La actividad económica en Brasil ha experimentado un fuerte descenso. La caída de 0,2% del PIB en el primer trimestre aún no captura la intensidad de la reducción del consumo y la inversión prevista para el resto del año.

En marzo y abril, el descenso acumulado en el indicador de actividad económica del Banco Central (IBC-Br) era casi el 2,5%. Los últimos datos de ventas minoristas muestran un descenso del 1,5% de enero a abril en comparación con el mismo período de 2014, mientras que el comercio al por menor ampliado, que incluye las ventas de automóviles y materiales de construcción, se redujo en un 6,1%. Por otra parte, la industria del automóvil se ha constituido en el segmento de la economía que más ha sufrido los efectos de la recesión: la producción y las ventas cayeron un 20% entre enero y mayo en comparación con el mismo período del año pasado. Las proyecciones del sistema Focus de expectativas, compiladas semanalmente por el Banco Central, muestran una caída del 1,5% del PIB en 2015.

La desaceleración de la economía también se inició en 2013, pero hasta hace poco el mercado laboral se mantuvo relativamente robusto. Desde principios de este año, sin embargo, la tasa de desempleo comenzó a subir y el ingreso laboral comenzó a declinar en términos reales en comparación con el mismo período del año pasado, inclusive como consecuencia de la aceleración de la inflación. La tasa de desempleo en abril, de 6,4% en las seis principales áreas metropolitanas, ya era 1,5 puntos porcentuales más alta que en el mismo mes del año pasado. En los primeros cinco meses del año se dio la eliminación de 570 mil empleos formales. Los ingresos reales de trabajo en abril fueron un 3% menos que en abril de 2014.

La utilización casi al límite del crédito como instrumento de apalancamiento de la demanda, tanto del consumo como de la inversión, sin duda contribuyó a que las inconsistencias del modelo demorasen en aparecer. Sin embargo, hoy en día las familias están altamente endeudadas, lo que limita su capacidad para contraer nuevos préstamos para mantener el ritmo de consumo de años anteriores. El endeudamiento de los hogares en abril alcanzó su nivel más alto de la serie como proporción de los ingresos: 46,3%. El servicio de esta deuda ya absorbe el 22% de sus ingresos. En un contexto de aceleración de la inflación y de corrección de precios públicos —especialmente las tarifas de electricidad, un artículo de reemplazo difícil en el presupuesto familiar— la tendencia es que la demanda de otros bienes en la economía se retraiga aún más.

Del mismo modo que la expansión del crédito, el control artificial de precios y tarifas reprimió la inflación, permitiéndole al Banco Central gestionarla siempre cerca del límite superior del rango de tolerancia. Los límites de esa política fueron alcanzados a finales del año pasado y la corrección de los precios relativos en curso ya ha dado lugar a una inflación acumulada en 12 meses Cercana al 9%. Sólo la corrección de los precios de la electricidad —reducidos artificialmente en un 20% a principios de 2013— ha acumulado en 12 meses una variación de alrededor del 60%.

Con el retroceso de los precios de las materias primas y los cambios en el ambiente externo —ambos empujando la tasa de cambio— las presiones son aún más fuertes, lo que requiere una postura notoriamente menos complaciente que en los últimos años. De hecho, después de haber llevado la tasa de interés hasta el 7,25% entre finales de 2012 y principios de 2013, el Banco Central comenzó a levantarla para cubrir la inflación que se resistía en niveles mucho más altos a la meta del 4,5%. Lo hizo inicialmente en forma vacilante, inclusive deteniendo las crecientes tasas de interés en el período previo a las elecciones de 2014. Desde octubre del año pasado las tasas aumentaron de nuevo y ahora están en 13,75% anual. La retórica de la autoridad monetaria también cambió, tornándose en mucho más incisiva en su voluntad de llevar la inflación a la meta en el año 2016. Se trata de un importante esfuerzo para recuperar la credibilidad perdida después de varios años de distancia de la meta, pero las expectativas de inflación para el próximo año todavía siguen estando alrededor de un punto porcentual por encima del objetivo.

Contra los desequilibrios acumulados, el país pasa en este momento por tres ajustes importantes: el fiscal (cubierto en detalle en un artículo anterior), externo (para reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que alcanzó el 4,5% del PIB) y el de los precios relativos, principalmente tarifas públicas y tasas de cambio. El impacto sobre la actividad económica es proporcional a la magnitud de los desequilibrios que deben corregirse. Hay, sin embargo, un aspecto que ha contribuido a hacer de este período de ajuste aún más difícil: la inestabilidad política asociada a un gobierno debilitado por los escándalos de corrupción en Petrobras y un panorama económico que contrasta fuertemente con el que se presentó durante la campaña que llevó a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. La aprobación del gobierno cayó a los niveles más bajos desde la crisis de 1992, aquella que llevó a la destitución del presidente Collor de Melo.

En este contexto, las fuerzas políticas no logran converger. A pesar de la mayoría parlamentaria que el gobierno tiene en teoría, en el Congreso, las dificultades para aprobar las medidas de ajuste necesarias siguen siendo muy grandes. En particular, el ajuste fiscal se ha diluido, al mismo tiempo que se aprueban medidas con impacto a largo plazo, tales como la sustitución del factor de la seguridad social —lo que reduce el valor de las jubilaciones anticipadas—- una nueva fórmula (conocida como 85/95) más costosa para el erario público. Es cierto que la presidente vetó la medida aprobada por el Congreso, pero en su lugar propuso una alternativa que sigue representando un aumento de los gastos futuros en comparación con la situación original.

Las metas fiscales no deberían ser alcanzadas este año, así como es probable que la meta de inflación no se logre en 2016, ya que implicaría reducir la inflación en alrededor de 4,5 puntos porcentuales. El ajuste, por tanto, tiende a prolongarse durante un tiempo considerable, y posiblemente se extienda más allá de 2016. Las previsiones de crecimiento para el próximo año, que a principios de 2015 apuntaban a una expansión de 1,8%, en la actualidad están en 0 7%.

Tal vez lo más preocupante es el hecho de que no hay señales en el sentido de promover reformas que preparen al país a una nueva etapa de crecimiento a tasas más altas. El retroceso en el tema de la Seguridad Social indica que, incluso si el ajuste es concluido con éxito, todavía le faltarán al país las condiciones para promover la inversión y aumentar la productividad a un ritmo mayor al observado en los últimos años. En un esfuerzo por cambiar el eje de la discusión de las cuestiones a corto plazo para las de más largo plazo, el gobierno anunció hace unas semanas un nuevo programa de inversiones en el sector del transporte, que se implementarán a través de concesiones de carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y puertos al sector privado.

Se trata de una iniciativa positiva, pero fue recibida con escepticismo ya que remite a un anuncio similar de hace dos años, con resultados muy inferiores a lo esperado. Sin una reforma del marco regulatorio, difícilmente los resultados del nuevo plan sean diferentes. Lo mismo vale para las reformas de la seguridad social, laboral y tributaria.

Paulo Levy - Desde Rio de Janeiro