OPINIÓN

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Hace dos columnas, utilicé los de lucro cesante y daño emergente, para hablar del legado de Vázquez a Lacalle Pou. Ahora acudo al de “no innovar”, para referirme a la actitud que debería adoptar el gobierno saliente en estos casi cien días. Claro está que, si hubiera situaciones imprevistas, sería razonable que adoptara decisiones extraordinarias. De todos modos, ante un caso así, sería plausible que ello ocurriera en consulta con el gobierno electo.

No innovar es una medida cautelar mediante la cual se busca preservar la inalterabilidad de cierta situación, mientras transcurre un determinado proceso. O sea, aplicándolo a nuestra transición, que el gobierno saliente no haga cosas diferentes a las habituales durante el interregno en curso.

Si bien el concepto es de aplicación general (designaciones, contratos, entre otros casos) pienso, desde mi visión macroeconómica, en dos temas que entiendo relevantes: uno, la situación en el mercado de cambios y la pérdida de reservas del BCU para evitar la subida del dólar; dos, el habitual aumento general de las tarifas públicas en enero. Hay un tercero, que surgió imprevistamente: la medición del déficit fiscal.

Primero, la situación en materia cambiaria. Ha sido política del gobierno saliente amortiguar los movimientos del tipo de cambio en ambos sentidos, con la consiguiente variación del stock de reservas del BCU. Si el gobierno está convencido de que ese es el procedimiento correcto, debe mantenerlo hasta el cambio de autoridades, y los primeros días tras la elección muestran que así sucede, que no se innova. Máxime cuando el gobierno electo anunció que mantendrá esta política.

En los primeros 11 meses del año, las reservas propias del BCU cayeron de US$ 7.029 millones a US$ 4.768 millones para abastecer un claro cambio de portafolio que incluyó una importante reducción en el stock de letras para regulación monetaria. Casi la mitad de las reservas idas se fueron mediante ventas directas del Central en el mercado para amortiguar el aumento del tipo de cambio. No obstante, éste subió 17% en los primeros 11 meses, casi el doble que el IPC. Y en ese lapso, el tipo de cambio real mejoró un poco con Brasil y fuera de la región y empeoró un poco con Argentina, manteniéndose muy atrasado respecto al promedio histórico.

Segundo, las tarifas públicas, que están en el candelero. No innovar en este caso implica hacer lo de todos los eneros: subir las tarifas en función de los costos, que, en un país con precios y salarios subiendo al 8% y con el dólar subiendo al 17%, no es poca cosa. Sin embargo, el gobierno decidió no hacerlo en esta oportunidad. Está innovando y lo hace mal, porque compromete aún más las escuálidas finanzas públicas.

Es cierto que el gobierno electo ha venido gritando a los cuatro vientos que bajaría las tarifas de la energía. Pero no dijo que lo haría enseguida de asumir y, además, no incluyó en esa política a las de agua y telecomunicaciones. En todo caso, el gobierno saliente debió poner sobre la mesa de la transición este tema antes de darlo por decidido.

¿Qué ocurrió en enero pasado? Con una inflación de 7,96% en 2018, según los datos del IPC en enero Antel subió 5,7%, OSE subió 7,8% y UTE subió 5,7%. Ancap no subió, pero lo había hecho en julio de 2018 en 7,0%. Por otra parte, a lo largo de 2019 (10 meses) el resultado de Antel pasó de 126 a 140 millones de dólares, el de UTE pasó de 184 a 95 millones y el de Ancap de -63 millones a cero. Son datos del MEF, con criterio fiscal y no contable, e incluye dividendos transferidos al Gobierno (en Antel y UTE) y variación de stocks (en Ancap). Claramente, hay un deterioro importante en UTE y un resultado insuficiente en Ancap. Curiosamente, las dos empresas a las que el gobierno electo anunció que le bajaría sus ingresos.

Tercero, también se ha innovado en la medición del déficit fiscal. En octubre el MEF imputó en la cuenta de intereses una “ganancia” de 0,3% del PIB atribuida a la operación de deuda de comienzos de ese mes. Además de innovar, el MEF actuó de manera asimétrica. La “razón” de tal asiento contable radica en la emisión de bonos por encima de la par, pero en cambio no se restaron los bonos rescatados también por encima de su valor nominal. Entiendo que no debió imputarse ganancia alguna, pero en todo caso debió considerarse el saldo neto de la operación, que el MEF estimó en US$ 87 millones, casi la mitad de los US$ 158 millones que se dieron como ganancia. Ese 0,3% del PIB no es en modo alguno un ingreso recurrente, además de ser por lo menos discutible. Por lo que, al igual que la variación de stocks en Ancap, los movimientos del FEE o lo referido al FSS, debe ser excluido de la cuenta a la hora de conocer la verdadera situación fiscal y su tendencia.

Dicho sea de paso, en el próximo mes de octubre, cuando salga del año móvil este insólito asiento contable, el déficit en su medición oficial habrá de saltar en ese 0,3%.

A todo esto, haciendo cuentas y separando la paja del trigo, el déficit fiscal en los 12 meses a octubre volvió a ubicarse en 5,1% del PIB. Que, de no efectuarse el aumento anual de tarifas públicas, deberá incrementarse en 0,7% del PIB, pero que, de hacerlo el gobierno electo, tras asumir, podrá reducir el “daño” a no más de 0,2% del PIB.