PAUL KRUGMAN

Los demócratas quieren fortalecer la red social de seguridad; los republicanos quieren debilitarla. Pero, ¿por qué?

La oposición del Partido Republicano a los programas que ayudan a los menos afortunados, desde los cupones de comida hasta Medicaid, suele estar enmarcada en términos monetarios. Por ejemplo, el senador Orrin Hatch, a quien se cuestionó sobre la incapacidad del congreso para tomar medidas en relación con el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP por su sigla en inglés), una parte de Medicaid que cubre a cerca de nueve millones de niños —y cuyo financiamiento federal expiró en septiembre— declaró que "la razón por la cual el CHIP está en problemas es porque ya no tenemos dinero". Sin embargo, ¿en verdad es un asunto de dinero? En los últimos años, cada vez es más evidente que el sufrimiento que genera la oposición republicana a los programas de red de seguridad no es un error, es una característica. El objetivo es causar dolor.

Como muestra de lo que digo, basta considerar tres historias sobre las políticas de atención a la salud.

La primera: la saga de la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La Suprema Corte permitió que los estados no entraran a esta expansión. Sin embargo, aceptar la expansión habría sido algo evidente para cualquier estado: en un inicio, el gobierno federal habría pagado todo el costo, e incluso a largo plazo habría pagado 90%, mientras tanto llegarían dinero y trabajos a las economías estatales.

No obstante, 18 estados —todos ellos con legislaturas controladas por los republicanos, gobernadores republicanos o ambos— siguen sin expandir Medicaid. ¿Por qué?

Por un tiempo, se podía argumentar que era una estrategia política cínica: la expansión de Medicaid fue una política de Barack Obama, y los republicanos no querían dar ningún éxito político a un presidente demócrata. Sin embargo, esa historia no puede explicar la resistencia continua de los estados a la idea de brindar cobertura de salud a miles de sus ciudadanos por un costo mínimo.

La segunda: el asunto de los requisitos de trabajo para tener Medicaid. Durante años, algunos estados han solicitado el derecho para obligar a los destinatarios de Medicaid a tener trabajo, y esta semana el gobierno de Trump declaró que les permitiría hacerlo. No obstante, ¿qué hay detrás de esta demanda?

La realidad es que la gran mayoría de los adultos que tienen Medicaid son de familias donde al menos un adulto está trabajando. Y una gran mayoría de los que no lo están haciendo tienen muy buenas razones para no ser parte de la fuerza laboral: son discapacitados, son cuidadores de otros familiares o son estudiantes. Es muy reducida la población que tiene Medicaid y que "debería" trabajar pero no lo está haciendo, y el dinero que podrían ahorrar los estados al negarles la cobertura es trivial. Y de los 10 estados que supuestamente buscan imponer los requisitos de trabajo, seis han aceptado la expansión de ACA Medicaid, es decir, que la mayor parte del dinero que podrían ahorrar al echar a la gente serían dólares federales, no estatales. Entonces, ¿de qué se trata esto?

Finalmente, el caso del seguro de salud para niños. Otra vez, el financiamiento federal expiró en septiembre, y millones de niños perderán pronto su cobertura si no se restaura ese apoyo. Así que, ¿qué le costaría al Departamento del Tesoro si el Congreso hiciera lo que debió haber hecho hace meses: restaurar el financiamiento? La respuesta, según la Oficina de Presupuesto del Congreso: nada. En realidad, menos que nada. De hecho, una extensión de 10 años en el financiamiento del CHIP serviría para que el gobierno ahorrara U$S 6000 millones.

¿Cómo es posible si en la actualidad el CHIP gasta en salud cerca de 14.000 millones de dólares al año? La clave, la cual quedó expuesta en el análisis de la oficina de presupuesto hace unos pocos meses, es que muchas (pero no todas) las familias cuyos niños están cubiertos por el CHIP podrían estar cubiertos de forma alternativa por un seguro privado subsidiado por medio de los intercambios de Obamacare.

Sin embargo, los seguros privados son bastante más caros que Medicaid, el cual utiliza su poder de negociación para mantener costos bajos (el costo de los seguros privados ha subido aún más ahora que los republicanos derogaron el mandato individual, con lo cual empeoró el fondo común de riesgos). Como resultado, los subsidios para los seguros privados terminarían costando más que la cobertura directa que tienen los niños en la actualidad por medio del CHIP.

Y no hay que creer que, porque muchos infantes remplazarán el CHIP con fuentes alternativas de cobertura, los niños estarán bien. Para empezar, un número significativo no obtendrá cobertura: la cantidad de niños sin seguro aumentará de manera sustancial. Además, los seguros privados, los cuales suelen incluir grandes gastos adicionales, son mucho peor que el CHIP para las familias de ingresos más bajos.

Así que, si los republicanos obstaculizan el CHIP, no se trata de dinero, como ocurrió con la oposición a la expansión de Medicaid y la demanda de requisitos de trabajo, es un asunto de crueldad. Empeorar la situación de los estadounidenses de bajos recursos se ha convertido en una meta por sí sola para el Partido Republicano de la actualidad, un objetivo que el partido está dispuesto a lograr a costa de gastar dinero y aumentar los déficit.