Tras un año y medio sin encuentros, Argentina y los fondos buitre volverán a la mesa de negociaciones en enero próximo para buscar una salida al litigio de más de una década por la deuda impaga desde el default de 2001.

Daniel Pollack, el special master (una suerte de mediador) designado por el juez Thomas Griesa para timonear las discusiones entre la Argentina y los holdouts, anunció el inicio de "negociaciones sustantivas" a partir de la segunda quincena del mes próximo tras reunirse durante casi una hora con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.

Argentina ha evitado negociaciones oficiales con los fondos buitre desde julio de 2014, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, se reunió en las oficinas de Pollack con representantes de NML Capital, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, los fondos que obtuvieron la ya histórica sentencia de Griesa a su favor en la llamada "saga del pari passu".

Esas negociaciones fracasaron y Argentina fue declarada en default técnico cuando el dinero destinado al pago de la deuda quedó congelado debido al mandato judicial de Griesa, que impide transferir el dinero a los bonistas que participaron de los canjes de 2005 y 2010 a menos que el Gobierno cancele la deuda impaga con los holdouts, que rechazaron ambas ofertas.

Quedan varios puntos por definir: quiénes se sentarán a la mesa de negociaciones; cuál será el monto total en discusión (Pollack habló de US$ 10.000 millones en su último comunicado, pero la deuda total en manos de los holdouts es superior a esa cifra); si se pondrá en discusión la implementación de una medida cautelar, o "stay", en la jerga judicial norteamericana, que le permita a la Argentina retomar los pagos de la deuda mientras negocia un acuerdo final, o si se plantearán, además, otros temas vinculados con la pelea por la deuda, como por ejemplo el intento de los demandantes de congelar los pagos del Bonar 2024, el último instrumento disponible para que la Casa Rosada obtenga financiamiento fresco en los mercados.

Argentina, además, recordemos que tiene una apelación pendiente por el fallo a favor de los bonistas llamados "me too", entre los que se encuentra NML, líder de la ofensiva judicial contra el país.

Esa decisión de Griesa había elevado el valor total de las sentencias en la mesa de negociaciones a US$ 8.000 millones.

Argentina vuelve en enero a dialogar con dichos tenedores de bonos