Las empresas públicas (EE.PP.) son importantes. Fuera de debate la privatización de estas empresas, el affaire Ancap puso el tema de su estructura sobre la mesa.

¿Cuál es el rol del directorio? ¿Y el Poder Ejecutivo? ¿Quién las regula? Estas son algunas de las preguntas para empezar evaluar la estructura institucional de las EE.PP. Básicamente, entender cuáles son los entes encargados, qué poder de facto tienen, y cómo se tejen las redes entre ellos.

Una estructura institucional común de las EE.PP. presenta tres aristas: el PE diseña la estrategia de largo plazo; el directorio de la empresa lo ejecuta; y el regulador se encarga de asegurar tarifas competitivas y acordes a costos, además de un suministro confiable y de calidad.

El esquema es sencillo: diseño, ejecución, y regulación. Una trinidad ideal. Uruguay tiene una estructura que en papel sigue estos lineamientos. Los ministerios son quienes diseñan la política, luego el directorio de la empresa —con cierta autonomía— la gestiona, y el ente regulador se ocupa de monitorear y controlar calidad y precios.

Pero en la práctica la realidad es diferente. En particular, me gustaría destacar tres puntos: (1) la abundancia de actores políticos en la gestión, (2) la conexión entre quienes diseñan el plan estratégico de los entes públicos y quienes los gestionan, y (3) el rol débil del regulador.

Las EE.PP. deberían buscar mayor eficiencia. En lugar de un sistema competitivo donde se pone a cargo a personas con experiencia exitosa en el rubro, los directorios y el alto mando de las EE.PP. son cargos políticos.

Cuando pensamos en el DT de Nacional o Peñarol, ¿No queremos a alguien que haya dirigido a otros equipos y ganado todos los partidos? ¿No les gustaría a los hinchas ver a Pep Guardiola de DT?

Sin embargo, esto no hace eco con el manejo de nuestras EE.PP. Tenemos un sistema donde prima lo político y no la experiencia ni la capacidad de gestión. ¿Por qué no poner al mando de las empresas más importantes del país a gente que sepa cómo lograr excelentes resultados y que no tenga incentivos políticos a tomar decisiones ineficientes? Puede parecer loco en Uruguay, pero sucede en muchos países del mundo.

Las EE.PP. venden un servicio a cambio de un precio. Son empresas que tienen costos, que generan ingresos, y que al final del día tienen un balance. Entiendo y comparto que estas empresas juegan un papel fundamental en la economía y desarrollo del país y por eso está bien que el Estado plantee lineamientos de largo plazo sobre qué deben hacer e incluso que se midan por resultados que no son exclusivamente financieros. Pero eso no es razón suficiente para rechazar que estén administradas por gente por fuera de la política. Los malos administradores no se dan sólo entre políticos, ¿Pero cómo habrían sido las decisiones de los últimos presidentes de Ancap si, por ejemplo, hubieran sido personas sin relaciones políticas fuertes y sin expectativas políticas? ¿Hubiera el presidente de BP tomado las mismas decisiones que nuestros últimos directores de Ancap?

El nombramiento de la nueva presidenta de Ancap, Marta Jara —mujer con muchos años de experiencia en el rubro y no de carrera política— es una señal importante que indica que sí hay interés por lo eficiente. Esto por sí solo no garantiza cambios estructurales (para ello se necesita más que esta designación), ni tampoco asegura que la Sra. Jara tenga en la práctica la autoridad suficiente para generar cambios (decepcionante fue el caso de Mir y Filgueira en educación), pero al menos es un buen primer paso.

Además de un alto mando competente, este debe tener autonomía suficiente para no tener al aparato político encima.

Las EE.PP. deben dejar de ser válvula de ajuste de la política macroeconómica. Sí deberían promover políticas contracíclicas como fondos de reserva en períodos de boom y buscar contribuir al resultado fiscal en términos de crisis, pero no ser el arma con la que se pospone una crisis. Deberíamos por eso reducir la discrecionalidad con la que el PE puede afectar las tarifas de los entes públicos.

El Estado debería generar un plan estratégico claro para las EE.PP. —de largo plazo—, incluyendo un plan de acción en términos de infraestructura u otros. Pero luego el Estado debería dejar hacer.

Las EE.PP. deben ser monitoreadas con determinada frecuencia por un ente independiente que, si encuentra algún tipo de desorden (en términos de calidad de servicio, nivel de tarifas, resultados financieros), debe corregir y en su caso penalizar a la empresa.

Sin embargo, los entes reguladores en Uruguay tienen muy poco protagonismo. Los resultados recientes de las comisiones investigadores dejan claro que el "control y monitoreo" ha sido el gran ausente.

La Ursea —ente que regula, fiscaliza, y asesora al sector de energía, combustible y agua— apenas se nombra. Debería ser un actor fundamental.

El affaire Ancap al menos nos abre la puerta para repensar la estructura institucional de nuestras EE.PP. Deberíamos aprovechar la oportunidad y realizar algunos cambios, sin miedo a mover el statu quo.

Lucila Arboleya