Francia y España solicitaron mecanismos anticíclicos

No será el instrumento que ansiaba Emmanuel Macron, pero tampoco un fondo más. Los socios del euro por fin fijaron las líneas maestras del primer presupuesto de la zona euro. Este instrumento para financiar inversiones y reformas a partir de 2021 contará con unos recursos moderados, por ahora, de 17.000 millones de euros en siete años. Aun así, España y Francia lograron incorporar mecanismos anticíclicos y un mínimo sistema de transferencias pese a las enormes resistencias de La Haya.

El debate de la creación de un instrumento fiscal que apuntalara una moneda única que sobrevivió a la Gran Recesión gracias sobre todo a la política monetaria del BCE había quedado relegado al ámbito académico. Lo recordó Mário Centeno, antaño economista y hoy jefe del Eurogrupo. La cuantía de ese fondo, muy modesta, aún lo deja muy lejos de constituir ese "nuevo pilar" que anunció Centeno. Pero su diseño sí lo acerca a un instrumento que sirva para estabilizar la zona euro.

El presupuesto del euro no equivaldrá a los "varios puntos del PIB" que aireó Macron en 2017. Los ministros barajan una cantidad de 17.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 que podrá incrementarse en función de las contribuciones adicionales que acuerden los socios de la UE o bien por eventuales ampliaciones decididas dentro del Marco Financiero Pluarianual (MFP). Aun así, fuentes comunitarias esperan que durante ese tiempo el instrumento demuestre su utilidad, vaya creciendo e incorpore otras herramientas como un seguro de desempleo comunitario.

Esos nuevos pasos, sin embargo, podrían ser todavía menos digeribles para los halcones que, capitaneados por los Países Bajos, en mayo trataron de cerrar todas las rendijas por las que pudiera escabullirse un mínimo mecanismo anticíclico. Al otro lado, Francia, Italia y sobre todo España creían que todavía podían seguir pugnando para dar ese valor añadido al instrumento. España incluso amenazó en varias ocasiones de desmarcarse del acuerdo si el llamado BICC (por las siglas en inglés de instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad) resultaba ser un fondo más.

Pese a la modesta cantidad con la que echará a andar y los flecos por cerrar, el documento final señala que, en cuanto a diseño, la balanza se decantó hacia el lado francés y español.

Los jefes de Estado de la zona euro y de gobierno y sus ministros de finanzas deberán fijar las prioridades del presupuesto. Según el acuerdo, para acceder a sus fondos será necesario presentar propuestas de inversiones y reformas en primavera que reciban la luz verde de la Comisión Europea.
La cantidad que se baraja podría crecer con las aportaciones nacionales, que deberían pactarse en un acuerdo intergubernamental y para el cual todavía no hay consenso. De la cantidad total, un 20% —por ahora, unos 3.400 millones— se destinará a "reaccionar a los retos específicos de cada país", es decir, a situaciones de crisis. El 80% restante se repartirá entre los Diecinueve, teniendo en cuenta dos factores: la población del país su riqueza, pero de forma inversa, de modo que los países más rezagados reciban más recursos para fomentar la convergencia. Todos los socios recibirán fondos, como mínimo del 70% de lo aportado, pero los de menor renta per cápita percibirán más, por lo que habrá transferencias de un país a otro.

Los países tendrán que poner también de su bolsillo para llevar a cabo las inversiones o reformas. El acuerdo fija esa cantidad en un 25% del proyecto. En caso de una crisis grave, sin embargo, esa cofinanciación se reducirá a la mitad con la voluntad de que una recesión no lleve al país a dejar de invertir en aspectos clave como investigación, infraestructuras o lucha contra el cambio climático.