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En momentos de enorme incertidumbre global y reacomodamientos geopolíticos inéditos, la calidad de la política se convierte en hecho determinante esencial del bienestar social. Desde ella, las sociedades trazan sus derroteros, cuyas consecuencias se van magnificando, para bien o para mal, en el largo plazo. Para estas, su presente es consecuencia del trenzamiento de decisiones venidas del pasado y de hechos coyunturales externos que están fuera de su capacidad de decisión. Por tanto, se infiere que la calidad de la política es el canal que posibilita aprovechar al máximo las coyunturas positivas, lidiar con éxito los ciclos negativos y absorber impactos inéditos, como lo fue la pandemia.

Esto que luce trivial, no pareciera ser tan obvio cuando se mira lo que viene aconteciendo a lo largo y ancho del mundo.

Basta con mirar las peripecias recientes de los últimos gobiernos británicos, cuyos cambios abruptos obedecen a errores autoinfligidos por conductas humanas reñidas con las jerarquías de los cargos o de improvisaciones cargadas de fundamentalismo en materia de política económica, de consecuencias adversas instantáneas sobre la economía. O la inestabilidad endémica de la política italiana, que va relegando lentamente a ese país en su posicionamiento dentro del continente europeo. Lo mismo puede decirse de España, donde el desempeño de la política no está a la altura de lo que las circunstancias actuales requieren.

Dicho esto, conviene resaltar que todo esto ocurre dentro de transiciones democráticas ejemplares, lo cual no es poca cosa. Pero también decir, que ello no asegura la optimización en la toma de decisiones.

Algo similar ocurre en América Latina. Podemos decir con alivio, y también orgullo dados nuestros antecedentes, que el imperio de la democracia, salvo excepciones, es desde hace décadas la constante a lo largo y ancho del continente. Pero no se puede decir lo mismo, de la calidad de las políticas.

Sus ejes principales han sido populismos de grados diferentes pertenecientes a espectros políticos diversos. En otros casos, escasa profundidad o titubeos en sus procesos de reformas. No por impedimentos externos, sino por decisiones del juego de la política en democracia alimentadas de cortoplacismo, En otras palabras, oportunismo político. Tales conductas tienen como denominador común deprimir las tasas de crecimiento, lo cual impide rebajar de manera sostenible sus niveles de pobreza elevados.

En estos tiempos, nuestro país con su gobierno de coalición elegido por la ciudadanía, viene capeando una realidad externa y regional compleja. Es difícil recordar umbrales de incertidumbre tan elevados como los actuales, lo cual atempera consolidar estrategias de largo plazo en ciertos temas, pero obliga a ejecutar otras como la Reforma de la Seguridad Social y la Educativa. Todo escalón que pueda ganarse en estas materias, nos consolida como país para enfrentar tiempos complejos.

Yendo a la discusión actual sobre la Reforma de la Seguridad Social, entiendo que estamos entrando en debates fuera de foco, que impercuden la calidad de la política, cuya derivada final va a contrapelo de lo que esgrime defender, que es la mejora del bienestar social. La importancia del tema hace que no se lo pueda tomar de rehén, para buscar otros resultados ajenos a los objetivos básicos que se proponen, que son en primer lugar adecuarla a los cambios demográficos de nuestra pirámide poblacional. Se vive más, hay más sobrevida y por tanto como en todos lados, hay que aumentar la edad de retiro, salvo en algunas actividades donde deben existir excepciones, y que la propuesta contempla.

En segundo lugar, hacer converger todo el sistema de retiros a un sistema único, pues en realidad se trata de distribuir de manera igualitaria un pasivo contingente que se descarga sobre las generaciones futuras. Es el esfuerzo colectivo de una sociedad para financiar las jubilaciones y pensiones de sus mayores. Por tanto es necesario tender hacia una igualdad transversal, distribuida de acuerdo a los años de trabajo y aportes, que hace al sistema sostenible de acuerdo a las expectativas de vida. A ese criterio general se le suman excepciones, como mínimos y la contemplación de las situaciones especiales que dotan al sistema de equidad y solidaridad social.

Sobre este tronco conceptual, de por sí complejo por sus detalles, gira la propuesta actual. La restricción básica es que su desfinanciamiento se paga aumentando impuestos, aumento de la deuda o emisión monetaria, que es lo que les ocurrirá a las futuras generaciones si no se introducen ahora los correctivos necesarios. Es un profundo error manipular este tema confundiendo a la opinión pública, escabullendo el verdadero objetivo de esta reforma. Que es una componente más, importante sí, de todo el andamiaje de protección social que felizmente se ha dado este país con ya más de una siglo de vigencia. Que hay otras necesidades o modificaciones para atender, por supuesto que sí.

Plantear incluir temas ajenos a la propia sustancia de la reforma, es una forma solapada de demorar cambios pendientes y necesarios, que fueron profundamente discutidos y sabidos tanto desde el punto de vista técnico, académico y también político. Podrán quedar detalles, pero para ello está el Parlamento legislando en esta instancia y en otras futuras, pues su aprobación no cierra futuros ajustes.

Debatir seriamente con argumentos centrados en lo que se está debatiendo es el sentido y necesidad básica de la buena política. Hacerlo de otra manera, es corromperla. Y cuando ello ocurre, los resultados de lo que viene ocurriendo en la región y en el mundo están a la vista.