, con déficits cercanos a 9% del PIB.