JULIO PREVE FOLLE

Para renovar la ilusión

Es difícil alimentar alguna ilusión de cambios favorables patrocinados por el gobierno en lo que queda de su gestión. Y lo es porque se trata éste de un gobierno bloqueado desde el comienzo para hacer cosas grandes, probablemente incluso sin ilusión por ellas.

Véase por ejemplo la educación. Nadie puede creer que siendo de responsabilidad directa de Vázquez la ley que consagró el corporativismo gremial en la conducción de la enseñanza, nadie podía pensar que eso fuera a cambiar. O que el interés prioritario de la conducción de la educación fuera desde 2015 el nivel académico alcanzado por los alumnos. Tampoco podía ni puede esperarse la recuperación de la verdad histórica, hoy estafada en textos escolares que quieren contribuir a la elaboración de una historia oficial. Ni tampoco una devolución al ámbito de la familia y solo subsidiario al estado, de toda la enseñanza.

Bienes públicos.

Quién puede ilusionarse hoy con un país más seguro, o en el que se pueda confiar totalmente en la autoridad policial para reprimir a violentos, a chorros o a vagos, o para proteger la propiedad. Poco puede esperarse, si a la propiedad privada no se la ve como un sagrado inviolable, o si a los delincuentes se los considera una culpa de la sociedad. Peor aún; se plantean todos los días nuevos agravios al derecho de propiedad por ejemplo con pretextos ambientales poco científicos, y hasta se quiere reformar la constitución en estos temas.

Tampoco parece haber motivo de entusiasmo por una nueva política exterior que sustituya a la caracterizada por el predominio de lo político sobre lo jurídico, por ir en el estribo de Brasil, o por mantener la amistad con Chávez y Maduro y otros análogos. Siempre se supo y lo escribí varias veces que, más allá de la buena voluntad de Nin, era imposible un TLC con nadie, no por dificultades de los otros, sino por la intensa oposición interna de buena parte del FA y del Pit- Cnt, a todo lo que suponga comercio, desafío a la competitividad, a la excelencia. Para el episodio más reciente de China, escribí que no solo era imposible un TLC por razones domésticas, sino porque además no era realista como quedó demostrado, que China —o ningún otro país— firmara nada con Uruguay con la oposición de Brasil.

Y qué decir de la presión tributaria. No hay ninguna razón para esperar ni una reducción del gasto ni de su fuente de financiamiento más cómoda, los impuestos. El tema es de base ideológica. En efecto el gobierno cree que es él, el que tiene que resolver en forma directa todos los problemas mediante sacarle a los que tienen. Es su ideología igualitarista, opuesta a ayudar a la gente a crecer, a apostar a la propia excelencia, al trabajo y su fruto, sustituyendo siempre su esfuerzo por la dádiva, por el empleo público. Y está convencido de un error grave que consiste en creer que es función del gobierno la redistribución del ingreso, lo que no es así. El gobierno no está para sacar a nuestros "riquitos" para darle al Mides. Su función es generar bienes públicos: educación, seguridad, infraestructura, y no meterse en la vida de la gente. Además con este nivel de presión, ¿por qué van a venir inversiones si la carga tributaria corporativa es una de las más altas del mundo, la legislación laboral no incentiva la contratación de personal y se amenaza con frecuencia el derecho a la propiedad? Mucho se habla de los altos impuestos en Europa; sin embargo son más bajos que en Uruguay. En Suecia el impuesto a las ganancias corporativas es del 22%, Holanda tiene una tasa del 25%, Noruega del 25%, Finlandia 20%, Irlanda 12,5% y Francia, uno de los más caros de Europa, del 33%.

Presión fiscal.

En el agro la situación es peor, en tanto los buenos precios no han dejado ver la realidad. En efecto y como lo menciono tantas veces, en volumen físico el PIB agropecuario no se ha movido casi nada desde 2006, su desempeño es mucho peor al de la economía, y no ha hecho más que acumular aumentos de presión fiscal —más del 50 % en la década— y maneas de papel en todo: permisos previos para exportar, para importar, trámites insufribles, regulaciones sin agregado de valor, trazabilidad obligatoria, planes de suelos, registros de cualquier cosa, sumados a la exacerbación de lo ambiental que todo lo entorpece, y a un desborde sindical denunciado en la OIT.

Y además hay que soportar al Mgap con la "lenga lenga" del vocabulario berreta de la burocracia internacional cuando habla de intensificación sostenible, de desarrollo inclusivo, de desarrollo social, de producción familiar —nada menos que hasta 500 hectáreas— todos latiguillos de valor nulo aunque políticamente correctos, como lo eran aquellos de país de primera, país productivo y otros, que terminaron en la contratación inclusiva, social e insostenible, de 60 mil empleados públicos más.

En un país así casi la única inversión es la que se resuelve mano a mano, como lo hace UPM con el gobierno, en una institucionalidad que debería suponer reglas generales para todos, y no estatutos tributarios y laborales exclusivos, unos para el territorio franco (que se arma a medida) y otros para el inversor de a pie. Y así, mientras algunos legisladores oficialistas hablan de aumentar impuestos, para atraer inversiones de fuste no hay más remedio que desgravar todo.

Son muchos los problemas, como los tuvo este gobierno, como los tendrá el próximo, que deberá encarar cambios pero con la ilusión de hacer posible lo necesario, ya que éste parece haberse detenido.

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