OPINIÓN

Las inevitables transiciones que nos impondrá el siglo XXI se podrán encarar en la medida que se apoyen en consensos que involucren los agentes sociales de los diferentes niveles implicados: en lo nacional, sectorial, territorial y/o de empresa. El desafío es cómo mejor aprovechar las oportunidades que garantizan una participación amplia y democrática para ir construyendo un futuro más sustentable en términos económicos, de inclusión productiva y cohesión social.

Armar este complejo puzle obliga a repasar estratégicamente el dictamen de la “Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo” y atender su llamado a revitalizar “el contrato social” tal cual lo hemos entendido hasta ahora; ello de arranque presupone el riguroso compromiso por parte de los gobiernos, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Desde esa misma tribuna se adujo además, que tal esfuerzo debería garantizarles a estos últimos una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos laborales y la protección ante los riesgos a los que se exponen a cambio de su contribución a una economía en permanente transformación.

La densidad de este reto y las movilizaciones sociales que conmueven el orbe llevan a la convicción que esa es la visión que le facilitará al Uruguay avanzar pacíficamente en su propia transición siempre que sepamos mantener nuestro foco en la persona y su ciclo de vida tal cual lo está determinando la modernidad vigente. En esta línea, es pieza clave contar con una matriz de protección social que apoye y ofrezca certezas al ciudadano.

Al mismo tiempo, vale no olvidar que el financiamiento de esa protección requiere de empresas rentables, que sepan gestionar conocimiento e innoven, sean parte de la economía digital, cuiden su productividad; en resumen, que sean competitivas. Asimismo, que los sindicatos -desprendidos de ideologías perimidas- asuman con responsabilidad la representación de quienes trabajan en el marco de la sociedad del conocimiento.

No parece existir entonces otra opción que la de acudir al diálogo social en sus diferentes manifestaciones; éste está llamado a generar conocimiento, crear espacios de análisis, promover debates, revisar los actuales mecanismos de protección y adoptar decisiones que sepan acusar recibo de la porfiada realidad que vivimos. Esta es la dinámica que puede originar los marcos de confianza necesarios para respaldar los acuerdos, prevenir los conflictos y gestionar el “inevitable” cambio. La complejidad de este rompecabezas vuelve pertinente la perspectiva de George Perec: “no son los elementos los que determinan el conjunto sino el conjunto el que determina los elementos”.

En este contexto, sabio parece capitalizar las experiencias colectivas exitosas y entre ellas me atrevo a señalar el Consejo Económico y Social (CES) en España

El Gobierno de Felipe González en aras de consolidar la transición de España como miembro de la UE crea en 1991 el CES para reforzar la participación de los agentes económicos y sociales y reafirmar su papel en el Estado Social y de Derecho. Desde entonces éstos -sindicatos, organizaciones empresariales y otras fuerzas sociales - han sabido utilizar, con varias crisis mediante, este soporte constitucional para que sus opiniones se oigan cuando se adoptan políticas que puedan afectar a los intereses que les son propios en materia socioeconómica y laboral. Esta participación se materializa en la emisión de informes y dictámenes y según los casos, tienen carácter preceptivo o facultativo pero nunca vinculante. El asesoramiento permanente de expertos -con reconocida trayectoria profesional- avala la calidad técnica de todo lo que allí se promueve. El Presidente del CES es nombrado por el Gobierno y deberá contar con el apoyo de dos tercios de sus integrantes.

La memoria que anualmente elabora el CES se ha convertido en obligada referencia nacional para entender la situación socioeconómica española. Y en su última edición ha señalado: “se identifican tres cambios, que requieren actuaciones de carácter estructural respecto de nuestra economía: de lo analógico a lo digital, de lo material a lo intangible y de lo lineal a lo circular. En esta misma línea, no se han afrontado decididamente retos como el cambio demográfico, que constituye el trasfondo de buena parte de los retos económicos y sociales que afronta España”. Lo expuesto compromete temas actuales y que afianzan al mismo tiempo, el crecimiento de las naciones y la protección social de las personas. Por ende, no nos son ajenos y se vinculan nada menos que con el conocimiento productivo y más específicamente al desarrollo de competencias.

Casi simultáneamente desde la OCDE señalaba Ángel Gurría: Las competencias son fundamentales para permitir el progreso de las personas y de los países en un mundo cada vez más complejo, interconectado y cambiante. Los países en los que las personas desarrollan competencias sólidas, aprenden a lo largo de su vida y usan las competencias de manera plena y eficaz en el trabajo y en la sociedad son más productivos e innovadores. Ahora bien, la experiencia ha demostrado que para ser pertinentes y de calidad, tanto en su definición como en su proyección, las competencias deben ser siempre resultado del diálogo social. Y cavilando más lejos aún: pueden pasar a ser componente mismo de la negociación colectiva.

Quizás destrabar nuestro criollo acertijo exija entender primero aquella reflexión de la escritora para niños Laura Gallego García: “La historia es como un puzle formado por muchas ideas distintas; necesita su tiempo para que estas confluyan en objetivos y que estos a su vez, orienten resultados en los que todo ponemos y todos ganamos”.