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¿Y la reforma de las empresas estatales?

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La baja del dólar sigue siendo un problema, aunque la baja del crudo ayuda. Foto: A.Martínez.

En el año 2015 surgieron voces desde la sociedad civil y el mundo académico pidiendo cambios en las reglas de Gobierno Corporativo de las empresas estatales.

En particular se destacaron el trabajo realizado por Pharos y el IEEM "Empresas del Estado y eficiencia: La relevancia del ejercicio de la propiedad" y el trabajo realizado por nuestro Observatorio junto con un grupo de destacados profesionales: "Institucionalidad en el sector de la energía - Libro Blanco".

Estos trabajos, con diferentes enfoques y perspectivas, sumados a las opiniones de destacados especialistas, plantean la necesidad de resolver algunos problemas endémicos de nuestra empresas estatales como lo son la necesidad de separar roles (distinguiendo al fijador de políticas del regulador y de los prestadores de servicios); los problemas del ejercicio efectivo de la propiedad; la clarificación de responsabilidades entre los representantes del accionista y el equipo gerencial; los problemas de su régimen legal, así como también una necesidad clave: la de definir de manera clara y explícita su foco de negocios.

Entendemos que la solución de estos problemas debe procesarse en el marco de las mejores prácticas internacionales, las de empresas estatales exitosas en diversas partes del mundo, recomendaciones presentes en las guías de la OCDE y CAF. La clave son las reglas de juego adecuadas: un sistema controles y equilibrios, mecanismos de delegación efectiva con su correspondiente rendición de cuentas, esquemas claros de incentivos y oposición de intereses. El objetivo es que las empresas generen una rentabilidad adecuada por el capital invertido y a la vez desarrollen servicios de calidad a precios competitivos para sus clientes.

Hubo mensajes de apoyo explícito a esta agenda de cambios de parte del Gobierno, con el liderazgo del Director de la OPP, Cr. Álvaro García. Ya a fines de 2015 en el desayuno de ACDE, el Cr. García había anunciado que la gobernanza de las empresas públicas iba a ser una línea de trabajo prioritaria. Luego en mayo de este año la OPP realizó, con apoyo del Banco Mundial, un "Seminario Internacional sobre Buenas prácticas en la gestión de las Empresas Públicas".

Pero estos intercambios no se dieron en un escenario neutro: el marco lo puso Ancap, con sus enormes pérdidas y grandes dificultades de gestión, y el impacto negativo de las empresas públicas en la situación fiscal del país. El debate que siguió estuvo centrado en diversos aspectos de la gestión de Ancap: pérdidas operativas y dudas sobre la viabilidad de algunas líneas de negocio (portland, biocombustibles, etc.). Pero además de los aspectos políticos y de la investigación de la gestión concreta, hubo instancias donde emergieron los problemas del modelo de gobierno y gerenciamiento, y por tanto la calidad de los mecanismos de toma de decisiones empresariales. Entre otras instancias cabe recordar —además del taller en la OPP— un seminario en el Palacio Legislativo convocado por el Senador Bordaberry, con la participación de técnicos y autoridades de todos los partidos políticos. Finalmente, el Gobierno tomó la decisión de sustituir al Directorio de Ancap por otro de fuerte perfil profesional.

Luego de la fuerza de los mensajes iniciales, de lo álgido del problema generado, se podía augurar el inicio de cambios profundos. Sin embargo, todo indica que en la actualidad el proceso no avanza, y no hay sobre la mesa una estrategia de reforma estructural. En realidad, las últimas decisiones parecen repetir las viejas prácticas, centradas en recaudar, o en buscar disminuciones de costos de corto plazo, incluso profundizando problemas institucionales, sin avanzar en los temas estructurales pendientes.

Son medidas que intentan trasladar costos e ineficiencias a terceras partes más que generar incentivos para la competitividad propia. En cualquier caso, la búsqueda de eficiencia debería estar orientada a mejorar el precio y la calidad a los clientes finales, y sin embargo es llamativo que el interés del cliente no figure en el discurso de las partes involucradas.

Independientemente del debate que pueda existir sobre las causas de este freno (intereses corporativos, presión sindical o estrategias políticas de corto plazo), la pregunta retórica del título se responde sola: el proceso de cambio está detenido. Es importante que se recupere el debate y se concreten avances en este tema, que muchas veces se visualiza lejano y de largo plazo, pero tiene un impacto relevante en la situación fiscal, la eficiencia de precios de servicios básicos y por ende en la competitividad de nuestra economía. En la nueva realidad internacional con relaciones comerciales más complejas; en el marco de una tendencia al alza de las tasas de interés; solo el camino de la eficiencia y la productividad permitirá mantener puestos de trabajo auténticos.

Como muchos temas en Uruguay, existen altos niveles de consenso técnico, pero resulta complejo llevar a la práctica los cambios y suelen triunfar las estrategias de bloqueo. Parafraseando a Carlos Real de Azúa; en las instituciones, las empresas y el gobierno coexisten y dan batalla "el impulso y su freno". Habrá que fortalecer el impulso allí donde esté. Es necesario mantener el debate y los argumentos, fundamentados en los beneficios de largo plazo que el cambio tendrá para el conjunto de la sociedad.

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La baja del dólar sigue siendo un problema, aunque la baja del crudo ayuda. Foto: A.Martínez.

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