OPINIÓN

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Tanto desde la academia como desde la opinión especializada, desde hace tiempo se ha venido señalando la necesidad de perfeccionar su gobernanza, aplicar decididamente lo que indican las entidades regulatorias —hoy en la práctica empalidecidas por decisión política— y llevar las tarifas hacia los promedios internacionales vigentes. El debate constata que, en su fijación, operan decisiones del gobierno de usarlas como entes recaudadores sin control parlamentario, la vigencia de subsidios cruzados entre productos, fruto de obligaciones legales o decisiones de las propias empresas.

Con ello se ha derribado la virtud de los precios de transmitir correctamente las señales para un uso eficiente de los bienes, en este caso los energéticos, que son cruciales para la competitividad de cualquier sociedad moderna.

Una de las propuestas para despejar tal escenario nocivo es que operen en régimen de competencia. Para el caso de los combustibles, es permitir su importación, para tener una referencia de mercado de cuál debería ser el precio justo.

Es notable ver las reacciones que ha desatado esa idea. En primer lugar, descubre la carga impositiva a las que estarán sujetos los derivados importados, para equipararlos por razón de justicia a los de producción local. También desnuda los subsidios cruzados entre productos, forzados para enjugar costos ocultos por razones regulatorias, para cubrir pérdidas por decisiones empresariales o para cumplir objetivos sociales que en la práctica se han desdibujado. Y lo que es peor, al constatarse su magnitud se confirma su efecto sobre la asignación adecuada de recursos.

Enfocándonos en las reacciones, es interesante ver el celo de las jerarquías de Ancap y del gremio de sus funcionarios defendiendo el monopolio de la refinación, fundamentando que no hay condiciones para que otros operadores participen en el mercado por cuestiones de escala o carencias en la logística de almacenamiento y distribución. O que dada su posición predominante, podría dejar fuera de mercado a un potencial competidor, instrumentando subsidios cruzados entre productos, lo cual si esa versión es cierta es un hecho grave. Pero además agregan, con razón, que están obligados por ley a mezclar biocombustibles en sus refinados, lo que en realidad solo sirve para mantener un emprendimiento agro industrial como ALUR, cuya justificación pertenece a otra realidad tanto de la agropecuaria nacional como de la relación de precios entre el petróleo y los granos. Como también, a subsidiar el precio del supergás (22%), para cubrir un objetivo destinado a los segmentos de bajos ingresos, pero que hoy se convirtió en un combustible de uso generalizado por las capas medias y altas, inducido por su precio artificialmente bajo. En tanto, somos excedentarios en electricidad generada con fuentes renovables y cobrada al consumidor a precios por encima de sus costos y frenando así su uso más intensivo.

En ese enredo de precios distorsionados, opera el subsidio al gasoil para el transporte colectivo de la ciudad de Montevideo que se financia con una tasa que paga el usuario de ese insumo estratégico a lo largo y ancho del país. A ello, debemos agregar el subsidio a la nafta usado por la flota de taxímetros, como estimulo para “dieselizar” su parque automotor.

Esto permite concluir que dada la complejidad del tema, no se resuelve con la eliminación del monopolio de Ancap en la oferta de refinados, si no que es necesario corregir distorsiones generadas por el marco legal que llevan a subsidios cruzados entre productos o usuarios del mismo producto. Si es como afirman las autoridades de Ancap que este en los hechos es un monopolio natural, dado que por razones de escala excluye a otro competidor, entonces corresponde regularlo por una entidad independiente para que sus precios converjan al de una operativa en régimen de competencia.

Por supuesto que también corresponde liberarla de la obligación de sostener entidades ajenas a su giro como ALUR y el portland. Ambas agregan costos que distorsionan las tarifas. Y si la sociedad decide mantenerlas, debe hacerlo con una transferencia directa de Rentas Generales.

Algo similar debe aplicarse con los subsidios de índole social como el supergás. Estos deben destinarse a la población de menos recursos, y financiarse a través de rentas generales.

Los subsidios al transporte público montevideano no pueden financiarse con un impuesto implícito de carácter nacional, aplicado sobre un insumo estratégico como el gasoil. También implica evaluar la eficiencia de la flota, su paramétrica de costos para la fijación del boleto, así como la red de recorridos.

Por último, el debate también descubre que toda la cadena logística de distribución está hiperregulada, lo cual acuna ineficiencias que se traducen en mayores costos. Todo lo cual confirma que estamos ante una realidad compleja, que de no resolverse, atasca al potencial de crecimiento del país.