Esta semana trascendieron varios elementos contra el mundo rural, propiciados o tolerados por este gobierno que no entiende al campo.

Es lógico: su ADN socialista no puede entender un mundo de iniciativa individual, riesgo empresarial, negocio a cielo abierto, conexión al mundo, poco empleo público, etc. Esta ausencia de entendimiento de la lógica del campo se profundiza día a día.

Lo primero que quiero señalar es la propuesta de legisladores oficialistas de reaforar toda la propiedad rural, y de esta manera hacer pagar más impuestos. El planteo es una barbaridad y para entenderlo solo cabe pensar en este resentimiento contra el campo. El tema es así: los impuestos de base territorial toman en cuenta un valor de aforo que con frecuencia está desactualizado. No obstante, los tributos que sobre él se pagan toman en cuenta, cuando se estima su recaudación, precisamente esa condición de atraso relativo. Por tanto el impuesto a pagar, si no se quiere convertir en un asalto a mano armada, debe suponer, si la preocupación fuera el aforo, bajar la tasa.

Por otra parte, el análisis de un único impuesto es un grave error coincidente con el abordaje de Tabaré Vazquez cuando sostuvo —y logró— reimplantar el impuesto de primaria porque el agro no lo pagaba. Este modo de razonar no toma en cuenta que el empresario rural no paga un impuesto sino varios, y que lo relevante es la consideración de la presión fiscal global, esta sí la más alta de la economía, con la que se aporta a un gasto público redundante, con una explosión de empleados públicos como gran política social, y casi nula inversión en infraestructura. Además, llega esta consideración de mover aforos en el peor momento del agro en mucho tiempo, con un tipo de cambio imposible para el sector de transables, y una persistencia en afectar la competitividad del agro más allá de su presión fiscal, del chiste de la rebaja del precio del gas oil, y de la rendición de cuentas sin reducción de gastos. En ella aparece la propuesta de establecimiento de más aranceles que, en lo que se conoce como Paralelismo de Lerner, suponen como todo impuesto a la importación, un gravamen implícito a la producción de bienes exportables, que se expresa por un nuevo impulso al deterioro del tipo de cambio real.

En este panorama de falta de entendimiento, se inscriben varios conflictos sindicales que, totalmente desbordados en las repercusiones de su lucha, dejan en muy severas condiciones a las empresas más grandes de tres de los cuatro o cinco rubros de exportación del país. En la lechería, basta con ingresar a la web de la ANPL para tomar noticia de la intensidad del enfrentamiento con el sindicato de Conaprole; y —no sé si por casualidad— se suma ahora un conflicto de transportistas de leche que, también según la ANPL, llegó a impedir el ingreso de camiones a planta, con el consiguiente perjuicio de leche tirada, como ocurre en tambos que han debido hacerlo a causa de un conflicto en el que el gremio —como es habitual cuando está ideologizado— no siente ninguna responsabilidad social.

En la carne pasa algo parecido, con un sindicato que no admite la lógica de la oferta de ganado en zafra y poszafra o, como en el caso de Salto, donde un gremio desbordado impide el movimiento de fruta que hace posible el negocio que les provee su salario. El gobierno que no entiende al campo no pone orden, porque parece que citrus, carne y leche no constituyen su preocupación prioritaria. Se suma en esta incomprensión el tema de la soja y su protocolo, e incluyo también la forestación, en la que el gobierno promueve un estatuto para la inversión totalmente excepcional. Así, aunque la industria forestal debe ser bienvenida, goza de estatutos gubernamentales de privilegio que en el contexto de hoy llaman a atención. Precisamente no cierra esto de exonerar de todo y para siempre a UPM, en tanto la presión fiscal sobre el agro aumenta y amenaza hacerlo más. Y ni hablar si el gobierno llegara a firmar con UPM y el Pit-Cnt un estatuto de paz gremial que supone entregar principios que el resto del empresariado no puede admitir, como por ejemplo, sobre la ocupación de plantas o sobre los cortes de ruta, que no deben ser jamás objeto de acuerdo porque allí solo se debe cumplir la Constitución.

El resentimiento o la ausencia de comprensión con el agro están en la base de los problemas graves para todo lo transable, y todavía más graves para la lechería, el citrus, la industria frigorífica, la soja y quizás la forestación. Casi nada.

JULIO PREVE FOLLE