Opinión 

El próximo gobierno heredará un déficit fiscal de más de 5% del PIB, que deberá reducir con cierta rapidez, de modo que la deuda pública converja a un sendero de sostenibilidad y se pueda mantener el grado de inversión.

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Sería deseable que ese ajuste fiscal, que en un principio debería llevar al déficit a 2,5% del PIB, se realizara mediante reducciones de gastos originadas en una mejor gestión de los recursos públicos y en reformas estructurales, como la reforma previsional.

Pero eso no será posible en lo inmediato. Los números de 2020 ya estarán “jugados” cuando asuma el gobierno y éste recién podrá producir ahorros relevantes (y con cierta gradualidad) desde 2021, con la vigencia de la nueva Ley de Presupuesto.

Por lo tanto, al asumir, el gobierno deberá plantearse el aumento de impuestos, que podrá ser transitorio si confía en lograr ahorros suficientes en un plazo razonable. La alternativa es el abismo, y en éste se la pasa peor que con más impuestos, especialmente los más pobres.

Quienes ilusionan a la sociedad con que el esfuerzo que se requerirá para resolver la situación fiscal actual será leve, están jugando con fuego: cuanto más insistan en esto ahora, mayor será la decepción en 2020, lo que no será inocuo para quien gobierne, en términos de popularidad, credibilidad y gobernabilidad.

En lugar de dejarse llevar por esos cantos de sirena, recomiendo atender lo que están diciendo destacados colegas que se desempeñan en el ámbito profesional y no partidario.

Mi punto de vista es positivo y no normativo: yo creo que el aumento de impuestos será inevitable, aunque desearía que no fuera necesario, dado el enorme peso que ya tiene el presupuesto. Por eso es clave que, si se concreta, no sustituya a los esfuerzos por bajar el gasto y mejorar la gestión pública, sino que sólo sea un puente hasta que ello se logre.

Los números 
Veamos los números de los ingresos del sector público (Gobierno Central más BPS), y comparemos 2006 (antes de la reforma tributaria) con 2018.

Se destaca: uno, el fuerte aumento de los ingresos, que pasan de 27,0% a 30,6% del PIB; dos, el aumento de los ingresos del BPS, por mayores aportes al sistema de salud (universalización del Fonasa) y al sistema previsional (mayor cantidad de aportantes); tres, en la DGI aparece la imposición a la renta personal (IRPF más IASS) con 3,8% del PIB, sube la imposición a la renta empresarial (0,2 puntos) y bajan el IVA (0,7 puntos) y el resto (2,1 puntos).

Por otro lado, destaco que el IVA, siempre muy denostado por la izquierda, sigue representando más de la mitad de la recaudación de la DGI (9,2 puntos del PIB sobre 18,0) y el 30,0% de los ingresos totales del sector público.

Las reformas
En 1974 Végh hizo una gran reforma tributaria, introdujo al IVA como centro del sistema, un impuesto neutral en la asignación de recursos y sin el sesgo anti exportador que tenían los impuestos dominantes hasta entonces. El sistema tributario resultó simplificado, y ganó en generalidad y neutralidad. Végh se basó en el principio de que con cada instrumento de la política económica se debe buscar uno y sólo un objetivo. Y los impuestos están para recaudar de la mejor manera: lo más posible e introduciendo los menores costos y distorsiones que sea posible. Végh no introdujo el IRPF pues pensaba que, de hecho, el IVA, con exoneraciones y tasas diferenciales, complementado por el Imesi, cumplía esa función. Y sostenía que, en un país con escaso ahorro, éste no debía gravarse.

En 2007, Astori hizo una nueva reforma tributaria en la que introdujo la imposición a la renta personal y también buscó simplificar el sistema, bajando el número de impuestos. Acertadamente, mantuvo al IVA como centro del sistema tributario.

El IVA 
Para Végh, que lo introdujo, era el mejor impuesto. Y para Astori, que lo critica (“es uno de los impuestos más injustos que hay”, reiteró en estos días) algo de bueno tendrá, porque por algo lo redujo sólo marginalmente y lo mantuvo como centro del sistema.

Desde la izquierda se critica al IVA por su “regresividad”. El gran error que cometen consiste en ver al IVA como si fuera el único impuesto y, más aún, el único instrumento de la política fiscal.

Pero la progresividad o la regresividad de ésta deben verse en su totalidad y no en forma aislada en cada uno de sus instrumentos. Debe usarse cada uno de ellos para lo que hace mejor: los impuestos para recaudar y el gasto público para redistribuir.

Además, aun quedándonos sólo con los impuestos, el sistema ha ganado en equidad desde que se introdujeron el IRPF y el IASS.

En este contexto, el inevitable aumento de impuestos del año próximo debería tener como eje al IVA, mejorándolo: reduciendo sus exoneraciones y perforaciones, tendiendo a generalizarlo. Y, probablemente, también aumentando sus tasas. Hay quienes se quejan de que “tenemos el IVA más alto del mundo” y eso no es cierto. La tasa promedio del IVA no es su tasa máxima (22%). Como vimos, el IVA es el 9,2% del PIB, o sea el 9,2% del Valor Agregado Bruto en la economía.