Opinión

Antes del análisis que en el proyecto de ley se refiere al sector agropecuario, caben un par de reflexiones globales. Tomo para ello las palabras de Rodolfo Nin, quien se mostró molesto cuando un periodista le preguntó sobre el déficit previsto de U$S 2.000 millones.

Afirmó que el 80% del déficit se debe a las políticas sociales y desafió a los que, deseando un menor gasto, señalaran qué política social reducir: si la salud, la enseñanza o el empleo. Así, el ministro Nin tomó distancia de la racionalidad económica, justificando el suicidio colectivo que supone este proyecto de rendición.

En primer lugar, sin duda que habría que revisar las políticas sociales si estas explican el déficit. Obviamente, si como fruto del déficit se dispara la inflación, o se pierde el grado inversor por más deuda, es claro que el resultado para todos y especialmente para los supuestos beneficiarios de las políticas sociales sería el peor. Además, cómo no revisar las políticas sociales de un gobierno que pierde U$S 700 millones en un ente monopólico como Ancap, o que pierde 80 en un horno que no anda, o en una aerolínea como Pluna, que niega comisiones investigadoras, y especialmente que una vez y otra sigue privilegiando lo político sobre lo jurídico. Cómo no revisar. Más aún; si como dice Nin las políticas sociales van a la salud, o a la educación, o al empleo, hay obviamente mucho que revisar.

Habiéndose duplicado la presión fiscal desde fines de los 90 hasta ahora (de 16,5% del PIB en 1990, o 20,2% en 1994 a más del 32% del PIB hoy), véase cómo está —con esta presión— la educación, o como está la salud, aun con una transferencia de 1,5 puntos del PBI.

En lo que sí tiene razón Nin es en que el gasto estatal soporta el empleo... público. Es la gran política social, el empleo público: por lo menos 75 mil empleados públicos más sin contar en los entes paraestatales. ¡Si habrá que revisar las políticas sociales!

Menos importante que lo anterior, veamos el capítulo del MGAP en la rendición de cuentas. Lo peor es el artículo 136 que obliga a la DGI y al BPS a proporcionar al MGAP a su pedido, información sobre los ingresos de los productores rurales. Es una barbaridad institucional que el ministerio pueda conocer información proporcionada a la DGI o al BPS para verificar si un productor cae o no en la definición que por decreto inventó el MGAP sobre la condición de productor familiar. Si el ministerio duda sobre los ingresos de un productor para saber si puede ser titular de ayudas, que pida declaraciones juradas, que denuncie. Pero cambiar para el MGAP el destino de una información que se entrega a la DGI o al BPS con un objeto tributario, parece un abuso severo de legalidad dudosa que no debería prosperar. Están también el artículo 131 y en especial el 132, que para variar, crean nuevos registros obligatorios, que son coherentes con la política socialista consistente en conceder la facultad de trabajar a quien se inscribe y pide permiso, limitando así la libertad de trabajo, convirtiendo este derecho en una concesión del Estado, algo inverso al enfoque republicano.

Veo acá no solo una inversión de valores, sino una facultad para recaudar, para administrar poder y, en el caso de los pollos, sospecho que para administrar el comercio exterior. Todo el que trabaje con productos y subproductos cárnicos de todas las especies, de leche, de miel, trabaje para el mercado interno o la exportación, deberá contar con su certificado aunque no lo pida cliente alguno. Es como mínimo una absurda traba de papel, pero puede ser mucho más. Se parece a los permisos que hay que lograr para tantas actividades como sembrar, fumigar, procesar semilla, importar frutas y verduras o vino, exportar carne, etc. La apoteosis de este enfoque socialista es la exportación en pie, sometida a permisos que se confieren o no, cuarentena, intervención veterinaria, certificaciones de escribanos, etc.: una burla.

Hay también artículos —129 y 130— referidos a la ya vigente acreditación de veterinarios para trabajar con el MGAP, que no alcanza con que sean recibidos en la universidad, sino que debe pedir permiso al MGAP, otro abuso. Y hay también una referencia a los registros de productos fitosanitarios y fertilizantes, excluyendo del trámite algunos casos, y yo creo que estaría muy bueno excluir a todos los productos con registros en cualquier país, por ejemplo del Mercosur, ya que ese registro como tantos trámites no agrega valor, salvo en algún raro producto nuevo.

Dejo para el final un artículo que no parece escrito en serio. Se trata del 122, que propone establecer el Programa Nacional de Promoción de la Conciencia Agropecuaria. Es muy fuerte. El mismo gobierno que desde enero viene siendo acusado de no entender al campo es el que plantea difundir su visión de conciencia agropecuaria. Quienes califican a los productores de terratenientes, quienes creen que la situación económica de hoy deriva de las rentas que se pagan, quienes elaboran el combustible más caro del mundo, quienes como aquel ministro tienen una idea de campesinado agrario salida de no sé qué folletín sesentista… El mismo gobierno que restableció el impuesto al patrimonio o el de primaria después de prometer que no habría más impuestos; el mismo que establece todos estos permisos previos, que considera, como decía Mujica, que había que parar el desarrollo agrícola; que quitó todos los estímulos a la forestación; que llenó de trámites inútiles la ganadería, ¿será que este gobierno puede liderar la difusión de una conciencia agropecuaria?

En definitiva, una rendición de cuentas que en lo global acelera cerca del abismo, y en lo sectorial por sus regulaciones, permisos, etc. supone más de lo mismo: otro salto 25 años atrás.