OPINIÓN

Es conocida la discusión que genera un proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Las demandas por ajustes presupuestales de parte de los funcionarios se generalizan en los diversos organismos de la administración central.

Es una situación que es ya común en las discusiones presupuestales y que en mayor o menor medida se dilucida siempre con subas de impuestos con efectos negativos para la inversión y el crecimiento y pocas veces con la contrapartida del beneplácito absoluto de los reclamantes.

Por un lado, las fuerzas sindicales reclaman mejoras salariales y, por otro, están quienes tratan de frenarlas ante las restricciones de la situación financiera fiscal y por los efectos adversos de una mayor carga impositiva sobre la inversión, el crecimiento y el empleo y sobre las finanzas personales de los trabajadores.

Los funcionarios de la administración central tienen derecho a reclamar ajustes salariales. Como tienen derecho a compartirlos y a aceptarlos o a enfrentarlos y a descartarlos los administradores financieros de la conducción fiscal —el Ministerio de Economía y Finanzas—, los legisladores que discutan la aprobación o no del proyecto de ley y los propios contribuyentes. Existen muchas partes en pugna y con posiciones coincidentes en algunos casos, antagónicas en otros y discrepantes aún en otros. Lo que es claro es que cada una de ellas tiene su propia función de utilidad: la de unos es ganar más, la de otros es pagar menos y todavía la de otros ganando más, igual o menos, es tener sus réditos políticos. El contribuyente es el sujeto principal en este conjunto de participantes pues es quien paga para recibir servicios que él no puede conseguir absoluta o relativamente por sí —como los de defensa, seguridad, educación, justicia y otros por el estilo—. Es lógico que espere la defensa de aquellos agentes a quienes ha dado su confianza política —el voto—. Y éstos tienen claro el mensaje y se hacen el espacio para cumplir enteramente el mandato o llevarlo adelante parcialmente con la simultánea aceptación de parte de los reclamos de los funcionarios. Tratan así, también los agentes, de maximizar su utilidad para evitar quedar descolocados políticamente.

Aunque todas las partes pueden no alcanzar lo deseado, al final de la contienda presupuestal probablemente sean los contribuyentes de impuestos quienes tengan el peor resultado. Es esa la evidencia empírica, en particular la de los últimos dos años luego de una instancia similar a la que se presenta en la actualidad. Los ajustes tributarios desde mediados de 2016 se han traducido en un aumento en dólares del 18.5% de los ingresos del organismo recaudador no obstante el bajo crecimiento de la economía contributiva, un monto explicado en buena parte por ajustes tributarios sucesivos que no se han traducido en un mejor resultado fiscal. El déficit sigue siendo superior al aumento de la recaudación y ello preocupa en general pero en particular a los contribuyentes. Ven que los ajustes para evitar déficits mayores vienen siempre por el lado de la mayor presión fiscal y nunca por el abatimiento del gasto. Es cierto que el denominado "gasto endógeno" por parte de la conducción económica es alto y nada manejable una vez creado. La endogeneidad se debe a los mandatos legales que llevan a la revisión automática al alza de manera similar a la inflación, al aumento de los salarios nominales y a la devaluación del peso. No debemos olvidar que el gasto público debe ser parte de la política fiscal que por naturaleza es exógena, manejable por la conducción económica para solucionar desequilibrios macroeconómicos y que hoy no lo es porque buena parte del gasto se ha vuelto endógeno por la injustificable contratación en diez años, en plena revolución digital ahorradora de mano de obra, de varias decenas de miles de funcionarios para la administración. El aumento de los impuestos ha sido más para contratar que para hacer más equitativa a la economía lo que podría apuntar a un claro objetivo electoralista.

Los ajustes tributarios más recientes no han logrado cubrir el aumento de gastos ocurrido simultáneamente y ya se ha lanzado desde sectores de izquierda, la recomendación clásica de aumentar impuestos al ingreso y a la riqueza para dar satisfacción a las demandas presupuestales y, además, para mejorar la equidad. No se menciona el costo de esos impuestos para la economía por un lado ni los beneficios que se han logrado con el aumento de la recaudación por los ajustes anteriores ni los que aportaría un nuevo incremento de la presión tributaria. Los denominados impuestos directos al ingreso y a la riqueza- han pasado de representar el 13% de la recaudación de la DGI en 2005, al 45% en la actualidad. La persistencia de los reclamos por aumentos de esos impuestos implicaría que los beneficios logrados no han sido los esperados. Mantener el mismo sentido para alcanzar los propósitos no concretados no parece ser lo más adecuado al observar el alto costo de incrementar impuestos directos: el ingreso disponible para consumir, ahorrar e invertir por parte de empresas y personas se ha deprimido y trascienden cada vez menos la etapa del consumo. El ahorro ha mermado y la inversión, a pesar de los estímulos oficiales, ha declinado considerablemente lo que se ha reflejado en la producción y en el empleo. Todo hace recomendable frenar el gasto endógeno, ajustar a la baja al exógeno y dejar de ajustar por el lado de los aumentos en la presión fiscal.