En los últimos años, nuestro país ha cambiado significativamente en materia de seguridad pública, lo que ha tenido consecuencias negativas tanto en el plano social como en el plano económico, donde ha generado importantes pérdidas de valor.

En relación a este último punto, vale la pena formular al menos tres preguntas: 1°) si la seguridad pública ha generado una pérdida de valor económico para el patrimonio personal y para las actividades empresariales; 2°) si el problema de la seguridad requiere de un gasto público mayor por parte del Estado y 3°) si se justifica establecer un impuesto especial para solventar un mayor gasto en seguridad.

La semana pasada, fue noticia la concentración de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), a causa de las rapiñas a los camiones de reparto. Hace unos años, los camiones de reparto de bebida ingresaban a las zonas rojas con un policía sentado en la cabina y en horas tempranas de la mañana cuando la incidencia de la delincuencia es menor. Lamentablemente, las zonas rojas se fueron extendiendo y los vehículos de reparto de mercadería se fueron transformando en víctimas cada vez más atractivas para los delincuentes. Según expresara la FOEB a la prensa, entre febrero y lo que va de marzo de este año, hubo más de 20 rapiñas contra transportistas de la bebida. La solución parece sencilla, se deja de trabajar con dinero en efectivo o se organiza un sistema de cobranza con empresas de seguridad que visiten los más de diez mil comercios que hay en Montevideo. En cualquier caso, esto implica un costo económico importante para los comerciantes y para los distribuidores. En efecto, si se retira el efectivo de la calle, aquellos comercios pequeños que no pueden acceder al crédito o a otros medios de pago alternativos, quedarían fuera de la cadena de distribución. Al mismo tiempo, si el comercio debe ser visitado dos veces, una por el repartidor y otra por el cobrador, necesariamente se va a encarecer el costo de la distribución.

Otro ejemplo claro del impacto económico de la falta de seguridad, se ve en las estaciones de servicio, que actualmente le reclaman a Ancap que se incorpore en la paramétrica de costos el gasto necesario para contratar guardias de seguridad. En el mismo sentido, los mini mercados y pequeños almacenes, que tenían como diferencial ofrecer un horario de atención al público extendido, para poder competir con las grandes cadenas de supermercados, hoy se encuentran con el dilema de tener que cerrar más temprano por no poder afrontar el costo de un guardia de seguridad. Lo mismo sucede son los comercios gastronómicos que no cuentan con estacionamiento privado para sus clientes. Como es lógico, el mercado se va adaptando a esta realidad, con la consecuente migración de la clientela hacia los comercios ubicados en los shoppings y las grandes superficies, en perjuicio de los pequeños comerciantes.

En materia inmobiliaria sucede lo mismo. En algunos barrios residenciales la pérdida de valor patrimonial ha sido enorme y aun cuando pululan las garitas y empresas privadas de seguridad, la delincuencia sigue siendo la principal causa de pérdida de valor inmobiliario. Del mismo modo, los edificios han encarecido los gastos comunes para contratar servicio de guardia las 24 horas, cuando antes era suficiente con un portero durante el día que trabajaba 44 horas semanales. En materia turística, en las últimas dos temporadas se verificaron varios actos delictivos en los principales balnearios del país, lo que afectó uno de los principales atributos de nuestro país frente otros destinos turísticos de la región. Si bien no conocemos estudios económicos que hayan medido la pérdida real de valor de los inmuebles y los mayores costos y pérdidas de ingresos de determinadas actividades comerciales a causa de la inseguridad, resulta evidente que la seguridad es un factor económico cada vez más relevante.

En relación a la interrogante sobre si es realmente necesario incrementar el gasto público en seguridad, la respuesta parece obvia, aun cuando ha crecido en los últimos años. Si pensamos que en el año noventa, la población carcelaria no superaba los dos mil presos y que hoy en día, con prácticamente la misma cantidad de habitantes, la población carcelaria supera los diez mil presos, no caben dudas que el gasto en seguridad debe adecuarse a la magnitud del problema.

Pero no alcanza con aumentar la eficacia de la función policial en la prevención del delito y captura de los delincuentes, ya que teniendo una población carcelaria de diez mil personas y un índice de reincidencia cercano al 60%, solo con la reincidencia de quienes recuperan la libertad cada año tenemos un problema mucho mayor que el que existía en 1990. Las cifras ponen en evidencia que el problema de la seguridad pública, no pasa por la creencia popular de que los jueces son indulgentes y que los presos entran por una puerta y salen por la otra. Indudablemente, la delincuencia tiene una causa mucho más profunda. Por este motivo, el Estado debería aumentar del gasto público para ocuparse de quienes delinquen por primera vez, especialmente ahora que la ciudadanía ha resuelto no bajar la edad de imputabilidad. Naturalmente, el Estado tiene mayores probabilidades de incidir definitivamente sobre la conducta delictiva de una persona cuando se trata un primario y más aún cuando es menor de edad. Sin embargo, como las condiciones actuales de reclusión con las que cuenta nuestro país no son las adecuadas para una rehabilitación efectiva, muchas veces los jueces optan por entregar los menores a sus familias, antes que privarlos de libertad en un lugar donde seguramente acrecienten sus vicios. Pese a ello, la sociedad no está dispuesta a gastar más dinero en el sistema carcelario, sin darse cuenta que la pérdida económica —y por supuesto, humana— termina siendo mucho mayor que el gasto.

En esta última década, con el objetivo de simplificar el sistema tributario, Uruguay ha derogado una importante cantidad de impuestos con destinos específicos, concentrando la recaudación fiscal en los impuestos al valor agregado, las rentas (IRAE e IRPF) y el patrimonio. De esta forma, se dejó de lado una arraigada costumbre por la cual cada vez que había que atender un problema presupuestal puntual, se creaba un nuevo impuesto transitorio y con carácter extraordinario, que luego terminaba transformándose en permanente. Por ello, en teoría no se justificaría la creación de un impuesto especial, con un destino o afectación específica para atender el agudo problema de seguridad que tiene nuestro país.

La seguridad pública es un servicio que el Estado debe prestar a toda la sociedad por igual y por tanto, debería financiarse a través de impuestos generales y no de tributos específicos vinculados a una actividad concreta del Estado.

Sin embargo, en la medida que la inseguridad más allá de afectar a todos los ciudadanos por igual, impacta de manera distinta en la economía de las personas y sus empresas, podría analizarse la posibilidad de crear un impuesto destinado a financiar la seguridad, cuyo principio orientador no sea la capacidad contributiva, sino el beneficio económico que obtendrían algunos sectores de la sociedad. De hecho, una mejora sustantiva en la seguridad podría tener un efecto más beneficioso —desde el punto de vista económico— para ciertas actividades comerciales y para algunas personas y sus bienes, que para el resto de la sociedad. Seguramente, muchos comerciantes pagarían con gusto un impuesto destinado financiar seguridad, si además de garantizar la integridad física de los clientes y el personal, logran incrementar el flujo de clientela y se ahorran el gasto en seguridad privada.

En la misma situación estarían aquellos propietarios que deben incurrir en importantes y crecientes gastos de seguridad privada, que no son suficientes para frenar la delincuencia.

Salvando las diferencias, Colombia creó el impuesto de la seguridad democrática y otros países de Latinoamérica como Costa Rica y Honduras, han creado impuestos especiales para financiar el gasto creciente en seguridad pública. La situación que atraviesa nuestro país ameritaría al menos analizarlo en conjunto entre el gobierno y las Cámaras empresariales.

GONZALO RAMÍREZ