Transcurridos los primeros dos años del presente período de gobierno, el déficit fiscal se resiste a bajar y permanece por encima del "heredado" del gobierno anterior (3,4% del PIB).

En 2015 ascendió al 3,5% y en el año pasado trepó una vez más hasta el 3,9% del producto. Ello, a pesar de que se han sucedido varias "cuotas" del ajuste fiscal en curso: recortes de inversiones públicas, ampliación de márgenes entre precios y costos en las empresas públicas, aumentos impositivos. Y si bien la economía no ha mostrado un gran desempeño, tampoco ha sufrido un receso que le hiciera perder recaudación al gobierno. Hace pocas semanas entró en vigencia la que hasta ahora es la última cuota del ajuste fiscal, con aumentos de impuestos y, al menos en el caso de la UTE, con un aumento de tarifas superior al solicitado por el ente y con un claro propósito fiscal. Esta cuota del ajuste fiscal debería rendir alrededor de un punto del producto, pero sin embargo las expectativas (encuestas del BCU y El Observador) apuntan a un déficit de 3,5% del PIB en este año, a pesar de que al mismo tiempo señalan que la economía crecería 1,3%. Parece evidente que todo lo anterior "cierra" con un gasto que sigue subiendo tan campante, en gran medida por su propia inercia (endogeneidad e indexación) y en parte también por disponerse nuevos aumentos en cada instancia presupuestal.

Sin ir más lejos, ya ha trascendido que sectores del partido de gobierno estudian plantear nuevos aumentos impositivos en la próxima Rendición de Cuentas, pero no para bajar el déficit sino para seguir subiendo el presupuesto. Esta "creatividad asimétrica" (sesgada hacia lo impositivo y nada hacia una mejor gestión que permita dar lugar a ahorros) resulta fatal a los efectos de la necesaria reactivación de la economía. Y, dicho sea de paso, la economía habrá terminado creciendo en 2016 más de lo previsto… en la Rendición de Cuentas de 2016 (0,5%), pero la verdadera referencia a los efectos de "abrir" o no la Rendición en este año es lo que se esperaba en 2015 cuando se produjo la Ley de Presupuesto (2,5%). Ya en 2015 se creció menos de lo previsto entonces (1% versus 2,5%) y para 2017 se esperaba una tasa de 2,8% que todavía está lejos de ser viable, aunque, de nuevo, será mayor a la ajustada en la Rendición del año pasado (1%).

La preocupación por la magnitud del déficit fiscal no es ideológica sino aritmética: mantener por varios años un déficit "más allá de lo debido" da lugar a un aumento permanente de la deuda pública que tarde o temprano genera problemas, como ya lo sabemos muy bien. La evolución de la deuda neta del sector público refleja en los últimos años, el panorama que he referido: tras tocar "piso" en 32% del PIB en 2013, no ha parado de subir y en septiembre pasado ya había superado el 40% del producto. Me refiero a la deuda pública total, neta de los activos externos (sin los encajes) y con residentes.

Si calculamos la variación de la deuda neta que se debe a razones fiscales (y no, por ejemplo, a efectos de cambios en las paridades cambiarias), nos encontramos con que en el período 2005-2009 la deuda subió en unos US$ 700 millones; en 2010-2014, subió en unos US$ 5.500 millones; y en 2015-2016 subió en unos US$ 3.300 millones (¡en dos años!). En total unos 9.300 millones, frente a los casi 10.900 en que subió la deuda neta. Lo más delicado del caso, es que la mayor acumulación de deuda se da en los años más recientes y que no parece que la situación vaya a cambiar en el futuro inmediato, con déficit que se proyectan (según la encuesta del BCU) para 2017 y 2018 en 3,5% del PIB. Viene al caso recordar que estamos cerca de entrar en la segunda mitad del período de gobierno, cuando la experiencia muestra que el déficit fiscal tiende a subir (1,4 puntos del PIB entre los años tercero y quinto del período de gobierno, según datos de 1985 a 2014).

Ahora bien, ¿qué es aquí y ahora un déficit "más allá de lo debido"? Desde mi punto de vista, el límite de lo debido está en 2,5% del PIB o menos. Con una deuda pública neta en 40% del PIB y una tasa de crecimiento a largo plazo de la economía del 3%, habría financiamiento por 1,2% del PIB anualmente mediante deuda. Claramente, si se quisiera volver al 32% del PIB de 2013, la cuenta sería otra. Por otro lado está el financiamiento "inflacionario" que tiene dos componentes: uno, el aumento de la base monetaria y otro, el componente inflacionario de los intereses nominales en pesos uruguayos. Mis cálculos para 2016 dan 1,3% del PIB.

Frente a ese "límite" de 2,5% del PIB (insisto, que puede ser menor y no mayor) tenemos un déficit fiscal "estructural" algo mayor al 4% del producto. A eliminar esta discrepancia debería estar abocado el sistema político y en particular el partido en el gobierno. Obsérvese que si tomáramos para este año un déficit fiscal de 3,5% del PIB y se diera la "regla" antes referida, de deterioro fiscal en el camino hacia las elecciones nacionales (regla cuya única excepción desde 1985 se dio en 2003-2004, bajo la presidencia de Batlle), estaríamos terminando este período de gobierno con un déficit próximo a los cinco puntos del producto. En tal caso, la deuda seguiría subiendo en términos del PIB y los pagos de intereses se llevarían crecientes proporciones de la recaudación de impuestos. No sería sostenible.

JAVIER DE HAEDO