OPINIÓN

Los resultados de nuestro sector público tardan en acercarse a las metas de las autoridades económicas. 

Sucesivos ajustes con elevaciones significativas de impuestos y de cuasi tributos y el propio crecimiento de la economía, no han resultado suficientes para generar los recursos para cubrir enteramente los aumentos en las erogaciones del sector público por encima de la inflación. El desequilibrio negativo no disminuye y se mantiene alto, en algo más del 3,5% del PIB.

Ante esta realidad y con un primer trimestre que no se tradujo en el resultado esperado, la situación económica en lo que resta de 2018 no apunta a ser lo suficientemente expansiva como para llevar al déficit fiscal al nivel proyectado por las autoridades económicas, de 2,9% del PIB. Sin otras medidas, las que en varias ocasiones han sido negadas a nivel oficial —no más impuestos, inflexibilidad del gasto por su generación endógena (indexación y reajustes por motivos adicionales)— no solo parece inalcanzable la meta de este año, también lo sería la más baja aún planteada como objetivo para el año entrante: 2,5% del PIB. La historia económica de nuestro país muestra que en años electorales el gasto público no es posible reducirlo ni hacerlo crecer por debajo de lo que se recauda.

La resignación al incumplimiento de las metas puede ser una alternativa que se maneje. No hacer nada desde el punto de vista de los instrumentos de la política fiscal —ni aumentar la presión tributaria ni cuasifiscal, ni reducir el gasto— es una opción descartable. Es impensable que las autoridades no se preocupen por reducir la brecha fiscal si no alcanza el crecimiento de la economía para generar los recursos tributarios necesarios para el objetivo. Implicaría un aumento del endeudamiento con derivaciones sobre la calificación de la deuda y el costo de su servicio.

Una segunda alternativa a la que puede llevar la circunstancia fiscal actual y esperable —no esperada— para los veinte meses que le restan como derechos de manejo fiscal a la actual administración, puede inferirse de lo que dijera el Ministro de Economía, el Cr. Astori, hace unos días en una reunión de la Cepal. Refiriéndose en términos genéricos a lo que ocurre en América Latina y lo que se debe hacer desde el punto de vista fiscal, señaló lo que considero que ha sido el camino por el cual él ha optado para nuestro país: "pensar en el papel de la política fiscal desde el punto de vista de sus dos grandes componentes: la política de ingresos y la política del gasto público". Respecto al instrumento tributario, el ministro señaló los objetivos básicos de un sistema de impuestos: equidad según la capacidad contributiva de la población, eficiencia y simplicidad en el manejo con pocos impuestos y mucha capacidad recaudatoria y estimulante de la inversión. E hizo especial hincapié en el estímulo a la inversión. Las referencias citadas son los fundamentos de la política tributaria de nuestro país de los últimos trece años. En las circunstancias actuales, ya tomadas medidas profundas de gran resultado recaudatorio a partir de la capacidad contributiva de la población, con la eficiencia y simplicidad del sistema tributario pero con altísimo peso explícito e implícito para los estratos de población de ingresos mayores y medios, dada la duplicidad de carga tributaria sobre mismas bases y tasas altas, la inversión se ha descuidado. Todo lo que se quita al ingreso privado y se distribuye para mejorar la equidad, reduce el ahorro disponible para invertir. En la medida que el peso de la carga tributaria es alto para ciertos grupos de población, los de ingresos medios y altos, lo que se recauda para gastar se pierde por el lado de una menor inversión privada. Y es esta inversión la que tiene un efecto multiplicador sensiblemente mayor sobre la actividad económica que el que tiene el gasto público que ella financia.

No veo por el lado de la tributación que haya más espacio para alcanzar las metas de déficit de éste y del año entrante, como lo ha reiterado el Ministro negando más impuestos. La otra alternativa para disminuir la brecha fiscal es a través de la disminución del gasto público. En la conferencia citada, refiriéndose al gasto público el ministro indicó que "es más eficiente que los ingresos públicos para construir igualdad, para construir inclusión". Y agregó las dificultades que implica su manejo en la medida en que buena parte del mismo se ha vuelto endógeno —por buenos motivos señala, como para mejorar sistemas de salud y de seguridad social— aunque no descartó la existencia de gasto discrecional. Pero basándose en su propia experiencia, de sus palabras no se han desprendido sugerencias optimistas respecto a la posibilidad de mejor manejo nivelatorio del presupuesto que con los instrumentos tributarios.

No dijo nada el ministro sobre la política fiscal como instrumento de corrección de desequilibrios macroeconómicos, como instrumental para mejorar la actividad, disminuir la inflación y afectar favorablemente al sector externo de la economía. El énfasis lo puso en la política fiscal como instrumento distributivo y de su exposición surge que es baja la probabilidad de mejorar los resultados por una vía que no sea la impositiva o por otra vía, que no mencionara y que como supuesto está también en la base de las metas de déficit establecidas: el crecimiento de la economía.