OPINIÓN

La regulación del gas: en el papel y en la práctica

El gas natural representa una pequeña porción de la matriz energética, pero la salida de Petrobras es otra gran muestra de que sin transparencia no hay buena regulación. Y tampoco permite concluir sobre cuál fue el costo para el Estado. 

Foto: El País
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Si bien el gas natural representa sólo un 1% de la matriz energética primaria en Uruguay, el negocio y la regulación del mercado han estado en escrutinio en los últimos meses dada la salida de Petrobras del mercado de distribución. La empresa brasileña —que hasta ahora tenía un control mayoritario del mercado (*) — termina su contrato de concesión antes de lo previsto (con acuerdo de parte uruguaya), cesará discordias legales que tenía con el Estado, al que entregará sus acciones y éste se ocupará de la operación del sector (hasta nuevo interés del sector privado).

El gobierno enfatizó que lo importante era que el desenlace “no tuviera ningún costo para Uruguay y eso es lo que se logró”. Lamentablemente, y como sucede también para el caso de otros mercados regulados en Uruguay (hoy y siempre), es difícil asegurar tal cosa, dada la poca información disponible.

Distribución de gas en Uruguay

Petrobras tenía un contrato de concesión con el Estado uruguayo para el uso y operación del sistema de distribución, donde además debía invertir en la expansión y mantenimiento de los activos, a cambio de una compensación —canon— que pagaba al Estado (ver diagrama), siguiendo un esquema tradicional de concesión. Dadas las características monopólicas del negocio, las tarifas a las que la empresa vende son reguladas.

La tarifa está compuesta de varios componentes (ver diagrama) que reflejan el hecho que el precio que la empresa distribuidora le cobra al cliente final, incluye los diferentes elementos de la cadena de valor. Por ejemplo, el gas se compra en Argentina (en un mercado competitivo), se transporta a Uruguay a través de un gasoducto (mercado regulado) y Petrobras lo distribuye a sus clientes utilizando la infraestructura que tiene en concesión. Sin embargo, la distribuidora sólo opera un segmento, el de distribución. Por eso, la regulación uruguaya establece que la tarifa debe ajustarse a variaciones de precios de componentes que no dependen de la operación de la empresa de distribución, como el costo del gas y transporte desde Argentina.

Es razonable que el inversor no quiera asumir dicho riesgo; no está en su total control y de lo contrario entraría en pérdidas si dichos costos suben y no puede trasladarlo a tarifas. Con la misma lógica, si dichos costos bajan, es razonable que las tarifas también bajen, sino el inversor estaría obteniendo beneficios adicionales que no son resultado de su mejora operativa.

En cambio, y como su nombre indica, el Vadeg es el componente de la tarifa que define el valor agregado de la empresa sobre la distribución (no otros segmentos). Se calcula como el costo total que incurriría una distribuidora “modelo”. Es decir, los ingresos necesarios para proveer un servicio de calidad con una rentabilidad justa y razonable.

También en la práctica

En el papel, el diseño de dicha regulación es consistente con lo que recomiendan los expertos. Sin embargo, la implementación parece estar fallando. Los detalles de qué precios se están tomando en referencia, cómo se ajustan exactamente, qué está pagando cabalmente el consumidor… se sabe poco. Una vez más —y como ha sido históricamente en nuestro país— la transparencia sobre las tarifas públicas es escasa.

Muchas entidades reguladoras regionales ofrecen información de la composición y revisiones tarifarias, y los procesos de revisión de tarifas se hacen a través de instancias públicas que quedan documentadas. En Uruguay no.

De hecho, gran parte de las diferencias planteadas por Petrobras eran precisamente sobre cómo se establecía la tarifa y sus ajustes. En particular los incrementos del costo del gas natural desde Argentina, que aumentó considerablemente en los últimos años. De hecho, unos de los procesos judiciales había instado a Uruguay a revisar este tema.

Y volviendo al costo de la salida de Petrobras para el Estado… es difícil de saberlo, pero no es posible asegurar que no tiene un costo para el país. Intentar estimar números sería como hacer magia dada la información existente. Hoy sabemos que la empresa transfiere todas las acciones y se va. Pero cuál es la situación actual de la empresa: ¿debía algún canon?, ¿había invertido lo que le correspondía por contrato? ¿Hizo mantenimiento de la infraestructura?

Tal vez el paso a manos públicas sea una gran oportunidad y el Estado sea capaz de revertir un negocio que hasta ahora daba pérdida. Sin embargo, hoy no hay condiciones para decir que la salida de Petrobras no tuvo costos para el país y, una regulación que en la práctica funcione como en el papel, es clave para asegurar el buen funcionamiento del servicio, sin importar si es en manos privadas o públicas.

(*) Petrobras tenía 100% de las acciones de Montevideo Gas y 55% de Conecta (socio con Ancap).

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