Opinión

Restricción del gasto endógeno

La conducción económica actual menciona reiteradamente la necesidad de ciertos cambios a realizar durante la administración de gobierno que resulte de las elecciones de 2019, para mejorar el comportamiento fiscal.

Dólar gasto endógeno

A casi un año y medio que asuma la nueva administración, sorprende que no se inicien ya las acciones que provoquen el resultado buscado: abatimiento del déficit de las cuentas públicas.

Uno de esos ajustes consiste en la redefinición del sistema jubilatorio, que hoy tiene un déficit que contribuye significativamente y de manera creciente al desequilibrio financiero de las cuentas públicas, debido, entre otras cosas, a que el "bono demográfico" según la conducción económica, se va a acabar. La referencia es a que con el aumento de la expectativa de vida y el bajo crecimiento de la población, la relación activos contribuyentes a pasivos recipientes —ya muy baja— declina a medida que pasa el tiempo y agrava al problema de la solvencia del sistema.

Pero existen otras actividades o gestiones que contribuyen al déficit y, en algunos de esos casos, también significativamente y de manera creciente, como el que se deriva de la política monetaria del Banco Central para alcanzar el renuente objetivo inflacionario.

También se habla de la necesidad de seguir progresando en una mayor presión fiscal, aumentando los impuestos directos actuales o creando nuevos. El punto es, entonces, que el desequilibrio financiero del sector público debido al déficit y a las obligaciones financieras que vencen y se deben repagar, es tan importante que no solamente obligará a un ajuste por el lado de los gastos sino también por el de los ingresos tributarios, por el de la recaudación impositiva. Son inevitables los cambios en la política fiscal, que contribuyan más al crecimiento económico y al empleo, que comprometan menos a las futuras generaciones por el peso de la deuda que crece y para que el objetivo redistributivo que pueda tener esta política, se cumpla inexorablemente.

Justicia e inversión.

Desde muchos ámbitos, se piensa que los impuestos directos son los relativamente más "justos", que quien gana más y quien tiene más riqueza debe pagar más. Como consignan quienes asumen esa posición y la reiteran, en la vida real no ven que concretándola se logre dar mayor bienestar a quienes ganan menos o a quienes tienen menos. Por ello refuerzan la consigna y piden más: a veces refiriéndose al flujo —al ingreso— y otras al stock —a la riqueza—. Nunca observan que cada vez son más los que resultan alcanzados por los gravámenes directos y cada vez menos los que se benefician de tan autoritaria consigna. Cada vez más pasan a ser los gravados y por ello cada vez es menor su eventual ahorro, que se va carcomiendo por la creciente presión tributaria y como consecuencia desaparece para la inversión productiva. Es un ahorro cuyo monto se retrae de la inversión, que deja de contribuir al empleo y que cuando llega a los supuestos beneficiarios por equidad, ha quedado en buena medida por el camino. ¿O acaso no es necesario un aparato estatal con alto costo, que realice la transferencia del origen —el gravado—, al destino de los fondos —el beneficiario—? ¿O acaso no es necesario además, incurrir en costos adicionales por los contribuyentes para estimar, declarar y volcar los fondos que le corresponde tributar a cada uno?

En definitiva, seguir gravando más con los mismos o con nuevos impuestos no es otra cosa que reducir el efecto multiplicador de la inversión privada, siempre mucho mayor que el que puede tener el mermado monto de la recaudación y de los costos adicionales que paga el contribuyente.

Manejable.

Entonces, ¿por qué no apagar el déficit y su influencia absoluta sobre el creciente endeudamiento del sector público reduciendo el gasto público? La conducción económica primero y la política de inmediato, rechazan que el gasto público sea manejable a la baja. En el caso de la política, por las consecuencias de corto plazo sobre la calificación de los que se sientan desplazados y ante el silencio de la amplia mayoría, que al tiempo sentiría los beneficios y que mucho después, alejada la inminencia de las elecciones, se expresaría valorando la decisión —i.e. la valiente salida de la crisis del 2002 del gobierno del Dr. Batlle y sus asesores—. En el caso de la óptica económica, el rechazo es solo concebible si se incurre en un grosero error, no tolerable dada la propia definición de lo que es la política fiscal. Cuando se dice y se reitera que el gasto público es "endógeno", que es imposible reducirlo por las normas legales que le ajustan automáticamente su nivel, se está negando la capacidad de hacerlo por la conducción económica.

Se está ante una política fiscal sesgada: solo se puede aumentar impuestos, subir el gasto y manejar el endeudamiento resultante para cubrir el desequilibrio inherente. Se trata de una situación que los textos de Macroeconomía —desde los básicos a los más profundos— consideran un error sustancial: ¿qué pasaría si en un lapso recesivo e inflacionario, con reducción del ingreso fiscal, se debe ajustar legalmente al alza al gasto público? Y si eso, con probabilidad aunque más no sea baja, se anticipara por una conducción económica y por una conducción política, ¿en pleno período de revolución digital, se aumentaría la dotación de personal del sector público en alrededor de sesenta mil personas como ocurriera en nuestro país en los últimos diez años?

No solo los impuestos pueden ser ajustables al alza. También el gasto en el sector público debe ser "exógeno" y poder ser reducido.

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