OPINIÓN

Es tiempo de revisar y deracionalizar

Para buena parte de quienes habitamos este territorio, entre los que me encuentro, nuestro país está sobre regulado. 

Desde 2006, un empresario no sabe si la Justicia lo absolverá o lo declarará culpable. Foto: Archivo
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Cualquiera que a diario se enfrenta a la vida real sabe, por sufrimiento personal, que para todo precisa un certificado, constancia o declaración, que los formularios a llenar "son muchos y variados", ni que hablar de los requisitos de información necesarios para actos banales, comunes y corrientes. Evitaré los ejemplos porque tendría una lista para cinco lunes.

El tema lo podemos analizar desde dos vertientes: una económica, mirada a través de la eficiencia en la asignación de recursos productivos y, por tanto, la mejor utilización posible de los mismos y, una segunda, más importante aún, que es la libertad y el derecho a la reserva e intimidad de los individuos. Esto último es válido en algunas regulaciones, no en todos los casos, pues no todas las normas se entrometen en la vida personal.

Toda regulación es costosa, mucho más de lo que se pueda imaginar. No sólo involucra recursos humanos materiales del lado del Estado, cuya contrapartida son impuestos que debemos pagar sino que, además, se también se aplican los mismos recursos humanos y materiales desde el sector privado para no generar valor alguno. Es por ello que deben evitarse las duplicaciones y, ni que decir, de las N veces que, como en la actualidad, vemos el mismo requerimiento por distintos organismos estatales o, distintos agentes privados que deben cumplir el mismo procedimiento sobre la misma persona.

El dinero, que no es otra cosa que la contrapartida del valor generado, no cae de los árboles como algunos actores públicos parecen pensar, o al menos ello se deduce de la forma de actuar. La riqueza no "está ahí para tomarla", hay que crearla y ello se hace con trabajo y creatividad. Desde el momento que las horas de trabajo que tenemos son limitadas a 24 al día, si distraemos parte de ellas en futilidades, sencillamente seremos más pobres sin darnos cuenta el por qué.

La burocracia pública se justifica en base a su poder. Éste en general lo brinda la cantidad de funcionarios que maneje, el cual depende del número de funciones que asume.

Es común ver "comisiones" donde están representadas 5 o 10 reparticiones públicas, lo cual indica que de alguna manera superponen funciones. A (casi) nadie le parece mal ello, es más, se lo presenta como algo positivo, donde el amplio espíritu participativo y la búsqueda de consensos contribuye a las mejores soluciones. Lamento decir que, salvo algún caso excepcional, no es así; con mucho menos se arreglan las cosas y hasta mejor. Ni que hablar que más rápido. La discusión debe darse dentro del área responsable y no en una asamblea con muchos, es decir ningún, responsable. Ahora bien, precisamente la justificación de las "necesidades de personal" están en las "funciones que se deben asumir" y, cuanto más regulación haya, más personas se necesitan para hacerlas cumplir, lo que le convierte, por cierto, en un círculo perverso.

Un sinnúmero de regulaciones, además de costosas, imponen restricciones al libre accionar de las personas y su intimidad. Algunas notoriamente se justifican, pero, bajo el difuso argumento del "interés general" cabe todo y no sólo lo que el sentido común indica.

Toda regulación supone restricciones a nuestra voluntad, cuando la norma debe ser la libertad y reserva, las limitaciones a ésta, raras excepciones. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a vivir con ellas y aceptarlas pacíficamente, sin ponernos a pensar el por qué. También están las que son ridículas, sea por su naturaleza o porque pasaron de moda.

Un notorio ejemplo de ambas vertientes lo estamos viendo ahora en las norma sobre el lavado de activos y las obligaciones impuestas sobre los profesionales y determinadas ramas de actividad. Algunas parecen orientadas a la búsqueda de la exculpación del sector público.

En efecto, basta mirar las leyes y reglamentos, y aplicar el sentido común para entender que los profesionales no pueden —carecen de medios— para hacer de "oficiales de cumplimiento", ¿adónde consultarán?, al "señor Google". ¿Qué sentido tiene que se constituyan en investigadores privados cuando nada podrán hacer? ¿Es razonable que tareas inherentes al Estado, las hagan los privados? Mi respuesta es NO, deben ser llevadas adelante por aquel y no hacer que todos seamos espías de otros. Vamos camino, por la vía de los hechos, a transformar a nuestra República en un régimen totalitario de espionaje continuo y mutuo. Lo peor del caso es que en medio de toda la parafernalia de papeles a llenar, no hay pautas claras para que los actores sepan su deber o no de reportar una operación sospechosa y, al final del camino, como lo vemos a diario, quien quiere actuar de forma contraria a la ley lo hace.

La sensación de perseguir cosas nimias y ver pasar los elefantes es constante. Por lo que entiendo su gravedad puse este ejemplo, pero hay muchos otros; los derechos individuales y la libertad es el primer bien a cuidar.

Las cosas, en todos los órdenes deben tener racionalidad y respetar el sentido común. Hemos hipertrofiado la regulación, llegó la hora de darle una mirada global, abarcadora, eliminar las sobrantes y racionalizar las otras, se liberarán recursos productivos que encontrarán mejor aplicación, incrementando la castigada productividad.

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