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Desde Rusia con muy poco amor: consecuencias económicas de la guerra

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Foto: Getty Images

TEMA DE ANÁLISIS

Cuando se alejaba el COVID, llegan nuevos shocks externos de la mano del conflicto bélico.

Tras veinte días desde el estallido del conflicto bélico ente Rusia y Ucrania que tiene en vilo al mundo, mucho se ha escrito y a esta altura cualquier análisis es a riesgo de sonar repetitivo. Hecha la aclaración, procuraremos una aproximación analítica que combine el impacto comercial directo con otros potenciales impactos de corto y mediano plazo.

En un primer nivel, asumiendo que el mercado ruso quedó clausurado, corresponde ver el grado de intercambio comercial entre Uruguay y Rusia (se deja de lado a Ucrania al ser prácticamente inexistente). El saldo en la balanza comercial bilateral con Rusia ha sido positivo en los últimos años, y en 2021 se exportaron mercaderías por unos US$ 113 millones. Una primera conclusión es que nuestra economía tendrá un menor ingreso de divisas en la medida en que las empresas exportadoras no logren compensarlo con mayores colocaciones a terceros mercados. De todos modos, no se trata de un monto significativo en comparación con los más de US$ 9.700 millones de exportaciones totales de mercaderías. Lo cierto es que la participación de Rusia en los destinos totales actualmente está en el orden del 1,2% y, a lo sumo, llegó al 5% en el correr de los últimos veinte años (gráfico 1).

Si bien se concluye que por este canal no habría daño macroeconómico, corresponde de todos modos identificar cuáles son los sectores proveedores por esos US$ 113 millones, y sobre todo el grado de concentración del mercado ruso en las ventas de dichos sectores. Básicamente los sectores son dos, y representan el 80% de las exportaciones uruguayas a Rusia: la industria láctea (en particular manteca y quesos) con un 42%, y la industria frigorífica (incluye subproductos como hígado y lengua de bovinos) con un 38%. Si bien hasta 2012 la industria frigorífica había tenido un mayor grado de exposición al mercado ruso, en los años siguientes se redujo de manera sostenida hasta alcanzar actualmente el 1,5%, lo que se explica por la creciente participación del mercado chino en las colocaciones de productos uruguayos. En el caso de la industria láctea, la exposición es algo mayor. De todos modos, cuando se abren las exportaciones lácteas a Rusia por proveedor, en el año 2021 se identifican seis empresas. La de mayor magnitud es Conaprole, cuyo grado de exposición al mercado ruso es relativamente bajo. Sin embargo, hay tres empresas con niveles de exposición más alarmantes siendo el caso más grave el de Calcar, con una participación de sus ventas a Rusia superior al 40% (fue pública y notoria la visita del Presidente de la República efectuada la semana pasada a Carmelo, donde fue abordado por los trabajadores de la planta para plantearle su situación crítica). En el caso de los frigoríficos, el nivel de exposición es muy reducido en la gran mayoría de los casos.

Ante este escenario, amén de algunos casos puntuales, el cierre del mercado ruso no generaría un impacto negativo de significación por el lado de las cantidades. Claro está que la demanda externa también puede verse afectada a través de un impacto económico negativo en segunda instancia, asumiendo que los países de la Unión Europea (que dependen fuertemente del gas natural ruso y representan cerca del 10% de las exportaciones uruguayas de bienes) se vean dañados. Habrá que aguardar algunos meses para evaluar si el conflicto llega a causar efectos recesivos en las restantes economías europeas. Por otra parte, el presente análisis no cubre el riesgo de que el conflicto pueda derivar eventualmente en una polarización comercial, económica y militar con un posible retorno a la era de bloques a nivel global, donde pudiera quedar en jaque el acceso al mercado chino. Sin duda, este escenario sería el más ominoso.

En lo inmediato, lo que más debe preocuparnos es el shock externo por el lado de los precios. Lo primero a entender es que los bienes se clasifican en transables (es decir, exportables e importables) y no transables (por su naturaleza no se importan ni exportan, como son típicamente los servicios). Mientras los precios de los no transables se ajustan ante desequilibrios en la oferta y demanda internas, los precios de los transables vienen dados por los precios internacionales y el tipo de cambio, en tanto que un desequilibrio entre la oferta y la demanda se canaliza por la vía de la balanza comercial.

Lo que está ocurriendo es que la guerra provocó la disparada de algunos precios internacionales. El caso más elocuente es el del trigo, donde la cotización saltó de US$ 290 la tonelada en los días previos al conflicto, a US$ 470 actual (gráfico 2). Es decir, un vertiginoso aumento de más del 60% en apenas diez días de operativa. El motivo de este aumento es muy sencillo: Rusia y Ucrania representan conjuntamente el 30% de la oferta mundial de trigo. Que Uruguay sea un país exportador, si bien naturalmente favorece al productor triguero, no evita que el precio interno se ajuste al alza por arbitraje con el precio internacional. De este modo, no debe llamar la atención que los molinos hayan anunciado un aumento del precio de la harina, y lo mismo ocurrirá con los productos farináceos.

Más preocupante aún es el aumento del pecio del petróleo, no sólo por ser un insumo importado que daña la relación de términos de intercambio, sino por la propagación a los precios de otros bienes. Con o sin LUC, un simple vistazo al gráfico 3 permite concluir que los combustibles deberán ajustarse al alza si no se quiere causar un grave perjuicio en las finanzas de Ancap. El aumento de los combustibles no sólo afecta al consumidor final cuando carga nafta en el surtidor, sino también en forma indirecta al elevar los costos de producción en los procesos productivos de muchos bienes, provocando un aumento de precios. Así, cabe prever que las expectativas de inflación de los analistas privados que se publicarán a fines de marzo, muestren un aumento de la inflación esperada. Ello pondrá en una disyuntiva al Comité de Política Monetaria del BCU, que hace ya unos meses se embarcó en un proceso de aumento en la tasa de interés para combatir las presiones inflacionarias. Si la inflación viene por el lado de la oferta (como en el caso actual de aumento de precios internacionales que impacta en los bienes transables), una política monetaria contractiva conlleva el riesgo de no reducir la inflación y, eventualmente, afectar el empleo además del salario real, que nuevamente se ve amenazado en el presente año 2022. Tampoco prevemos que el BCU vaya a implementar una política monetaria acomodaticia en las presentes circunstancias, donde la inflación pasó a ser un problema en todo el mundo. En definitiva, de prolongarse la guerra generando un aumento más o menos permanente en el precio del petróleo, estaríamos en presencia en un dilema de política económica, donde las opciones de las autoridades no son sencillas.

(*) Ec. Marcelo Sibille, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG en Uruguay.

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