ISAAC ALFIE

Progreso manuscrito

Una reciente ley acaba de crear el Sistema Nacional de Competitividad (SNC), cuyo cometido lo da el Art 1º: "Créase el SNC con la finalidad de promover la mejora de la competitividad sistémica y la transformación productiva, de acuerdo con los objetivos de la estrategia de desarrollo económico productivo, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial". Fenomenal declaración a favor del bien y en contra del mal.

Luego se dice quiénes integran este Sistema. Escribiré sus siglas para evitar ocupar la columna completa. En su conformación tenemos al MEF, RR.EE., MIEM, MTSS, MGAP, Mvotma y la OPP, sus respectivos ministros o, en su caso, Director, y para completarla, la Secretaría de Competitividad, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, la ANII, el Instituto de Promoción de las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, el Inefop, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la CND, el INIA y el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Faltaron la AUF, la Mutual y el pato celeste para estar completos. El lector imaginará los nobles cometidos de este Sistema que abarca prácticamente la totalidad del PE y una serie de reparticiones gubernamentales.

Cualquier persona sensata comprende, sin mucho esfuerzo, que este nuevo ente burocrático no puede funcionar y, por tanto, por más que luego se le atribuyan maravillosos logros, en los hechos es letra muerta.

La realidad.

La competitividad depende de las políticas generales que los gobiernos adopten y no de un multitudinario comité cuya integración asegura bizantinas discusiones acerca de la cuadratura del círculo. Si el comité resuelve el problema, no se comprende cómo el mundo y nosotros, no nos dimos cuenta antes que el venturoso futuro era tan sencillo de lograr. Las políticas que nos llevan a ser más competitivos se basan básicamente en un ambiente de competencia en el mercado, evitar las regulaciones en exceso y el infierno burocrático, un sistema tributario donde la carga sobre los factores de producción sea baja, la formación de recursos humanos de calidad, buena infraestructura, un ambiente general propicio a las inversiones (ejercicio de los derechos de propiedad y dominio pleno del emprendimiento) y, una política macroeconómica que evite la valorización artificial de la moneda local (el atraso cambiario).

El peso del estado no sólo se mide por el gasto público; las regulaciones que traban a los particulares suelen, en muchos casos, ser más pesadas que aquel. Lo anterior se agrava cuando el Estado no brinda las contrapartidas razonables a lo que pide.

La competitividad a largo plazo depende de la innovación y ésta la hace el sector privado, para lo cual necesita un entorno adecuado. Este comienza en tener una educación de calidad que proyecte nuestro capital humano y "dejar nacer a las empresas".

En efecto, si como nos informa el BID en base a las pruebas internacionales, el 58% de nuestros muchachos no tienen las habilidades mínimas para entender lo que sucede a su alrededor, éste será el porcentaje de pobres al cual tenderemos. Si, además, como sucede en Uruguay, antes de empezar cualquier actividad los costos de inicio y las regulaciones le imponen a los particulares un peso de condiciones que solamente es cumplible por grandes corporaciones, se mata la competencia e innovación.

Así, entre tantas cosas, exigimos y multamos a empresitas por el desecho de unos cartones, pero la basura nos tapa y no somos capaces de planificar el servicio, cuando ciudades de varios millones de habitantes son jardines. Luego, el Estado "anuncia medidas" de innovaciones que los privados harían solos y de manera mucho más eficiente si no hubieran matado la competencia. A corto plazo la mejora de la competitividad puede lograrse eliminando los sobrecostos en las tarifas públicas y otros costos que el Estado impone sin sentido, pero a largo plazo, el Estado sólo brinda condiciones de entorno.

También afuera.

No sólo en Uruguay se votan este tipo de inútiles leyes. La comentada es meramente una muestra más que el trabajo parlamentario, y mucho menos la calidad de la legislación, no se mide por la cantidad de proyectos aprobados ni el número de artículos de cada ley. En estos días tenemos el ejemplo de la PEC votada por el Congreso brasileño, mediante la cual se "congelará" el gasto público por 20 años, cosa infinitamente más grave que una ley inaplicable pero sin consecuencias. Brasil es un país donde la población crece, con enormes carencias de necesidades básicas, esas donde los estados modernos deben estar presente —educación, salud e infraestructura entre las principales— que requiere de mayores servicios públicos; tiene un enorme problema en su sistema de jubilaciones y pensiones que está literalmente quebrado y cuyas erogaciones crecen de manera constante. Nadie en su sano juicio puede creer que sea posible congelar el gasto público por un período relativamente corto, mucho menos a 20 años. Si efectivamente se hiciera, los problemas que ocasionaría en la economía real serían enormes. Por tanto, en poco tiempo se violará la PEC o se cambiará, lo cual le hace daño a la credibilidad en el sistema institucional. En el mismo Brasil, en los ´80, impusieron vía Constitución un tope a la tasa de interés, lo que llevó a que ésta fuese violada a diario y en reiteración real.

El problema no son las leyes incumplibles, sino el deterioro institucional que conllevan su no cumplimiento. El ordenamiento jurídico sólo está para ser respetado.

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