OPINIÓN

Se anunció la creación del fondo Coronavirus, con aportes de funcionarios públicos y políticos que tengan un salario liquido superior a los 80.000 pesos. Se estima que se recaudarán 12 millones de dólares.

Obviamente, esta cifra no es suficiente para enfrentar las crisis, pero marca un criterio de equidad. Los que tienen salarios altos y no tienen riesgo de perder su empleo, deben contribuir a solventar los gastos necesarios para asistir a los miles de empleados privados que perdieron o van a perder sus empleos.

La señal es clara, ya que estamos en guerra contra un adversario implacable que viene causando estragos en las principales potencias económicas del mundo. Estados Unidos, China, Japón, Francia, Italia e Inglaterra, se vieron sorprendidos y superados ampliamente por el coronavirus. Se han probado a lo largo del mundo todas las recetas y la única que habría dado resultado es el aislamiento forzoso. Pero genera un círculo vicioso, donde la crisis económica y la sanitaria se potencian recíprocamente.

Y como es sabido, el aislamiento tiene un costo económico enorme, en el momento que más recursos se necesitan para enfrentar los gastos sanitarios.

Analicemos donde estamos parados y lo que podemos y debemos hacer como sociedad.

1°. Somos un país pequeño, con una buena infraestructura hospitalaria y un personal sanitario excelente. Pero la capacidad hospitalaria resultará insuficiente si las personas se contagian rápidamente, como está sucediendo ahora en Italia y España.

2°. El virus ingresó por el aeropuerto de Carrasco y afectó al sector económico más privilegiado, que contaba con los recursos suficientes para aislarse en sus casas y quizás por eso la propagación no fue tan grande. Los casos siguieron creciendo y el virus ya circula en forma autóctona, llegando a 274 casos en los primeros quince días. Actualmente es imperioso retardar la llegada del virus a las zonas más humildes del país. Es necesario proteger a quienes viven en asentamientos, donde las personas tienen que optar entre un frasco de alcohol en gel o un plato de comida. El Estado incrementó significativamente las prestaciones a favor de las familias más vulnerables, pero eso ataca solo una parte del problema. En efecto, quienes habitan en viviendas precarias no tienen la chance de aislarse y cuando algún integrante de la familia se contagie probablemente lo hagan todos. Mantener a toda la familia en aislamiento es vital para detener la propagación del virus, pero eso implica que nadie salga a trabajar y en muchos hogares significaría dejar de comer.

3°. Como vemos, se trata de un virus muy injusto, que afecta gravemente a las personas de la tercera edad y a quienes padecen determinadas enfermedades crónicas. Por eso, los médicos recomiendan que se mantengan aislados del resto de la sociedad laboralmente activa, para evitar al máximo el riesgo de contagio. Pero el aislamiento resulta imposible para la mayoría de las personas mayores o enfermas que viven con otros familiares que salen a la calle a trabajar. Probablemente, en algún momento estos se contagien y luego contagien a su familia. Este es el principal problema, ya que si fuera posible aislar y blindar a toda la población de riesgo —mayores y enfermos crónicos—, probablemente no se saturarían los hospitales, el sistema de salud funcionaría acorde a su capacidad y los fallecimientos serían mínimos.

En definitiva, para evitar que se contagie la población de riesgo, el mecanismo mas eficiente es la cuarentena obligatoria de toda la población. A la vez, esa medida sanitaria tiene un impacto económico brutal, generando una crisis difícil de sostener en el tiempo y cuyas consecuencias pueden ser tan devastadoras como la propia pandemia.

4°.- El gobierno está tratando de mantener la economía en funcionamiento y al mismo tiempo haciendo todo lo posible para intensificar el aislamiento social. Se aprobaron normas para estimular el seguro de desempleo de los trabajadores mensuales y a los mayores de 65 años que no pueden trabajar desde su casa, se les permite acogerse al subsidio por enfermedad. Se planea entregar un piso de 300 mil canastas y atender la situación de todos aquellos trabajadores independientes y personas desempleadas que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a los subsidios por enfermedad o desempleo. Como se comprenderá, el costo de todas estas medidas —ya se han acogido al seguro de desempleo unas 70 mil personas— difícilmente pueda sostenerse, si la crisis sanitaria y la económica son más largas o intensas de lo esperado.

5°.- Los recursos económicos del Estado son finitos y la sociedad tiene que poner el resto.

Por esa razón, este es el momento para que los que están en condiciones de contribuir pongan el hombro. Ya no alcanza con las donaciones de quienes generosamente están colaborando con el gobierno. El aporte debe ser coactivo mediante impuestos extraordinarios o mediante un empréstito forzoso. Y dentro de lo posible, justo y con los menores efectos negativos sobre la actividad económica. De lo contrario, traslación mediante, el costo económico de estos impuestos terminará soportándolo los más débiles de la sociedad.

Tuvimos años de bonanza y muchos incrementaron su patrimonio, por lo que existen personas con una capacidad contributiva suficiente para apoyar al país.

Lo que está en juego en este momento es la oportunidad de sobrevivir a la pandemia. Basta mirar los informativos para saber que, si colapsa el sistema de salud, no hay riqueza individual que pueda permitirle, aun al más rico de los uruguayos, acceder a una cama de CTI para salvar su vida.

Entonces, si la disponibilidad de dinero le permitiría al país adoptar las medidas de aislamiento social necesarias e incrementar rápidamente el equipamiento médico para que no muera un solo uruguayo por la falta de una cama de CTI, hay que resolverlo ahora.

El país necesita mucho más que un simple esfuerzo económico de quienes tienen una buena capacidad contributiva. Se requiere de un aporte significativo y extraordinario, que ampute parte de nuestro patrimonio para utilizar esos fondos en el momento que sean necesarios. No se trata de resignar una parte menor de nuestros ingresos ordinarios, se tarta de aportar lo que el Estado necesite para salir de la crisis sanitaria.

En Italia, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se aprobó un impuesto extraordinario al patrimonio que gravaba a todos aquellos que tenían mas de 50 mil liras. Las tres cuartas partes de los patrimonios superiores a esa cifra, pertenecían a personas mayores de 45 años. Por eso, la justificación del impuesto radicaba en que las personas entre los 20 y los 45 años fueron a la guerra y defendieron los bienes de los que tenían mas de 45 años. Por eso, en 1920 se dispuso que le tocaba a estos ciudadanos, contribuir a reconstruir el país. En ese momento nada se podía hacer para recuperar las vidas perdidas en la guerra, como nada puede hacer Italia hoy por los 8 mil muertos a causa del Coronavirus. En cambio, en Uruguay estamos a tiempo de minimizar las víctimas de esta guerra.

El gobierno sabrá si es el momento de aplicar un impuesto extraordinario al patrimonio o a otros indicadores de riqueza, cualquiera sea su naturaleza. También, se puede imponer un empréstito forzoso a favor del Estado que obligue a todos aquellos que tengan capacidad contributiva a prestarle fondos para enfrentar la crisis.

Nos parece justo que los funcionarios públicos contribuyan con las arcas del Estado con U$S 12 millones para subsidiar a quienes están perdiendo sus puestos de trabajo en la actividad privada.

Pero para que esa medida sea realmente justa, es imprescindible que el resto de las personas que están en iguales o mejores condiciones económicas que los funcionarios públicos, sean gravados de acuerdo a su capacidad contributiva.