Mucho se ha discutido acerca del protocolo de soja firmado con China por el gobierno. Además, su comunicación ha sido tan mala que se estableció una inquietud muy grande entre los productores, que sostienen haber perdido nada menos que US$ 58 millones por culpa del protocolo y del gobierno.

Me apresuro a señalar que no necesariamente es así; el gobierno cometió muchas torpezas pero no es la causa última de ese mal; que las declaraciones oficiales enredan todo pero que las causas del problema son repartidas y, sobre todo, hay que trabajar para enmendar lo que se pueda.

Hace ya algunos años que los chinos se vienen quejando de algunos "defectos" en nuestras cargas, que incumplían algunas de las exigencias de recibo de la soja en ese país. Me refiero a malezas prohibidas, a la aparición de granos que en realidad eran semillas curadas, etc. Se trata de problemas que justificaron que nuestros principales compradores demandaran una mayor severidad en las condiciones de embarque, que en algún momento deberían someterse a un protocolo. En octubre pasado, se firmó este protocolo que contiene básicamente las mismas exigencias que ya eran obligatorias como condiciones de recibo, muy severas en lo que a malezas prohibidas se refiere. Pero agregó alguna cláusula sobre la responsabilidad del embarque que no cumpliera las exigencias, extendiendo esta responsabilidad y sus sanciones —que antes acababa en el barco por venderse FOB— mucho más atrás en la cadena comercial. Parto de la base de que las malezas prohibidas lo están dentro de los límites del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC, o sea que lo que se prohibe a los vendedores es también exigido a los ofertantes chinos respetándose así la cláusula de trato nacional. Parto de la base también que el protocolo firmado verifica el principio de no discriminación, es decir que las exigencias se extienden a todos los demás países. Precisamente otros exportadores como Bolivia, Argentina o Brasil no han firmado absolutamente nada hasta ahora —este tema hay que seguirlo de cerca— lo cual no quiere decir que no tengan que cumplir ellos también las exigencias de notoriedad, solo que en un estatuto diferente y más laxo.

Algunas estimaciones de una asociación de productores sitúan su pérdida de este año en muchos millones de dólares, en parte por el costo de todas las limpiezas previas que se han debido implementar, pero sobre todo porque a partir de esta zafra la diferencia en menos del precio de la soja respecto del de Argentina, se incrementó en forma significativa. Este menor valor que pagan los exportadores —cuya causa los productores atribuyen a la firma del protocolo— se debería a una especie de seguro que tomarían en los hechos, para cubrir la posibilidad de pérdidas por eventuales sanciones de los chinos en la aplicación del protocolo.

Todo parece indicar que el MGAP no se equivocó. Puede achacársele que firmó con algo de apuro o falta de comunicación con los interesados, pero estos tampoco pueden alegar desconocimiento. Por otra parte, algunos pueden sostener que el MGAP firmó lo que ningún otro país hizo hasta ahora. Pero para esta objeción, las fuentes oficiales señalan que no hubo chance de no firmar. Si bien esto puede llamar la atención —que solo nosotros seamos exigidos a firmar— no le hago el agravio a las autoridades de calificarlas de mentirosas. Además debe quedar claro que las exigencias, si bien son más duras en el incumplimiento y en la determinación de responsabilidades, lo son para todos con o sin protocolo. Por otra parte, de transcurrir esta zafra sin contratiempos, ese menor precio que atribuyen al seguro implícito por la eventualidad de un rechazo, debería disminuir. Por tanto, mi sugerencia es dejar pasar el tiempo antes de disparar una gran alarma, para saber si esa diferencia se achica producto de un menor valor de la "prima", o bien por la competencia entre compradores, o porque no parece sostenible que solo Uruguay cargue con este problema.

El error de las autoridades es haber presentado en sus declaraciones algo que dicen era obligatorio, como una oportunidad de diferenciación de nuestro producto. Verificado ahora que el precio no recoge nada de eso sino probablemente ocurra al revés, están en una posición desairada. En realidad la diferenciación —o su opuesto la comoditización— no son materia de política pública como con frecuencia lo cree el MGAP. Es lo mismo que ocurre con la trazabilidad obligatoria: al gobierno se le ocurre que diferenciar algo es motivo suficiente para ganar más dinero, y así lo convierte en obligación y por tanto materia de política agrícola. En realidad, los atributos de la calidad, mayor o menor, pertenecen al ámbito voluntario, no del gobierno. A éste le pertenece dotar al marco general de los negocios certeza, previsibilidad, y a la ecuación económica la mayor transparencia posible desde la competencia, la no intromisión, la reducción de las cargas fiscales o de cualquier naturaleza. Los negocios son de los privados, sus estrategias les pertenecen, y el gobierno no tiene nada que imponer. Por eso en este caso hubiera sido mejor que señalara que estuvo obligado a firmar, y que velaría por el cumplimiento de las cláusulas de trato nacional y de no discriminación y nada más; olvidando la equivocada diferenciación, y señalando el cumplimiento obligatorio de mínimos.

Lo que queda ahora es la evaluación, la protesta, una mejor negociación, que me quedan dudas si el MGAP o la Cancillería tienen el personal idóneo en un tema complejo. Y esperar un poco. En definitiva, si no había alternativa a firmar no hay nada que controvertir, más allá de cuestionar declaraciones ministeriales entreverando lo público y lo privado. Si en cambio había alternativas a no firmar y se apuraron a hacerlo, se tendrían que ir todos…

JULIO PREVE FOLLE