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República o corrupción y el “gre-gre” corporativo

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Foto: Pixabay

OPINIÓN

Observamos con mucho interés la sociedad argentina, quizás para entender en parte la nuestra.

Las similitudes con Argentina son evidentes en varios aspectos: sociedad, cultura, desarrollo. “Entiendo lo más, entiendo lo menos” y nos permite comparar, proyectar y extrapolar situaciones. Tenemos diferencias, pero, si se profundiza, las analogías son notorias.

Valor republicano

Durante 150 años hemos recibido su influencia, positiva y negativa. De hecho, la crisis del 2001 fue secuela de la crisis argentina, pero, también, agravado por impericia, dolo y subestimación de efectos colaterales evitables.

Destacamos la agudeza y coraje de periodistas y actores de esa sociedad, que permiten visibilizar hechos ocultos y desvelar la opacidad de “las formas” antidemocráticas de grupos de poder (política, sindicatos, fútbol, narcotráfico,). Esto ha concluido en denuncias penales concretas y en otros casos se ha convertido en moneda de cambio entre grupos de interés.

En Uruguay hay actores que intentan cumplir ese rol, pero solo actores secundarios, por ahora. Ni el legislador en pesadillas hubiera imaginado, en lo que se convertiría su diseño institucional, con vericuetos jurídicos que inhiben el propio accionar judicial, posibilitando tantos desmanes.

Punto de Inflexión

Hay momentos en las sociedades, más temprano o más tarde (1), en que se llega a un parteaguas que exige cambiar paradigmas. Uruguay y Argentina han intentado todo, con suerte relativa y se han alimentado tensiones sectoriales por inequidades, sumado a manejos impropios en la esfera pública, lo que inclina a la opinión pública a un talante más transformador y allí estamos (educación, seguridad, economía).

La Dra.Lilita Carrió, entre tantas imágenes que nos ha regalado, sostiene “la sociedad argentina se debate entre corporación y república” y nos cuestionamos, ¿cuánto hay de esta disyuntiva en la nuestra?. Mantenemos dicotomías menos extremas, pero sus variantes tienen su correlato.

El Ec. Martín Lousteau sostiene que Argentina pasó la mayor parte de su historia reciente bajo crisis y se debe a dos restricciones: una fiscal y otra externa. “Argentina es adicta al déficit”, no por promover la demanda agregada “keynesiana”. Tiene déficit por desidia en la administración de la cosa pública. El Estado argentino tiene el triple de recursos que hace 25 años, sin embargo, no ofrece el triple en prestaciones ni en cantidad ni calidad. Por otro lado, crisis similares de Balance de Pagos, con déficit fiscal y endeudamiento ya se vivieron, una se saldó con hiperinflación, otra con default. Hoy es similar, pero se está saldando con alta presión tributaria y costos internos. Diría Les Luthiers “caramba, que coincidencia”.

Lousteau distingue variables emblemáticas y críticas: por ejemplo el tipo de cambio real, cuyo valor puede disimular o reforzar errores que impactan en la capacidad de competencia con el Mundo y la pro actividad del Estado, sosteniendo que en los países que se cambiaron paradigmas y concretaron cambios, fueron los Estados que encendieron el motor y luego el mercado se acopló (Singapur, Corea, China, Irlanda) (2 y 3).

Transar o no transar

Coincidimos con el país vecino en los tiempos de cambio, cuando las acciones se analizan y cuestionan. Tiempo de rendir cuentas y relanzar objetivos. Se trata de consolidar o no dos modelos que han sufrido un desgaste lógico en el ejercicio del poder, con soluciones controvertidas y desmanes en el desempeño de la función.

Aun con indicadores negativos, algunos se inclinan por apostar a la institucionalidad, cediendo en el terreno de las convicciones (4), de todos modos en Uruguay no se ha llegado aún a los extremos de Argentina, pero se deben tomar los recaudos necesarios ahora. Respetar y mejorar los instrumentos de control se hace clave.

Desafío

Los responsables de políticas públicas tienen la chance de comenzar la década sin repetirse en ideas contaminadas y en la defensa de intereses de grupos y espacios de poder, que no atienden al interés general, ensayando una profunda revisión de paradigmas y cambios en las políticas.

Se vuelve crítico reconocer errores, maximizar la transparencia, visibilizar intereses ocultos, revisar el afán recaudatorias del Estado en menoscabo de los derechos de las personas, revisar y empoderar a los mecanismos de contralor de legalidad y contenidos del aparato del Estado (incluyendo el sistema de empresas comerciales y sociedad anónimas), poner el foco en mejorar la capacidad de competencia a través tanto de políticas macro como medidas microeconómicas, mantener la readecuación de la infraestructura (logística, social), mejorar y potenciar los instrumentos de iniciativa y participación privada en proyectos de interés público (PPP, PPA, Fideicomisos), mantener y readecuar los incentivos a la inversión y exportaciones y los régimen especiales y sectoriales y profundizar la transformación de la matriz energética en el sector transporte.

Esto supone un cambio cultural y de-construir el aparato corporativo del Estado, condición necesaria para delinear un entorno de políticas que nos impulse a la próxima década. Uruguay está plagado de situaciones donde los derechos de las corporaciones son primero y los ciudadanos vienen después. Es hora de abandonar el universo “gre gre” para llamar a cada cosa por su nombre y tomar medidas críticas, a pesar de la resistencia de esas corporaciones y los intereses de grupo. Argentina nos obliga a remojar las barbas.

(1) El ex presidente Salvador Allende lo inmortalizaría de manera inequívoca, antes de caer en el asalto final.
(2) Ver Conferencia de Martín Lousteau, Universidad de Belgrano, ago/2019.
(3) Por señalar aspectos distintivos, uno negativo y otro positivo: el tipo de cambio real bilateral con algunos países nos condiciona más a nosotros en nuestra capacidad de competencia y un aspecto favorable a Uruguay es que logramos consensuar políticas de Estado, en el tratamiento de la inversión, la participación público-privada en la Infraestructura, el Desarrollo Energético, etc.
(4) Tal el caso de la resistencia a levantar los vetos parlamentarios aun en los casos en lo que existe procesamiento.

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