OPINIÓN

No es soplar y hacer botellas: empresas públicas y promesas

Una de las promesas recurrentes en la actual campaña electoral, se refiere a que desde el año que viene habrán de bajar los precios de bienes y servicios provistos por empresas estatales, en particular los de Ancap y UTE, que están claramente por encima de los vigentes en países del vecindario. 

Palacio de la Luz. Foto: El País
Palacio de la Luz. Foto: El País

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Veamos qué nos dicen los últimos números “fiscales” (no contables) de ambas empresas, en los 12 meses finalizados en febrero, según datos del MEF.

Ancap tuvo ingresos por US$ 2.832 millones, y gastó en compras de bienes y servicios (principalmente petróleo) 1.779 millones. Pagó remuneraciones por 76 millones, intereses por 19 millones y realizó inversiones por 32 millones (la mitad, por acumulación de stocks). Pagó tributos a DGI y BPS por US$ 983 millones y tuvo un resultado negativo de 56 millones.
Por lo tanto, su “contribución fiscal total” (sumando tributos y resultado) fue de US$ 926 millones, o sea el 32,7% de sus ingresos.

UTE tuvo ingresos por US$ 2.002 millones y su principal rubro de egresos, las compras de bienes y servicios, alcanzaron a 831 millones. Pagó remuneraciones por 190 millones, intereses por 55 millones y realizó inversiones por 221 millones de dólares. Esta empresa pagó tributos (DGI más BPS) por US$ 559 millones y tuvo un resultado “fiscal” de US$ 146 millones. Este resultado es consecuencia de aportes de dividendos al gobierno por 335 millones, otras transferencias al gobierno por 48 millones y un saldo negativo de 236 millones de dólares (en definitiva, transfirió al gobierno un monto muy superior, 2,6 veces, al de su resultado).

Se puede ver, por un lado, que su resultado (146 millones) representa un 7,3% de sus ingresos y por otro, que su “contribución fiscal total” (sumando DGI, BPS y dicho resultado) fue de US$ 705 millones, lo que representa el 35,2% de sus ingresos.

Cabe señalar que la cifra de compras de bienes y servicios incluye el costo de generación de electricidad de las diversas fuentes que se utilizan. En particular, incluye el pago de los contratos por compra de energía eólica, aún cuando no toda esa energía sea tomada efectivamente. La inversión en eólica se adelantó algunos años al crecimiento de la demanda y hoy hay excedentes que se están pagando de todos modos.

Viendo los números anteriores no es fácil estimar cuánto se podría ahorrar de modo de destinar recursos a una eventual rebaja de tarifas, lo que sí es evidente es que no se trata de cifras siderales como se ha manejado o de tal magnitud que permitan rebajas reales significativas en las tarifas en cuestión.

En el caso de Ancap se sabe que se paga a ALUR, por su producción, bastante más que un precio internacional, y también se sabe que hay otros negocios secundarios (como el del cemento) que son perdidosos. ¿De cuánto dinero hablamos? Quizá de algunas decenas de millones de dólares, claro, siempre que se decida terminar con la producción de ALUR y deshacerse de la empresa de cemento. ¿Y cuánto se ahorraría por importar en vez de refinar? Hay respuestas encontradas al respecto.

En el caso de UTE es aún menos trivial identificar posibles ahorros y creo que quienes fantasean con rebajas de precios no toman en cuenta el factor central de su costo alto y rígido: lo referido antes acerca de las inversiones en eólica.

Por cierto, no quiero creer que alguna de las promesas que se escuchan se pretenda cumplir bajando la contribución fiscal de estas empresas, en tiempos de déficit fiscal tendiendo a 5% del PIB.
De todos modos, aun suponiendo que se pudiera llegar en ambos casos a alguna cifra razonable de abatimiento de costos, no queda la impresión de que esas cifras permitieran una reducción considerable de las tarifas. El resultado de UTE fue alto hace dos años, pero ya no lo es y el de Ancap sigue siendo negativo.

Es claro que hay dos mundos posibles. Uno, en el que todo sigue como está en materia de diseño institucional y de gobierno en el sector de empresas estatales. Otro, en el que dicho diseño pasa a ser moderno, con unidades reguladoras fuertes e independientes, con precios determinados técnicamente por esas unidades, con una dirección profesional y no partidaria, abriendo su capital al mercado de valores, etcétera.

Si todo sigue como está, es difícil pensar que algo pueda cambiar. Se irán unos políticos y vendrán otros, con la misma función de utilidad de sus predecesores, que no es muy diversa a la que les rige desde siempre. Podrá haber algunos ajustes menores, pero no da para ser muy optimistas.
Y con un nuevo diseño en línea con lo descripto antes, seguramente se funcionará mejor, no habrá subsidios cruzados en las empresas, se sincerarán sus tarifas y ya no serán usadas para frenar al IPC o mejorar al fisco. Es posible que las empresas dejen de hacer cosas más propias de ministerios y que se voten leyes que asignen recursos presupuestales para tales cometidos (por ejemplo, subsidiar una región del país o una cierta actividad de producción).

Pero también deberán cumplir metas de retorno sobre activos o patrimonio que hoy están lejos de cumplir (¿cómo no pedirle a UTE o Ancap un retorno por el capital invertido en ellas, equivalente al costo de emitir deuda pública?). No es obvio que, aún en este mundo ideal, haya margen para grandes rebajas tarifarias.

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