Brasil atraviesa un momento de elevada inestabilidad política y económica, en la que esos factores interactúan y se influencian mutuamente.

Por si fuera poco, La coyuntura económica externa volvió a retomar la volatilidad, con impactos directos sobre los precios de los commodities y flujos de capital, factores importantes para América Latina en su conjunto y para Brasil en particular.

Comenzando por el ambiente externo, se retornó a una situación de aversión global al riesgo en la medida en que la política monetaria norteamericana ensaya su vuelta a la normalidad, con impactos sobre la expansión de la liquidez internacional. El dólar se valorizó casi 10% desde julio frente a una cesta de monedas. En el caso de la comparación con el real, la valorización fue de 18%. La perspectiva de un aumento de tasas en Estados Unidos, el aumento del dólar y la desaceleración de la economía china contribuyeron para la caída de un 20% en el precio de los commodities desde el pasado mes de junio.

Específicamente, la baja en los precios del petróleo fue de 40% entre junio y diciembre. La economía estadounidense parece haber retomado el dinamismo y la inflación no representa una amenaza a corto plazo. En el mercado de trabajo, el nivel de empleo se ha recuperado con una disminución en la tasa de desocupados, al tiempo que no se observan presiones sobre los salarios. O sea, las tasas no deben subir necesariamente en el corto plazo, y el rendimiento de los títulos a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos retrocedió nuevamente hasta niveles próximos al 2,2% anual.

En Europa y Japón, por otro lado, la actividad económica se ha mostrado bastante menos dinámica. En la Zona Euro, el Banco Central Europeo todavía se resiste a la adopción de políticas cuantitativas más expansionistas, aunque es ampliamente esperado que lo haga en breve. La inflación, mientras tanto, cae acentuadamente: los precios al consumidor aumentaron apenas 0,3% en noviembre (0,7% en el núcleo).

En Japón, existe poco espacio para más políticas anticíclicas, restando el camino de las reformas. En conjunto, estos factores implican también una abundante liquidez internacional y garantizan un tiempo más para las economías emergentes —y para Brasil en particular— para llevar a cabo los ajustes que se consideran necesarios a la hora de afrontar la nueva situación internacional.

Internamente, se destacan los avances en la investigación y el escándalo de corrupción que desembocaron en una denuncia penal en Petrobras y los problemas que la empresa debe afrontar ante la fuerte caída de los precios del petróleo. La magnitud de la desviación de recursos descubierta por los tribunales brasileños es tal, que la empresa no puede publicar su balance para el tercer trimestre. Esto tiene consecuencias desde el punto de vista de los mercados financieros, mediante la restricción de la captura de recursos en un momento crítico de su gigantesco programa de inversión, e incluso puede obligarle a hacer pagos anticipados de bonos. Al mismo tiempo, Petrobras se ha convertido en objeto de investigaciones por parte de la agencia reguladora del mercado de capitales de Estados Unidos, y de acciones civiles en los tribunales de ese país promovidos por los inversores.

El panorama se complica cuando se considera que en el escándalo en Petrobras también participan, como corruptores y por la formación de cárteles, las mayores empresas de construcción pesada del país, pudiendo llevar a prisión a sus presidentes y directores. La condena de los contratistas resultaría un impedimento para participar en obras públicas en el futuro, más allá del problema financiero debido a las deudas con el sistema financiero nacional e internacional. Junto con la frágil situación de Petrobras, este problema puede poner en peligro la inversión agregada de corto plazo, que ya es muy baja —sólo el 17,3% del PIB— pero en particular las inversiones en infraestructura, más precisamente aquellas encaminadas a eliminar los cuellos de botella que hoy reducen la competitividad de la producción brasileña e impiden la aceleración del crecimiento.

Es en ese contexto volátil, incluyendo la dimensión política que involucra el escándalo Petrobras, que la economía brasileña tendrá que promover los ajustes internos para volver a una senda de crecimiento sostenido a tasas más altas que el promedio anual de 1,5% de los últimos cuatro años. Estos ajustes pasan primero por el lado fiscal y en segundo lugar por el monetario. El manejo de la política monetaria tendrá que ser mucho más duro que en los últimos cuatro años para llevar la inflación al centro del objetivo del 4,5%. Entre las dificultades, se destaca la reciente presión del tipo de cambio y la de los precios administrados en el año 2015, en particular la energía eléctrica.

El marco de deterioro fiscal es grave: como el último capítulo de una larga serie de trucos contables, el gobierno se vio obligado a ingresar en el Congreso en diciembre, un cambio en la ley que guió la preparación del presupuesto de 2014 (una ley aprobada en 2013, y que establecía las metas de resultado primario), bajo pena de responsabilidad penal por incumplimiento. Esta ley que fue modificada fijaba un superávit primario de 1,9% del PIB para todo el sector público, pero el resultado esperado es ahora un déficit. El gasto público ha crecido a tasas muy superiores a la recaudación, debido a las exoneraciones de impuestos y al bajo crecimiento de la actividad económica, así como por la tendencia a la ampliación de la cobertura de la seguridad social debido a la dinámica demográfica del país. Cambiar esta situación requerirá de un gran esfuerzo, más del 1% del PIB en 2015 y los años siguientes, hasta que el excedente vuelva al 2% del PIB.

Para llevar a cabo esta dura tarea, fue convocado Joaquim Levy al Ministerio de Hacienda; Levy ocupó el cargo de Secretario de Hacienda en el primer gobierno de Lula, en su currículum también cuenta con haber conducido el área de gestión de activos del segundo mayor banco privado del país. En ese momento, promovió una política de control del gasto y el mantenimiento de altos superávit primarios que alcanzaron en promedio entre 2003 y 2005, el 2,5% del PIB en el gobierno federal, y el 3,6% del PIB para el sector público consolidado. A diferencia de 2003, sin embargo, el punto de partida es ahora mucho peor, con un déficit primario esperado de 0,3% del PIB en 2014. Además, en ese momento la economía venía de importantes ajustes estructurales, fruto de las reformas implementadas en la década anterior, lo que le permitió acelerar el crecimiento cuando la economía mundial comenzó a expandirse fuertemente. Ahora, no sólo la economía mundial es menos dinámica, como se ha visto anteriormente, sino que las reformas internas han sido abandonadas en los últimos diez años, lo que significa que el potencial de crecimiento de la economía es mucho menor que en la primera mitad de la década pasada. Por tanto, las perspectivas para 2015 y 2016 son que el crecimiento será muy bajo, por debajo del pronóstico promedio del FMI para América Latina: 2,2% en 2015 y 2,8% en 2016.

Desde el punto de vista político, lo sorprendente es que las nuevas políticas anunciadas son las mismas que, a lo largo de la campaña electoral recién concluida, fueron insistentemente usadas para agredir al candidato de la oposición por su supuesto carácter recesivo y regresivo, que penalizaba de manera desproporcionada a los pobres. Esto significa que el gobierno tendrá que recuperar paulatinamente la credibilidad de la sociedad. Mientras tanto, se cierne sobre el país a la amenaza de la pérdida de grado de inversión.

PAULO LEVY | DESDE RIO DE JANEIRO