La previsión social ha retornado como tema central de la discusión pública. Los fondos de retiro de los Profesionales, el BPS-AFAP, y el fondo militar son centro de polémica.

En medio, el BCU hace poco redujo la tasa de interés con la cual se calcula la renta vitalicia de quienes se retiran y, ahora publica nuevas tablas de mortalidad adecuando las vigentes a la realidad.

No comprendo por qué el BCU debe obligar a las compañías a hacer los cálculos con una única tasa de interés y una única tabla de mortalidad. Debieran ser las compañías las que, en función de sus estudios técnicos determinen una u otra y, el BCU, en su carácter de agente de regulación y control de aquellas, exigir que sus estados financieros tengan los indicadores de solvencia necesarios para cumplir con la obligación. Es claro que para ello el BCU tendrá sus propias tablas de mortalidad y evaluará la solvencia para cumplir con los pasivos en función de cierto retorno de los activos, pero las compañías de seguros no sólo tienen pasivos por este tipo de renta vitalicia y, por tanto, la evaluación es global.

También es cierto que hoy día la única empresa que brinda una renta vitalicia en los términos de haberes de retiro pensionario (artículo 67 de la Constitución) es el BSE, básicamente porque no existen activos financieros en una moneda que "calce" con la obligación.

La esperanza de vida crece en el mundo entero, y Uruguay por el momento integra el planeta tierra, desde hace ya casi dos siglos. El avance es constante, aunque, en términos de variación anual "lento". Por tanto, lo razonable es que las tablas de mortalidad sean esencialmente dinámicas adecuándose cada poco tiempo. Con (afortunadamente) el aumento del tiempo de sobrevida, si el fondo disponible es el mismo, ello conlleva a una disminución del dinero disponible por cada mes. Matemática pura.

Al fenómeno anterior se suma un hecho novedoso de la coyuntura y es que las tasas de interés de mercado son de las mínimas conocidas, al menos en los mismos dos siglos, lo que naturalmente disminuye el fondo de ahorro de las personas. Otra vez mera matemática.

Dejemos de lado este último factor —bajas tasas de interés—, el cambio en las tablas de mortalidad nos está señalando, independientemente si el sistema es de reparto o capitalización, que sus parámetros deben sufrir ajustes. Éstos son: la edad mínima de retiro, los años de cotización, la tasa de aportación y la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que se abona como pasividad).

De alguna manera hay que aumentar el fondo de dinero acumulado antes que empecemos a gastarlo o gastar menos después. Implacable la matemática.

Si todos nosotros vivimos más, sucede que llegamos a determinadas edades, que antes eran de retiro, en un estado de salud tal que no estamos para el retiro. Es más, los médicos nos recomiendan no dejar la actividad, al menos por completo.

En los hechos, la edad efectiva media de retiro por causal vejez es prácticamente 64 años para las mujeres y casi 65 años para los hombres. Lo anterior no quiere decir que no haya situaciones especiales que contemplar, si las hay, pero no son la norma.

A partir de una ley de octubre de 2008, el PE introdujo cambios en la legislación, como la reducción de 35 a 30 de los años requeridos para acceder a la jubilación de vejez común; aunque en este caso se redujo la tasa de reemplazo, otorgó una especie de "ley madre" con bonificaciones de años de servicio por hijo y flexibilizó las condiciones de acceso a la prestación de edad avanzada. Sin embargo, estas modificaciones entiendo no son la principal razón del deterioro que muestran las finanzas del BPS, sino una resolución interna del organismo donde vuelve a admitir el testimonio como prueba de años de servicios. Los casos de "testimonios cruzados" son comunes. El costo de todo lo anterior, a juzgar por la evolución en los montos de pagos de pasividades, se acerca al 0,8% del PIB anual.

Algo de lo anterior explica el tema de los "cincuentones". En efecto, los cálculos indican que si se jubilaran a los 64 años, no tendrían ningún "perjuicio". Es más, personas que como fue pensada la ley deberían aportar no menos de 25 años al régimen de ahorro, resulta muy difícil que reciban menos haber por el nuevo sistema. Ahora, si se alteran los parámetros y se les habilita a tener 5 años menos de aportación, conjuntamente con un cambio de las condiciones de los mercados, las cosas cambian.

Las "soluciones" planteadas en este caso aumentan la deuda implícita del país, además de constituir una irresponsabilidad desde el momento que se dice que, al tomar el dinero del fondo acumulado, para el fisco por los primeros años no le significa "costo", ¿y el resto de los años, qué es? De hacerse nos pone, al menos cualitativamente, en el mismo problema que teníamos 20 años atrás.

La iniciativa para introducir cambios a la legislación es, según nuestra Constitución, privativa del PE. Es momento de asumirla y plantear un período de transición razonable, relativamente "indoloro", antes que sea tarde y haya que hacerla de una manera mucho más brusca. Subir las edades mínimas de retiro y los años necesarios para acceder el beneficio es la solución más razonable en el mundo moderno, de lo contrario habría que, o bien reducir el haber jubilatorio (no parece buena solución), o subir los impuestos (presión a una olla de elevadas cargas sobre el trabajo).

La realidad ya nos muestra que las personas dilatan su retiro. Es cuestión de reflejar la verdad.

ISAAC ALFIE