OPINIÓN

La propiedad privada, una cuestión de bienestar social

Sorpresivamente, o quizás no tanto, a partir de la nominación de la Sra. Graciela Villar como candidata a vicepresidente por el Frente Amplio y la difusión de su pensamiento respecto al tema, volvió a los primeros planos la discusión de las “virtudes y deméritos” de la propiedad privada. 

Graciela Villar. Foto: El País
Graciela Villar. Foto: El País

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Desde ya que, no sólo por razones filosóficas, sino también técnicas, no comparto en lo más mínimo el pensamiento que la Sra. Villar expresa.

Está harto probado que la propiedad privada es pieza central en el progreso de las sociedades y, por tanto, en el bienestar social general.

Dos razones son básicas y elementales; i) si las personas trabajan y el fruto de su trabajo no lo pueden disfrutar, su esfuerzo será menor, si es que lo hacen. En todo caso, casi nadie dará lo mejor de sí, ni se preocupará por mejorar la forma de hacer las cosas. ii) A su vez, en cuanto al uso de los recursos, si éstos son de propiedad común (pública) y su utilización es libre, sucede que quien produce no internaliza la totalidad de los costos de su producción, lo que conduce a la sobre explotación.

Esto significa que el aumento de una unidad de producto, para quien lo hace, tiene impacto negativo en la producción del resto que ve disminuida la suya. Esto pasa hasta que el ingreso de quien produce iguala a su propio costo, pero no al costo total de la sociedad, que comienza a perder capacidad y disminuir la suya a partir de determinado nivel. Es decir, al resto de la sociedad a partir de determinado nivel de producción le cae su ingreso, pierde bienestar.

Económicamente, es la diferencia entre considerar el costo medio y el costo marginal. Por tanto, se causa un “daño” sin saberlo, dado que, quien produce no asume en su costo, la caída de ingresos del resto de los agentes que usan el mismo recurso, situación notoriamente ineficiente.

No destruir el capital

Es a partir del crecimiento económico que se mejoran las condiciones de vida de la población, porque es el que provee los recursos para aumentar las remuneraciones y el empleo. El crecimiento se da a partir de mayor utilización de capital y trabajo, así como de las mejoras tecnológicas y de organización de las tareas que posibilitan aumentar la “productividad”. Sin ganancias de productividad se podrá crecer porque se aplica más capital y más trabajo, pero no es posible que aumente la remuneración real de los factores por unidad aplicada, ésta sólo crece con las mejoras de productividad.

Entonces, se precisa que el nuevo capital sea más productivo que el anterior y permita a la persona que lo utiliza mayor producción por hora trabajada. Los cambios también traen consigo nuevas formas, más eficientes, de organizar el trabajo, además de cambios en las tareas que permiten mejores remuneraciones, siempre que sepamos adoptarlas.

Si lo que se quiere es gravar el capital por encima de la lógica, el flujo de capitales —la nueva inversión necesaria para crecer— desaparece y el stock se consume, bastante más rápido de lo que se piensa. La imposición “lógica” no es un número (porcentaje) absoluto, sino que depende de la conducta de otros países, el tamaño de país y la eficiencia productiva. Ésta última mide cuánto realmente produce a valor de mercado una unidad de capital. Sucede que la misma unidad de capital, con la misma tecnología puede producir (y rendir) distinto en un país que en otro, en función de las regulaciones que se tengan, de la preparación de la mano de obra, de la forma en que se pueda organizar el trabajo dentro de la empresa, de la infraestructura básica que se disponga, del costo de ciertos bienes y servicios esenciales, etc. Entonces, decir la tasa del impuesto es x% en tal lado y por tanto, nosotros podemos tener la misma, es un error.

La destrucción de capital puede ser burda, como el “exprópiese” que decía Hugo Chávez bajo risas y aplausos de la claque, o más sofisticada mediante impuestos, a la renta y la propiedad. Si son a la renta, en poco tiempo dejan de recaudar porque se contrae la base imponible. Los impuestos a la propiedad ya son altos en Uruguay si se los compara con otros países, en especial, cuando se hace la relación pago–servicios que se recibe. No debemos olvidar que en muchos países, con los impuestos a la propiedad se financia la educación pública, la policía, la justicia y la salud, del estado o provincia, además de lo que nosotros conocemos, como los servicios de limpieza, iluminación e infraestructura local.

Muchos venezolanos que han llegado a Uruguay están emigrando argumentando “esto ya lo vieron” y no quieren volver a vivirlo. Lo expresan en base al discurso de nuestras autoridades de gobierno. Aquí, como suele pasar en todas las sociedades, pensamos que nada ocurrirá pero, si se toma determinado curso de acción, sí va a pasar, quizás con menor dramatismo pero va a pasar, porque los uruguayos pertenecemos al género humano que se comporta de determinada manera en cualquier parte. La Unión Soviética implosionó pese a contar con casi “infinitos” recursos naturales y un poder militar enorme que le permitía extraerlos a la fuerza y obligar a la gente a hacer determinadas tareas.

Uruguay no tiene grandes recursos naturales, por lo que consumir el capital acumulado nos llevará poco tiempo. Nuestra única manera de progresar es en base al respeto de la ley, no burlándola lateralmente diciendo “la Constitución nos impone la propiedad privada y no hemos sabido o querido, con los instrumentos disponibles, limitarla” (destruirla se podría decir). No seamos ingenuos, el destino ya lo sabemos, aun cuando pensemos que Venezuela es un ejemplo extremo, nos es cercano, no solo en el tiempo sino por los inmigrantes que hemos recibido.

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