JAVIER DE HAEDO

Cuando se envió el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento, el último día de agosto de 2015, el MEF estimaba en 14,6% el crecimiento económico que tendríamos en el quinquenio.

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Tras correcciones hacia abajo primero y hacia arriba después, en junio del año pasado (cuando se elevó al Parlamento la última rendición de Cuentas) esa estimación bajó al 11,0%. Transcurridos cuatro de los cinco años, acumulamos un crecimiento de sólo 6,4% y parece difícil que se pueda superar el 8% al cabo de este año. En estos cinco años hubo dos períodos de recesión: el primer semestre de 2015 y el segundo de 2018. Y llegamos a 2019 con dos motores apagados (inversión y exportaciones) y el otro menguando a pesar de un dólar todavía muy barato (consumo privado). Hay que ir hasta 2004 para encontrar una tasa de inversión privada menor a la del año pasado.

Si en vez de ver los componentes de la demanda agregada vemos el comportamiento de los sectores de actividad, nos encontramos con que entre los cuartos trimestres de 2014 y 2018 hubo dos sectores con comportamientos extremos: el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que crece 33% y el de la construcción, que cae 13%. Los restantes tienen subidas o caídas moderadas en el período de cuatro años. En particular, entre 2014 y 2018 las telecomunicaciones crecieron 53% mientras que el resto de la economía, en promedio creció menos de 1%.

En los cuatro años ya transcurridos del presente período se han perdido 45 mil empleos. La tasa de desempleo no ha subido mucho ni es muy alta (8,3% de la población activa en 2018) pero la salida del mercado de trabajo de miles de compatriotas que han bajado los brazos y ya no buscan empleo, ha jugado como un amortiguador. Si no fuera por ello, aquella tasa estaría en dos dígitos. En estos cuatro años, los salarios privados subieron 7,0%, más que el PIB y mucho más que el "PIB privado", lo que explica la evolución del empleo. Hay que ir hasta 2007 para encontrar una tasa de empleo más baja que la del año pasado.

Mientras tanto, la política monetaria cambiaria no ha impedido que, al mismo tiempo, se incumpliera la meta de inflación en tres cuartas partes del período, ni que el tipo de cambio real registrara nuevos deterioros, esta vez por el lado argentino. La inflación llegó a estar en dos dígitos durante seis meses en 2016. Dicha política está basada en metas sobre el crecimiento de los medios de pago (que tampoco se cumplen en la mayoría de los trimestres) pero también hay compras y ventas en el mercado de cambios. Tras la devaluación real del peso argentino ocurrida desde el año pasado, nuestro tipo de cambio real está entre 20% y 25% por debajo de los promedios históricos, tanto con Brasil como con Argentina, así como con los mercados identificados como fuera de la región.

En el caso del sector externo, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró el año pasado un déficit de 0,6% del PIB, mientras que el saldo del financiamiento externo (saldo de la cuenta corriente más inversión extranjera directa) fue de -2,1% del PIB. El saldo de la cuenta corriente mejoró a lo largo del presente período de gobierno, de la mano de una mejoría significativa en el ahorro neto del sector privado, que es positivo y se encuentra entre tres y cuatro puntos del producto. Con un ahorro bruto del sector privado que se ha mantenido relativamente estable, aquella mejoría obedece a una fuerte reducción de la formación bruta de capital fijo privada, que el año pasado fue de apenas 12,5% del PIB.

En materia fiscal tampoco se cumplieron las previsiones de la ley presupuestal de 2015. En ellas se proyectaba que el déficit fiscal bajaría linealmente a lo largo del quinquenio desde el 3,5% de 2014 hasta el 2,5% en 2019, a razón de dos décimas anuales. Como se sabe, en 2018 el déficit fue de 4,1% del PIB y este año se encamina a paso firme al 5%, lo que sería coherente una vez más con la "regla fiscal uruguaya" que consiste en un deterioro de 1,4 puntos porcentuales del PIB entre los años tercero y quinto (fue 3,5% del PIB en 2017).

Consistentemente con lo anterior, tampoco se cumplieron las metas en materia de deuda pública establecidas en 2015. Entonces, con una deuda neta (sin contar a los encajes bancarios entre los activos) de 33,7% del PIB, se previó que al cabo de 2018 y 2019 se ubicaría en 37,8% del PIB. Sin embargo, el año pasado ya cerró arriba de esa previsión, en 41,1% del producto. Para el final de este año, con más déficit, más devaluación real promedio anual, menos crecimiento económico y una deuda algo más dolarizada, cabe proyectar dicho indicador hacia el 45% del PIB. En los últimos cuatro años la deuda neta subió en US$ 5.324 millones, a pesar de verse atenuada por un efecto positivo debido a los cambios en las paridades, del orden de los US$ 2.300 millones. Pero la acumulación de déficit fiscales anuales considerables ha resultado en un impacto significativo sobre la deuda en el período.

En definitiva, estamos ante un panorama en el que dominan las sombras sobre las luces al cabo del penúltimo año del período, cuando entramos en un año electoral con considerables inconvenientes locales y en el vecindario, atenuados por la flexibilización monetaria del Hemisferio Norte.