OPINIÓN

Reanudación de las reformas económicas en Brasil

Los indicadores más recientes de actividad económica en Brasil muestran una reacción en relación con abril, lo que indica que debe haberse llegado al fondo del pozo.

Foto: Reuters
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Aunque las expectativas de crecimiento para el año se han revisado a valores menos negativos, actualmente la proyección media es que el PIB caerá un 6% en 2020 y las perspectivas para el ritmo de recuperación aún son relativamente inciertas. El comportamiento de la economía está profundamente vinculado a la evolución de la enfermedad en sí: Brasil, a diferencia de lo que se observó en otros países, después de alcanzar un pico, todavía registra altas tasas de contaminación (nuevos casos) y un alto promedio diario de muertes, lo que refleja la internalización de la epidemia.

Las medidas para restringir la actividad económica se han relajado gradualmente, pero el comercio y los servicios en carácter presencial solo reaccionan lentamente, lo que refleja la postura cautelosa de los consumidores. La mejora de la actividad económica en mayo y junio fue estimulada en gran medida por los programas de transferencia de efectivo del gobierno, tanto para los trabajadores informales como para aquellos que, en el sector formal, suspendieron sus contratos de trabajo o redujeron las horas de trabajo y la remuneración, así como quienes recibieron un complemento salarial del gobierno federal. Ambos programas se han ampliado recientemente y su pronóstico de gastos es del 4,3% del PIB, dos veces, como proporción del PIB, el valor del programa de transferencia de efectivo para los hogares en los Estados Unidos.

La reducción de las restricciones de movilidad apunta a la reanudación continua de la actividad económica a corto plazo, aunque la perspectiva del fin de la ayuda de emergencia del gobierno plantea dudas sobre la fuerza de la demanda en el último trimestre del año. Sin embargo, existe un catalizador potencial para acelerar el crecimiento que comenzó a tomar forma en las últimas semanas con la reanudación de los esfuerzos para aprobar reformas en el Congreso.

Así, en julio, después de varios años de procesamiento, se aprobó la reforma del sector de saneamiento básico, que básicamente amplía el espacio para el desempeño de empresas privadas que compiten con empresas estatales, que hasta hoy tenían el monopolio virtual de este servicio. El impacto del cambio en forma de inversiones y la mejora de las condiciones de salud de la población se puede evaluar si se considera que, en 2017, el 14% de los hogares no tenía acceso a una red de agua y el 50% no tenía acceso a una red de alcantarillado. La enorme inversión necesaria para cerrar esta brecha debería recibir un apoyo financiero preferencial del Bndes: el objetivo es universalizar los servicios para 2033, y para eso, serán necesarias inversiones anuales en promedio cinco veces superiores a las realizadas en los últimos años.

Otra reforma que comienza a aprobarse en el Congreso es la tributaria. De la misma manera que para la reforma de saneamiento, ha estado en marcha durante algún tiempo y el impacto esperado en la productividad es muy grande, ya que Brasil lamentablemente es campeón en el tema "tiempo necesario para cumplir con las obligaciones fiscales" que refleja la encuesta "Doing Business" de la Banco Mundial. El sistema tributario no solo es complejo, sino que produce grandes distorsiones, ya sea en términos sectoriales o regionales, debido a legislación específica, regímenes especiales, exenciones y exoneraciones. Afrontar con éxito la reforma impositiva requiere la movilización y la combinación de habilidades técnicas y políticas que son difíciles de lograr: por un lado, es un tipo de reforma que solo tiene lugar a intervalos de décadas; Por otro lado, su impacto en la economía es persistente y, si se realiza de manera deficiente, puede reducir el crecimiento a largo plazo.

Hay tres propuestas actualmente en discusión en el Congreso: una en la Cámara, otra en el Senado y la propuesta enviada por el gobierno la semana pasada. La primera se encuentra en una etapa más avanzada y no difiere mucho de la del Senado: incluso hay una comisión mixta de las dos cámaras en busca de una propuesta unificada. Ambos enfatizan la unificación de los impuestos al consumo bajo un régimen de valor agregado con cobro de destino y una tasa única. Lo más destacado es la unificación de la legislación ICMS, un impuesto estatal cobrado en la fuente, y su fusión con el Impuesto sobre los Servicios, de competencia municipal. La propuesta del gobierno, en una primera etapa, se limita a la unificación de las contribuciones federales conocidas como PIS y Cofins, actualmente cobradas principalmente por los ingresos de las empresas, que se cobrarían por el valor agregado. Al enviar su propuesta, el gobierno indicó que habrá tres fases más con mayor alcance. En cualquier caso, incluso si se limita a los impuestos al consumo, una reforma eventual ya alcanzaría la mitad de la carga impositiva, que, por cierto, no debería cambiar debido al principio de neutralidad que guía las propuestas.

Los cambios previstos en las propuestas de reforma promueven una gran simplificación del sistema tributario, pero también tienen un impacto diferente en los diversos sectores. En particular, se espera que aumenten los impuestos sobre el sector de servicios y que disminuyan los impuestos de la industria, lo que puede ser positivo para el crecimiento a largo plazo, dado el mayor dinamismo del sector industrial. Esto plantea una difícil elección sobre cuándo implementar los cambios, dada la situación actual causada por COVID-19, que ha afectado principalmente al sector de servicios, que representa más del 70% de la ocupación.

Los impactos redistributivos de una reforma tributaria son #grandes, pero las ganancias que se obtienen también son abultadas. Dos estimaciones recientes indican que las ganancias de la reforma que se está discutiendo actualmente en la Cámara son altas. Para el primero, la productividad laboral puede crecer un 5,5% por encima de la tendencia en un horizonte de 13 años, hasta 2033. Para el segundo, se estima un aumento del 20% en el PIB durante 15 años como resultado de la simplificación y la reducción de las distorsiones de asignación. Se necesitará mucha capacidad política para poder cosechar estos frutos.

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