OPINIÓN

¿Cuál será el nuevo contrato social de Brasil?

El período de la socialdemocracia brasileña, los dos mandatos de FHC y los cuatro del PT, generó cierta estabilidad a partir del crecimiento económico y, especialmente, de los avances institucionales. 

Foto: AFP
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Pero este período terminó en una profunda crisis, que fue el resultado del agotamiento de dos dinámicas independientes pero entrelazadas: el contrato social de redemocratización y el intervencionismo petista. La profundidad de la crisis se debió a esta asociación y a los excesos del intervencionismo sin precedentes, cuyo mayor símbolo fueron los más de US$ 100 mil millones que el Tesoro contribuyó al BNDES. Más alto, a precios de hoy, que todo el gasto del gobierno de EE.UU. en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

Independientemente de los excesos del intervencionismo petista, producido por la ideología de los economistas poco ortodoxos que lideraron la formulación de la política económica entre 2006 y 2014, el experimento socialdemócrata brasileño se agotaría. Podría reinventarse, pero esta es otra historia; La historia que no fue.

Pero, ¿cuál era exactamente el contrato? Es útil caracterizarlo para que sepamos dónde produjo agua. Además, ayudará a ver hacia dónde vamos. El argumento de la columna es que estamos a medio camino de construir un nuevo contrato, que incluso puede ser una reimpresión con ajustes al contrato socialdemócrata anterior. Además, argumentamos que una mayor aceleración de la tasa de crecimiento dependerá de un mejor diseño del nuevo contrato. Es el que producirá el horizonte para que la inversión regrese con más fuerza.

Por lo tanto, respondiendo la pregunta al comienzo del párrafo anterior, el contrato vigente en el período socialdemócrata de nuestra joven democracia tenía los siguientes elementos: crecimiento continuo del gasto público a tasas superiores a las tasas de crecimiento de la economía para satisfacer las demandas sociales (algunas expresadas en texto constitucional y otros decididos con el tiempo en el mismo espíritu que los anteriores); proceso continuo de elevar la carga impositiva aumentando los impuestos indirectos (al principio, elevando las tasas impositivas y luego aumentando los ingresos, así como el crecimiento de la economía, debido a la formalización y el auge de los productos básicos); libertad para que el Banco Central eleve la tasa de interés al nivel necesario para mantener contenido el proceso inflacionario. Un proceso largo y tortuoso desde la redemocratización nos dio en 1999 el contrato social de la redemocratización.

Estrictamente, estuvo en vigor sin mayores desequilibrios hasta 2010. Fueron, por lo tanto, de 11 años de plena vigencia. Los hitos principales de esta construcción resultaron: la Constitución de 1988; el plan real de 1994; la renegociación de la deuda estatal con el sindicato de 1997; el enorme aumento de la carga fiscal en 1999, que permitió la estabilización de la dinámica de la deuda pública; la adopción del régimen de tipo de cambio flotante y el establecimiento del régimen de metas de inflación en 1999; la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2000; y luego, el aumento el salario mínimo real durante todo el período, así como la creación y expansión de varios programas sociales.

El contrato comenzó a producir agua en 2011/2012, cuando la tasa de crecimiento de los ingresos públicos dejó de exceder el crecimiento de la economía y se volvió normal, es decir, igual al PIB.
Además, la sociedad dio señales de que no aceptaría nuevas rondas de aumentos de impuestos. La expresión aritmética del final del contrato fue la enorme "boca de cocodrilo" que se abrió entre el gasto público, que continuó creciendo a un 6% real por año, y los ingresos.

La crisis fiscal marcó una explosión en la deuda pública y un retorno a la inflación. El problemático proceso electoral de 2014 impidió que el sistema político aceptara la presidencia del PT como árbitro de la renegociación de contratos. No habría reconstrucción del contrato con el PT en la presidencia. Este es el significado profundo del impedimento de Dilma Rousseff. Con el PT en la presidencia, el sistema político nos arrojaría nuevamente a la inflación.

Con todas las dificultades de un gobierno no electo de Temer, y ahora con un presidente electo, Bolsonaro, que eligió no operar nuestro sistema político siguiendo el libro de texto y decidió innovar, estamos construyendo un nuevo contrato.

Aparentemente, hay una decisión de poner alguna limitación al crecimiento del gasto público. Esta es la Enmienda Constitucional 95. La reforma de las pensiones es un elemento importante para reducir el crecimiento vegetativo del gasto obligatorio.

Todavía hay un elemento muy desequilibrado en nuestro contrato, que son las obligaciones que el sector público ha asumido con los funcionarios públicos, especialmente los Estados, en las carreras de maestros y policías y similares, así como los gastos excesivos con las carreras de los tribunales judiciales, legislativos y de cuentas. .

¿Se resolverá este desequilibrio con nuevos aumentos en la carga tributaria? ¿O se volverá a contratar parte de los derechos esperados para los servidores actuales?

Finalmente, es necesario saber cómo se reformarán los impuestos y si se elevará la carga tributaria o si se cambiarán las bases. En la agenda, tenemos una reforma fiscal indirecta: PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, con el objetivo de simplificar y reducir el costo del cumplimiento. Pero esta agenda de reducción de costos de cumplimiento también debe promover el levantamiento de la carga sobre los servicios y la reducción de la carga sobre la industria y la agricultura.

Además, la reformulación del Impuesto sobre la Renta está en la agenda: posiblemente una reducción en la Renta Corporativa y la inclusión, de alguna manera, de dividendos en el Impuesto sobre la Renta de Individuos, con un aumento en la carga tributaria sobre regímenes especiales, Beneficios Presumidos y Simple. Posiblemente habrá una reducción de la contribución del empleador a la Seguridad Social, eximiendo el contrato laboral del tipo CLT.

Mientras estos elementos no estén mínimamente establecidos, es casi imposible para un empresario imaginar un flujo de caja futuro y ponerle un precio para calcular una tasa de rendimiento o similar.

Por lo tanto, una recuperación económica más fuerte, dependiente del retorno de la inversión, probablemente estará más adelante. Sin embargo, creo que con lo que tenemos hoy, es posible poner la economía en 2,5% durante algunos años a partir de 2020.

(*) Investigador Asociado en FGV IBRE (Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasileño de Economía).

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