OPINIÓN

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Al sentimiento de inseguridad creciente convertido en el eje central de la contienda electoral, se le agregan las falencias del sistema educativo, el desaliento del empresariado tanto urbano como rural, junto a un desempleo elevado que erosionó las expectativas de un porvenir estable y con niveles de ingresos crecientes. Este último hecho percute con fuerza entre los más jóvenes, quienes son los que tienen más dificultades para insertarse en el mundo del trabajo.

Ese cúmulo de circunstancias que fue rotando en el tiempo, arrancó con la expectativa hecha paradigma de la superioridad del progresismo en el manejo de la cosa pública y en la calidad de los resultados respectivos. En todo caso, se siguió la correntada que fluyó a través de toda América Latina en los albores de este siglo, impulsada por el superciclo de las materias primas.

Salvo excepciones, casi todos los países crecieron a tasas elevadas respecto a sus medias históricas. En nuestro caso, corresponde reconocer que consolidamos los indicadores sociales que desde larga data nos colocaron a la vanguardia de América Latina. Hubiera sido imperdonable no hacerlo con los derrames de una bonanza externa excepcional. Algo similar puede decirse con la modernización de la gestión de ciertas áreas del Estado, cuando esos episodios fueron contemporáneos de una revolución tecnológica inédita que posibilitó la digitalización y la racionalización de la burocracia eliminada. Lo mismo con los cambios de la matriz energética, acordada como política de Estado por todos los partidos y que fue facilitada por el cambio tecnológico que hizo económicamente viable la generación de energías alternativas sustentables.

Esa dinámica escondía su propio freno, pues estuvo montada sobre circunstancias externas excepcionales pasajeras, que una vez normalizadas, nos hicieron retornar a nuestros promedios históricos de crecimiento. Y también hicieron reaparecer brechas fiscales crecientes pues el dimensionamiento del gasto público decidido por el gobierno y su dinámica temporal corresponde al de una realidad diferente que pertenece a circunstancias de bonanza internacional irrepetibles. Más aun, todo indica que la nueva normalidad del próximo lustro converge hacia un escenario de achicamiento del comercio mundial y menores tasas de crecimiento en los países industrializados. Y de nuestra región aledaña, lo mejor que se puede esperar es que resuelvan sus emergencias rápidamente.

El resultado es que la mayoría de nuestras usinas de crecimiento están apagadas, hecho demostrado por la caída persistente de la inversión privada y la perdida en el último quinquenio de 60.000 plazas laborales pertenecientes al sector privado.

La irrupción de UPM II es un alto en ese camino, pero no significa el quiebre de una tendencia que debe revertirse necesariamente para ponerle un piso a la clase media naciente que saltó desde la pobreza, preservar los aumentos de bienestar medios de la población y consolidar la macroeconomía, hoy herida con un déficit fiscal creciente que se traduce en endeudamiento, el que llega a límites que arriesgan su sostenibilidad temporal.

Se trata entonces de recrear las condiciones para viabilizar ritmos de crecimiento convergentes al potencial de nuestro país (3% anual), lo cual implica operar en simultáneo sobre los temas fiscales y los pertenecientes al área de las mejoras de la productividad global para facilitar el crecimiento.

Sobre cómo resolver el dilema entre el alto déficit fiscal y el crecimiento económico raquítico, el oficialismo aún se encuentra en estado de negación, salvo alguna excepción dentro de sus filas. Aún no comprende que el financiamiento del nivel actual del gasto publico requiere de niveles de crecimiento más elevados, hoy inviabilizados por una pesada carga fiscal y baja rentabilidad por altos costos operativos. Cinco años seguidos de la misma tendencia que nos llevaron al resultado actual, parecen no haber sido suficientes para que se cambiara de rumbo. Siempre hubo una apuesta al retorno del crecimiento para reequilibrar las cuentas fiscales, cuando al mismo tiempo se deterioraba la inversión privada. Y al final, la complacencia como cobijo, diciendo que a pesar de todo tan mal no estamos, si miramos lo que pasa en nuestro vecindario.

El deterioro queda resumido nítidamente en dos indicadores: el aumento permanente de la tasa de desempleo y del endeudamiento externo. Uno lesiona la cohesión social y derrumba los indicadores de bienestar ciudadano. El otro arriesga primero el grado inversor, lo que aumenta el costo del financiamiento. Seguidamente coloca al país en una zona de mayor riesgo en la cual no debe entrar, máxime cuando se prevén tiempos de alta incertidumbre externa.

El nuevo gobierno tendrá por delante el desafío de resolver esa realidad que recibe como herencia. No es de alarma, pero sí de preocupación, pues no es posible durante otro quinquenio seguir corriendo la arruga como hasta ahora.

Será una tarea donde se requerirá todo el apoyo político de una gran coalición de gobierno. Y en esa dirección es que la ciudadanía va encaminada.