CARLOS STENERI

Después de días intensos fogoneados por un recambio vicepresidencial, se aprobó vía expresa otra Rendición de Cuentas. Mucho se comentó ya sobre su insuficiencia para encuadrar las cuentas públicas, frenar el aumento del endeudamiento y lanzar señales sobre un mejoramiento de la gestión del Estado.

Todo lo contrario. Aumenta la recaudación aplicando un tributo (tasa consular) que cierra aun más la economía, que nos hace más Mercosur dependientes pues se le aplican tasas menores a las importaciones de ese origen y nos complica potenciales negociaciones. El sucedáneo esgrimido es su índole temporal establecido por ley, cuando sabemos que no hay nada más permanente que un tributo provisorio que financia gasto inflexible.

En materia de gasto, de análisis y correctivos no hubo sustancia ni debates serios. Solo algunas visiones antagónicas perdidas en el fárrago de la información. Por un lado, el Ministro de Economía mostró preocupación por el aumento de las erogaciones en seguridad social por encima de lo programado y con tendencia creciente, en tanto que la Presidencia del BPS las justifica como resultado de la ampliación de la cobertura de prestaciones y flexibilización de las normas para su acceso.

La verdadera pregunta es responder cuál es la trayectoria del gasto en seguridad social con las nuevas reglas que comenzaron en 2008. Es una componente estructural del gasto público que por su potencia y rigidez condiciona la política fiscal futura y que no se encuadra con parches provisorios.

Al mismo tiempo, agrega recursos para la educación, más para cumplir con un reclamo que con un objetivo específico con resultados medibles. Se sigue operando bajo el supuesto de que la inyección de más gasto asegura mejores resultados, cuando hay consenso generalizado de que existe una institucionalidad discorde con un sistema educativo eficaz.

A su vez, esta Rendición anida un artículo inconstitucional a sabiendas (el 15), que nos debiera llevar a reflexionar sobre las reglas sagradas que vulnera, como la separación de Poderes y el respeto a los fallos judiciales. Más incomprensible aún cuando es una norma para postergar pagos de sentencias, en este caso por un error advertido y auto infligido a sabiendas. Y sus ejecutores son los mismos poderes del Estado que no titubearon un instante en recapitalizar Ancap en centenas de millones de dólares mediante tarifas y contratación de endeudamiento con el Banco de Desarrollo Latinoamericano ( CAF).

El episodio realmente es preocupante, pues la pregunta es dónde y quién fija los límites cuando el Ejecutivo pide legislación para desconocer una sentencia que lo perjudica. Aquí no hay excusas ni justificaciones de oportunidad. Menos por dinero. El bien republicano supremo a preservar es el respeto irrestricto de las sentencias judiciales.

Como toda Rendición de Cuentas, es una mirada al pasado y una proyección hacia el futuro; corresponde preguntarse hacia dónde vamos, pues la próxima (2018) es la última antes de las elecciones del 2019 y continuará vigente hasta la aprobación del presupuesto quinquenal del nuevo gobierno a fines del 2020.

El afloje fiscal tradicional de los periodos pre electorales augura que la próxima Rendición mantendrá los niveles de déficit actuales, elevados aunque financiables en lo inmediato pero insostenibles en una trayectoria de mediano plazo. Eso necesariamente obligará a la próxima administración, cualquiera fuere su tinte ideológico, a tomar cartas en el asunto.

La inflexibilidad de nuestro gasto público y la recuperación de la inversión pública dificultarán esa tarea, siendo el fortalecimiento del crecimiento económico una de sus puertas de salida.

Crecer más no se determina por decreto, sino que responde a circunstancias varias, algunas que responden a políticas de Estado. La política comercial tiene impacto inmediato. Debemos aceptar que creceremos más abriéndonos al resto del mundo. Hemos apostado a una estrategia errónea de encierro regional, donde nuestra apertura se profundizó por la irrupción de China como cliente y proveedor. Hoy se convive en una situación global compleja.

Pero eso no puede ser excusa para posponer una vez más una política de Estado esencial.