Opinión

Vuelve a estar en agenda una propuesta que hace casi cuatro años me motivó a escribir en este mismo suplemento: "la reducción de la jornada laboral".

Claro que ahora existen factores que pautan una diferencia: se perdieron 40.000 empleos el último año, el déficit fiscal llegó al 4% y —en un país más envejecido— el 25% de los jóvenes pobres queda fuera del liceo o de la UTU, según últimos datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Tales indicadores se suman a déficit que subsisten, y en aquella oportunidad señalé que están relacionados con: mejorar nuestra inserción internacional; diversificar la producción; integrar cadenas globales de mayor valor; vincular la sustentabilidad del empleo con las nuevas tecnologías y la innovación, así como desarrollar calificaciones de calidad en la fuerza de trabajo.

También se mantienen los argumentos que fundamentan esa iniciativa sindical: el empleo es un bien escaso que debe ser compartido y los trabajadores deben disponer de más horas para su vida personal. Reconozco que en materia de cómo sustentarla financieramente, las respuestas parecen estar ahora más claras. Descartado el sector público, por decisión del Poder Ejecutivo, se percibe una fuerte tendencia de darle certeza al sector privado: las que debe pagar la reducción de las horas de trabajo son las empresas. Es decir, a igual salario les corresponderá menos horas de trabajo a cambio.

Sus partidarios sostienen además, que se mantendría igual productividad y cuesta entender: ¿qué llevaría a los empleadores a contratar más trabajadores si obtendrían lo mismo a través de esa nueva jornada laboral?.

De no llegar esto último a ser así, necesariamente implicará un aumento de los costos laborales y las empresas tendrán dos alternativas:

Financiar ese aumento con menor rentabilidad; esto podría no tener efectos de corto plazo en el empleo, aunque sí en la inversión y crecimiento futuros.

No estar en condiciones de asumir tal compromiso, lo que aumentaría la caída de puestos de trabajo, concordatos y cierres.

Además, me pregunto ¿qué hace suponer que en su tiempo libre los trabajadores se dedicarán más a las tareas recreativas, familia y amigos y no tratarán de aprovechar esta reducción, para buscar otro trabajo para paliar mejor nuestro alto costo de vida? Esto último ¿no terminaría engrosando la fila de desempleados?

O lo que es peor aún, ¿no motivaría el resurgir de las "changas" y que los trabajadores empeoren sus condiciones laborales hasta arriesgar su propia protección?.

Teniendo en cuenta el panorama descripto al inicio no puedo dejar de percibir en esta movida una actitud voluntarista, que sin reconocer las brechas con el mundo desarrollado, pone en riesgo una estructura empresarial a la que escaso margen le queda. Y ello acaso ¿no seguirá destruyendo empleos y perjudicará más familias, y no precisamente las más ricas?

Insisto en que este debate entre "tirios y troyanos" sigue sin considerar que la reducción del tiempo de trabajo, tal cual señaló Gilber Ette, está constituida por cuatro ejes cuyos efectos deben ser diferenciados en forma analítica:

i)la reducción propiamente dicha;

ii)la compensación salarial que esta reducción conlleva;

iii)los beneficios de productividad del trabajo que esta reducción induce;

iv)posibles beneficios de productividad del capital que le acompaña.

En este sentido, la reducción puntual de una hora de trabajo —sin compensación— tendría entre otros efectos: descenso del salario impactando en la demanda interna; dejar equipamiento ocioso, aumentar el costo por unidad de producción y, eventualmente, afectar de modo negativo la competitividad externa.

Realizar una reducción manteniendo la misma compensación salarial podrá mejorar la demanda interna, pero tendrá su repercusión en los precios poniendo en juego su estabilidad.

Por otra parte, la ganancia de la productividad del trabajo inducida por la reducción del tiempo de trabajo, podría terminar incidiendo negativamente a la creación de empleo.

La virtud de la reducción de la jornada horaria, en términos de crecimiento y empleo, parecería estar dada cuando las ganancias de productividad del capital están vinculadas a la reorganización del trabajo para maximizar el uso de equipamiento; disminuyendo los costos, positivo impacto en la demanda interna y externa; sin embargo, esto exigiría consensos previos que dudo sean fáciles de generar en Uruguay.

De acuerdo al INE, trabajamos en promedio 37 horas por semana y según voceros sindicales, a través de negociaciones, varios sectores han logrado su reducción horaria. Ahora bien, si esto es así no estamos ya en condiciones de responder ¿qué aprendizajes generaron tales acuerdos en términos de productividad, empleo y calidad de vida?